BITACORA REPUBLICANA

Porfirio Muñoz Ledo

Los privilegios

jueves, 19 de abril de 2007

Cuando Ifigenia Martínez publicó en 1960 el libro que la hizo célebre, La distribución del ingreso en México, supimos que las revoluciones sociales pueden desembocar también en la concentración de la riqueza. A pesar de los derechos laborales, el sindicalismo, el agrarismo, el reparto de la tierra, el esfuerzo educativo, la seguridad social, la salubridad pública, la industrialización, la expansión de las clases medias y las altas tasas de crecimiento, un reducido segmento de la sociedad seguía apropiándose desmesuradamente de los excedentes, mientras el grueso de la población continuaba sobreviviendo en la marginación, la ignorancia y la pobreza.

Tendía a explicarse el fenómeno por la arrolladora explosión demográfica, que había resultado de esas mismas políticas, y se creía generalmente en las bondades intrínsecas del modelo desarrollista. Sólo minorías críticas proponían soluciones más radicales. Estudios recientes han probado las tendencias inerciales -hasta ahora invencibles- de la injusticia en nuestra región, cuyo origen es colonial, así como su carácter acumulativo que suma y consolida las inequidades en el acceso al conocimiento, la salud, el ingreso, la comunicación, la propiedad y el empleo. Con lo que los pobres de hoy son los nietos y los bisnietos de los pobres de ayer.

Lo novedoso de la prédica neoliberal es la aceptación de esas desigualdades como inamovibles y el reconocimiento de la rentabilidad que para las grandes empresas se deduce de sociedades acusadamente piramidales. El darwinismo económico conduce en último análisis a la aceptación del genocidio, aun disfrazado de consumismo de subsistencia, cuya única escapatoria son las avalanchas migratorias y los revanchismos étnicos, criminales y políticos. La fase avanzada de la injusticia inducida es la guerra social larvada y la disolución del género humano como concepto unitario.

En el plano estrictamente económico ha quedado claro que esas desigualdades representan el principal freno al crecimiento porque deprimen a un tiempo los mercados internos y la productividad. Porque generan sociedades de baja intensidad para la adquisición y para la innovación. Crean así un círculo vicioso que lastra la competitividad, agudiza la pobreza y acelera la concentración. Es al respecto ejemplo inverosímil de candidez la reciente declaración de Miguel de la Madrid, en la que admite que esos fenómenos se desencadenaron hace veinticinco años, justamente al inicio de su gobierno, al que debemos tal "cambio de rumbo".

Han quedado también establecidas la naturaleza calcárea de las élites del capital y los efectos abrasivos de los monopolios y los oligopolios. Los enormes abismos sociales se coagulan en las grandes inequidades dentro del propio sector empresarial. El acaparamiento del poder económico también es acumulativo, con lo que se distorsionan gravemente los procesos productivos y distributivos, para no hablar de los políticos. El Estado y la sociedad somos rehenes de una oligarquía sin fronteras ni contrapesos, fundada en los privilegios.

El vicepresidente del Banco Mundial acaba de sorprender con su dicho en el sentido de que "las elites que tienen capturada la actividad económica en México son causa de la inequidad en el país", a lo que añadió que "rompen las posibilidades de desarrollo y crecimiento con igualdad". Por su parte, la revista Forbes dio a conocer que hasta fines de febrero los mayores nueve multimillonarios mexicanos tienen una riqueza personal de 72,400 millones de dólares, 23.5% más que el año anterior, y que ello representa el 8.6% del producto interno bruto. Mientras esto ocurre, este año el crecimiento será 1.4 puntos menor que el anterior y habrá de superarlo la inflación, con la ruina consecuente del poder adquisitivo.

Algunos analistas han explicado que semejantes distorsiones derivan de estructuras legales y comportamientos admitidos que parten de la cúspide y penetran hasta en los pequeños mercados, donde proliferan los precios arbitrarios y diferenciales. Se han olvidado sin embargo los orígenes inmediatos de esas conductas, propiciadas desde el poder público en la premura de las privatizaciones, en su laxitud para la aplicación de la ley, en su tolerancia hacia la corrupción y en la supeditación de la política a los grandes intereses que la financian. De ahí que la primera de las reformas al Estado sea la disminución drástica de la influencia del dinero en los procesos electorales.

Surgen a la luz pública datos abrumadores sobre la permisibilidad fiscal de que han gozado los mastodontes de la economía privada. Informes financieros revelan que 16 grandes empresas adeudan al fisco 104 mil 466.6 millones de pesos en impuestos, monto equivalente al 55.7% de sus utilidades conjuntas. CEMEX, por ejemplo, colocó en sus pasivos 27 mil 769 millones de pesos en impuestos diferidos, cuando sus utilidades fueron de 25 mil 681 millones. Los principales bancos han dispuesto de 41 mil 349 millones provenientes de impuestos no pagados, mientras sus ganancias netas se incrementaron en 153.5% durante los últimos cinco años. Un paraíso fiscal doméstico.

El Fondo Monetario Internacional planteó que el sistema tributario mexicano "debe reducir las exenciones que benefician a unos cuantos" y que "decisiones políticas difíciles deben ser tomadas". Estamos en espera de la propuesta oficial en torno a la anunciada "reforma hacendaria" que se pretende "integral" en la medida que abarca el ejercicio del gasto. Resulta sospechoso que hayan insistido en excluirla del marco creado por la Ley de la Reforma del Estado, ya que de eso precisamente se trata. Parece en todo caso dudoso que el gobierno se resuelva a combatir las potestades que precariamente lo sostienen.

Sólo el cerco informativo decretado contra la oposición explica la parquedad con que se ha tratado la iniciativa de Ley de Precios Competitivos, presentada por el Gobierno Legítimo, orientada directamente a reducir los privilegios que derivan en el enriquecimiento de minorías, la elevación de los precios y la pauperización de los consumidores. También resulta extraño que no se haya colocado en el centro del debate su propuesta de reforma fiscal que afectaría las ganancias excesivas de las grandes empresas y sus propietarios mediante la eliminación del régimen de consolidación, de las exenciones en el impuesto sobre la renta y en la adquisición de inmuebles, amén de otros correctivos que eliminarían formas disimuladas de evasión fiscal.

Largo y arduo es el camino de la igualdad, pero éste no puede recorrerse en ausencia de un Estado imparcial y justiciero. Las escaleras se barren de arriba hacia abajo; por ello la fundación de la República tuvo como principio irreductible la cancelación de los fueros y la abrogación de los privilegios.