TESTIMONIOS DE IMPUNIDAD
Eduardo Ibarra Aguirre
Con La corrupción foxista. Conaliteg, un mar de engaños. Testimonio de impunidad, José Martínez da continuidad a su anterior libro, Conaliteg-Vamos México. Corrupción de Estado. El Peón de la reina.
Ambos volúmenes son producto neto del periodismo de investigación que tan escasamente se ejercita en nuestro país, pero que para fortuna de los lectores de José Martínez, él rinde culto con disciplina y búsqueda acuciosa de la información y los documentos que le permiten construir y reconstruir estas historias de impunidad que laceran a los mexicanos.
Son lacerantes, como todos los actos de corrupción pública generalmente asociados de manera orgánica a la empresa privada, porque se dilapidan recursos provenientes de los bolsillos de todos los causantes fiscales. Pero éstos lo son más porque se trata del presupuesto de una institución, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que como muy pocas se destina originalmente a respaldar la formación escolar de millones de niños y adolescentes.
El presunto involucramiento de la Fundación Vamos México, dirigida y fundada por Martha María Sahagún Jiménez, la esposa del presidente de la República Vicente Fox Quesada, convierte a la denuncia periodística de José Martínez en un categórico y documentado mentís de una de las promesas más reiteradas durante la campaña presidencial que concluyó en las urnas el 2 de julio de 2000 y que a partir del 1 de diciembre del mismo año, día a día son sometidas a la prueba de los hechos y de los actos de gobierno, acumulando abundantes saldos rojos.
El autodenominado gobierno del cambio de la pareja presidencial --ésta ultima un auténtico acto de corrupción de la arquitectura jurídica e institucional de la República porque la revisa y la niega sin mediar proceso legislativo alguno--, acumula crecientes señalamientos periodísticos, generalmente no desmentidos, que involucran sobre todo a la llamada primera dama, sus hijos y hermanas, así como a los de su marido.
Los apellidos Bribiesca Sahagún y Fox de la Concha, Fox Quesada y Sahagún Jiménez, empiezan a formar parte de la cotidianidad informativa sobre presuntas acciones con recursos públicos para fines privados, gestorías ante oficinas gubernamentales en beneficio de inversionistas nacionales y extranjeros, a cambio de acciones de sus empresas o pagos en metálico. La cobertura la brindan sobre todo los medios impresos. Los radiofónicos --detentados por nueve familias-- y los televisivos --controlados por dos familias por medio de un duopolio en apariencia pero un monopolio en esencia--, por lo general rinden gratitud a quienes les obsequiaron 13,000 millones de pesos de la nación al disminuir de 12.5 a 1.5 por ciento el tiempo-aire de transmisión del que disponía el gobierno hasta el 2 de octubre de 2002. Y ahora amenazan en forma cínica ante la posibilidad de que se regule la costosísima publicidad política y electoral.
No es exacto, entonces, que Raúl Salinas de Gortari siga detentando el nombre de Mister 10 por ciento. La añeja y extendida práctica, no escrita en ninguna ley ni reglamento, de otorgar el 10 por ciento del valor de las compras que hace el sector público a la iniciativa privada, a los funcionarios que las autorizan o a sus jefes inmediatos y superiores, no sólo goza de cabal salud sino que se amplía a espacios que eran considerados vedados. Tan es así que siempre han formado parte de los costos de producción contemplados por los proveedores del gobierno federal. Amén de que sería suficiente para satisfacer las ansias de enriquecimiento sexenal de las nuevas camadas de hombres y mujeres de la administración pública.
La persistencia de la atávica e intocada corrupción en el gobierno del cambio, implica un alto costo político que el foxismo --en connivencia con el Partido Acción Nacional-- se muestra dispuesto a pagar, incluso en las urnas el 2 de julio de 2006.
Pero los costos económicos y sociales, productivos y formativos que paga la nación son infinitamente más altos y perjudiciales para el presente y el futuro de todos los mexicanos, sobre todo de las nuevas generaciones.
No basta con que el presidente Fox y Martha Sahagún proclamen a los cuatro vientos y en horarios estelares mediáticos su honradez y honestidad en el manejo de los recursos públicos. Valga la expresión: No basta ser honesto y honrado, es preciso parecerlo también.
Sobre todo cuando se aprecia indispensable que el Ministerio Público federal, encabezado por el general Rafael Marcial Macedo de la Concha, deje de acosar a los adversarios políticos del foxismo para avocarse por lo menos a estudiar sino es que a investigar ministerialmente las documentadas denuncias periodísticas, como la que aquí refrenda y amplía José Martínez, sobre la esposa de su jefe. Y que la Secretaría de la Función Pública sea más que un elefante blanco para castigar a los mandos medios y proteger a los nuevos amigos de Vicente Fox Quesada.
Cuando más del 40 por ciento de los electores que sufragaron el 2 de julio de 2000 lo hicieron por Vicente Fox Quesada para presidente de la República, seguramente los animaba el propósito, entre otros, de que empezaría a combatir la corrupción, el mayor cáncer económico-social, por harto costoso; moral y ético porque debilita los lazos comunitarios y el tejido social de la nación.
Iniciado el penúltimo año del autodenominado hasta hoy y sin rubor alguno, gobierno del cambio, la ancestral corrupción mexicana en todas sus vertientes –gubernamental y empresarial, política y religiosa, castrense y del narcotráfico, legislativa y judicial--, no sólo no disminuye sino que ahora se ventila en la pantalla chica y en horario estelar.
Lo novedoso es que el duopolio televisivo, particularmente la trasnacional de Emilio Azcárraga Jean, convirtió a sus conductores, animadores y bufones en fiscales y jueces que indician y sentencian a los ciudadanos, incluso en los ámbitos estrictamente privados y sin derecho alguno a réplica, que les garanticen mantener los niveles de audiencia más elevados, es decir, los más altos ingresos y utilidades.
Y lo más grave y preocupante es que este brutal trastocamiento del Estado de derecho, usurpando funciones del Ministerio Público y del Poder Judicial por un poder fáctico, como lo es Televisa, es aplaudido por el presidente de la República ante la Sociedad Interamericana de Prensa, la mediocracia internacional, cuando de evidenciar y exhibir a sus adversarios políticos se trata.
Pero cuando estas denuncias involucran a personajes del círculo íntimo de la pareja presidencial --Martha María Sahagún Jiménez, las familias Bribriesca Sahagún, Sahagún Jiménez y Fox Quesada-- todo el aparato gubernamental de Los Pinos se pone en movimiento para opacar y descalificar informaciones, desacreditar a periodistas y sus fuentes, e impedir que trasciendan al ámbito ministerial. El caso de la investigación periodística de Sara Silver para Financial Times sobre los manejos económicos irregulares de la Fundación Vamos México es paradigmático.
En este caso y los de Amigos de Fox, Petróleos Mexicanos, Lotería Nacional, gastos de campaña de Santiago Creel Miranda, Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Luis Pazos de la Torre y Provida, el discurso foxista sobre los medios como vigilantes de las conductas indebidas de políticos y gobernantes –una verdadera abdicación de las atribuciones del Estado--, brilla por su ausencia.
Además, vale preguntar: ¿Presidente, y quién va a vigilar al duopolio televisivo y al oligopolio radiofónico? Máxime si hasta un periodista muy cercano al Partido Acción Nacional, como lo es Jesús Delgado Guerrero, considera que Fox Quesada “es un soldado de la televisión”.
La investigación periodística que aquí se documenta y que es ampliación de Conaliteg-Vamos México. Corrupción de Estado. El peón de la reina, está en manos de muchos lectores, de perfil diverso, pero hasta ahora, cinco meses después de que lo publicó la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, no ha tenido ninguna consecuencia ministerial pese a la abundancia de pruebas y documentos facsimilares.
Irrita el cinismo con el que se desenvuelven los actores principales de las presuntas corruptelas denunciadas. Pero es completamente natural. Pues son hombres y mujeres del primer círculo del foxismo los posibles involucrados. Y el tribunal mediático, destacadamente la telecracia, no tiene garantizado ningún incremento sustancial del rating, los radioescuchas y lectores. Amén de que todavía es un poco temprano para que empiecen a descubrir los grandes negocios del sexenio. Como con Carlos Salinas de Gortari: se despertarán engañados el 1 de diciembre de 2006, a reserva de quien sea el sustituto de Vicente Fox Quesada.
¿Y la sociedad civil? Esa está muy atareada en atender los temas de la subsistencia de los mexicanos: empleo, seguridad pública, salario...