TIEMPO AL TIEMPO

El año de Hidalgo

Vladimir Galeana
09/04/2007

Durante mucho tiempo se utilizó el adjetivo “carrancear” para aquellos funcionarios públicos proclives a apropiarse de lo que no era suyo, o mejor dicho a robar. Lo anterior en referencia a que en el gobierno del Presidente Venustiano Carranza sus compañeros tenían las manos muy sueltas para asegurarse algunos recursos ante un eventual giro en el rumbo del movimiento armado, como finalmente ocurrió.

Ya con los gobiernos surgidos del Partido Revolucionario Institucional se estableció la costumbre de referenciar al último año de gobierno como “el año de Hidalgo” (chingue su madre el que deje algo), por aquello de que molestara a su progenitora quien dejara algo. Esa vocación del mexicano para hacer burla o mofa de su desgracia, que podría llegar a considerarse como un fino humor negro, se ha hecho patente también para reseñar la peculiar costumbre gubernamental que dio como resultado esas “comaladas de ricos sexenales”.

Quizá ante tanto cinismo fue que el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado aceptó la propuesta de Samuel del Villar, en su época de priísta, de llevar como lema de su campaña a la Presidencia de la República aquella frase que clamaba “por la renovación moral de la sociedad”.

A querer o no siempre existirá la sospecha de los mexicanos de que durante el último año del ejercicio se les permite a los funcionarios públicos, ya sean municipales, estatales o federales, la práctica de obtener contraprestaciones adicionales al sueldo que les señalan los ordenamientos legales, o para decirlo crudamente: robar.

Después de todos los adjetivos que se le endilgaron a Carlos Salinas de Gortari, pareció que la práctica cambiaba con Ernesto Zedillo, pero las ventas de algunas empresas paraestatales como fue el caso de Ferrocarriles Nacionales, despertaron sospechas de intereses manifiestos, máxime que a su salida el propio Zedillo pasó a formar parte del Consejo de Administración de la adquirente.

La bandera de Vicente Fox Quesada durante su campaña política fue terminar con esos focos de corrupción del pasado, y el razonamiento era que una vez que “sacara al PRI de Los Pinos a patadas” las cosas cambiarían como por arte de magia, se terminarían todos los problemas y seríamos un país maravilloso.

Nada más cruel que cifrar la esperanza de mejoría de los mexicanos en una mentira más, pues desde el inicio de su mandato el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, se dio a la tarea de entregar las aduanas a panistas prominentes como una forma de pagar los apoyos que se le dieron al entonces candidato Fox.

La más vista fue la de Ciudad Juárez, por donde pasaba la mayor parte de los vehículos que contenían artículos para alimentar el comercio ambulante, y cuya operatividad se atribuía al propio Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Francisco Barrio terrazas, ese personaje a quien apodaban “el bárbaro del norte”, que prometió “peces gordos” y solamente entregó pretextos.

Después se afirmaría en los corrillos políticos, que a través de la Fundación Vamos México se estaban comercializando los más de seis mil contenedores cuyos dueños los habían abandonado en las aduanas de Manzanillo y en la zona fiscal de la terminal ferroviaria de Pantano en la Ciudad de México.

Vendrían posteriormente las investigaciones acerca de la actividad empresarial de los hijos de la Primera Dama, Marta Sahagún de Fox, adquiriendo bienes del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y del Instituto Nacional para el Fondo de Vivienda de los Trabajadores, sin que se hayan encontrado mayores evidencias que una serie de nombres que mantenían lazos de amistad con la familia, que por cierto nunca habían incursionado en esos nichos de negocio.

De la sospecha se pasó a la certeza, pero no fue razón suficiente como para enjuiciarlos.

Una vez que Vicente Fox entregó la estafeta al Presidente Felipe Calderón Hinojosa, salió a la luz pública una serie de deficiencias en la construcción de la Megabiblioteca José Vasconcelos en lo que fueran los terrenos de la terminal de trenes de Buenavista, con lo que se evidenció que cuando algo se realiza de forma apresurada tarde que temprano salen a la luz pública los defectos.

Pero eso no es lo más grave en cuanto a la administración foxista, pues la Auditoria Superior de la Federación detectó inconsistencias por más de 26 mil millones de pesos durante el ejercicio presupuestal del penúltimo año del hombre de las botas, lo que generó que la bancada del Partido Revolucionario Institucional exigiera que se llegue hasta las últimas consecuencias, que se aplique la ley y se deslinden responsabilidades.

Creo que el más obligado a investigar es el Secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cazares, quien además era el vicecoordinador de la bancada de su partido en el año en que se cometieron las presuntas irregularidades, pero por otra parte, a quien seguramente le importa más que se aclaren las cosas es al Presidente Calderón, pues la legitimidad que ha adquirido en esta primera etapa de su gobierno no la pondrá en riesgo tratando de cubrir posibles irregularidades de su antecesor.

Calderón no le debe ni su candidatura ni su victoria a Fox (NO?, ja ja esto si que esta de risa, claro que le debe nada más ni nada menos que el ROBO DE UNA PRESIDENCIA QUE NO LE PERTENECE, de todos es sabido que al ESPURIO ni su sombra lo apetece, que no gano, que engañaron al pueblo de México, entonces no salgan que no le debe nada al "LADRON CON BOTAS" ), y por lo tanto no tiene ninguna deuda con él.

Es la oportunidad de terminar con esa negra leyenda del “año de Hidalgo”. Al tiempo (Eso, eso, tiempo al tiempo, ya verán como este intento de "presidente" MADE IN CHAFAMEX hará un año de hidalgo al cuadrado).