PLAZA PUBLICA

Miguel Ángel Granados Chapa

Periodistas asesinados

El lunes 16 de abril fue levantado (secuestrado no para cobrar rescate sino para matarlo) el periodista Saúl Noé Martínez Ortega, reportero y editor de una publicación en Agua Prieta. Anteayer, una semana después fue encontrado su cadáver en esa población sonorense. Es muy remota la posibilidad de que se sepa quiénes lo ultimaron, y se les castigue, si se tiene en cuenta que en la propia capital de Sonora desapareció hace ya dos años, el 2 de abril de 2005 Alfredo Jiménez, un reportero del principal diario de la entidad, El Imparcial, y nada se sabe de él desde entonces. Tampoco se sabe de Rodolfo Rincón Taracena, reportero de Tabasco Hoy, de Villahermosa, desaparecido el 20 de enero. Y parece haber sido un fiasco la detención de los presuntos asesinos de Amado Ramírez, el corresponsal de Televisa en Acapulco ultimado el 7 de abril.

Tal vez tengamos que esperar mucho tiempo, y a que circunstancias políticas se acomoden para determinar qué pasó en esos casos, como ha ocurrido con la detención de un jefe policiaco capturado la semana pasada por un crimen perpetrado hace 14 años, probablemente con motivaciones políticas. La detención del responsable y uno de sus cómplices permitirá tal vez, si no se trata de una indagación montada (como pretendió ser la de Genaro Vázquez Durán, a quien se quiso inventar como homicida de Amado Ramírez) resolver otros asesinatos, entre ellos 14 crímenes de odio, cometidos por homofobia en Chiapas en los años del gobierno de Patrocinio González Blanco Garrido.

El primero de febrero de 1993 fue hallado el cuerpo de Roberto Mancilla Herrera, en Tuxtla Gutiérrez. Era columnista de los periódicos Cuarto Poder y Es. Su cuerpo fue hallado en un vehículo propiedad de la Secretaría de la Reforma Agraria, en cuya delegación estatal el periodista era responsable de la oficina de prensa. Había sido también director del Foro Cultural de la Universidad Autónoma de Chiapas. El nueve de mayo siguiente fueron detenidos dos empleados de la propia universidad, Esteban de Jesús Zorrilla y Vicente Espinosa Pimentel, secretario particular y chofer del rector Jorge Arias Zebadúa. Se les imputó el crimen con tal falta de pruebas que un año después fueron liberados. El asesinato había quedado impune.

Mas sucede que en diciembre pasado el nuevo gobernador Juan Sabines Guerrero estableció una fiscalía especializada en delitos contra periodistas, que no sabemos por qué razones incluyó el caso de Mancilla Herrera entre sus primeras averiguaciones, que culminó con la detención en la ciudad de México de Ignacio Flores Montiel, que hasta el viernes 20 era director operativo de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Al mismo tiempo, en Tonalá fue detenido Wallas (probablemente Wallace) Hernández Santos. Ambos fueron acusados por la muerte de Mancilla Herrera.

Flores Montiel fue coordinador de las policías estatales nombrado por González Blanco Garrido, durante los cuatro años (de 1988 a 1992) en que éste fue gobernador de Chiapas, y aún permaneció en su cargo después de que su jefe fue designado secretario de Gobernación por el presidente Carlos Salinas, el primero de enero de 1993. Según afirma la información oficial del gobierno chiapaneco (de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Mariano Herrán Salvati, que permaneció en el puesto en que lo nombró el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía) "se tiene información documentada de que Roberto Antonio Mancilla Herrera, días antes de su muerte, comentó que González Garrido lo quería matar, debido a las investigaciones periodísticas que realizaba y documentación obtenida que comprometía a ese funcionario".

La nueva indagación permite conjeturar que el coordinador policiaco dirigía un grupo especial, una suerte de brigada de ajusticiamiento, de que formaban parte agentes de la Policía Judicial. Formaban parte de ese grupo l comandante Ramón Herrera Bautista y Javier Palomeque Malthus. Tarde que temprano fueron detenidos y al salir del penal de Cerro Hueco ambos fueron detenidos. Igual suerte corrieron dos agentes judiciales que habían recabado información sobre esos dos últimos asesinatos.

También formaba parte del grupo de ajusticiamiento el agente judicial Salvador Verde Gracían, quien se hacía acompañar por Wallas Hernández Santos, un madrina, que es el mote adjudicado a quienes sin pertenecer a una corporación policiaca se presentan y actúan como si lo fueran, con la ventaja de que pueden obrar ilegalmente (por ejemplo en detenciones arbitrarias) sin que su conducta pueda serle atribuida. Verde Gracían fue el autor material de la muerte de Mancilla Herrera, pues le disparó tres balazos. Actualmente no por esa sino por otras culpas purga pena de prisión en el Cereso 14, conocido como El Amate, en Chiapas.

Valido de su cargo, Flores Montiel mantenía control sobre las averiguaciones, lo que le permitía acomodarlas a su conveniencia. En el caso del periodista a que nos referimos, hizo alterar los dictámenes de criminalística y medicina forense. Vamos, llegó más allá: la nueva indagación ha hecho posible saber que uno de los peritos que firmaron los dictámenes ni siquiera se apersonó en el lugar de los hechos.

Enhorabuena que, así haya transcurrido tanto tiempo, se esclarezca un crimen y eventualmente otros, imputables al grupo dirigido por Flores Montiel. Esperemos que la indagación sea sólida y no entrañe ajustes políticos entre grupos del poder priista en Chiapas, a los que pertenecen Sabines y González Blanco.