FOX HIZO DE MEXICO EL PAIS DE LA IMPUNIDAD
martes, 06 de marzo de 2007
Estado de los Estados,Despilfarro de recursos públicos, Concesión, quiebra, rescate y va de nuevo, Fideicomisos, “hoyo negro” financiero, Seguirán investigaciones a los Bribiesca
Por Lilia Arellano
“El poder conseguido por medios culpables nunca se ejerció en buenos propósitos”.
A menos de 100 días de haber concluido el “gobierno del cambio”, a la ciudadanía mexicana le quedan claras las “materias” en las que destacó sobradamente la gestión de Vicente Fox: corrupción, despilfarro, manejo discrecional de los recursos públicos, negocios fraudulentos al margen de la ley, pero protegidos por el poder presidencial; total opacidad en la rendición de cuentas, boyante fabricación de pobres, expulsión de millones de connacionales desempleados, y producción de funcionarios y cómplices multimillonarios que resolvieron en tan sólo seis años las necesidades económicas de varias generaciones familiares, todo ello envuelto en una impenetrable coraza de impunidad, gracias a una sofisticada red de complicidades con la nueva administración panista.
Hasta los datos oficiales dan cuenta de esta lamentable situación. Diversos informes sobre las finanzas Públicas y de la Cuenta Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que estuvo a cargo de la “mega patotota” que es Francisco Gil, y en la que despacha ahora el enviado del Fondo Monetario Internacional (FMI), Agustín Carstens, destacan el hecho de que en el 2006 el Gobierno federal tenía un gasto programado de un billón 39 mil 130 millones de pesos. Sin embargo, al cerrarse ese año, los recursos ejercidos fueron por un billón 198 mil 812 millones de pesos, es decir, 159 mil 682 millones de pesos más, sin que el Congreso de la Unión se enterara y mucho menos nuestros legisladores, en el cumplimiento de sus responsabilidades, pudieran inconformarse o al menos presentar alguna queja.
En el último año del “foxiato”, prácticamente todas las dependencias y organismos descentralizados registraron modificaciones en sus presupuestos sin que dichos cambios pasaran por el Poder Legislativo. Las secretarías y los organismos descentralizados gastaron en algunos casos hasta 194 por ciento más de los recursos públicos que les correspondían. Según los datos de Hacienda, la secretaría de Gobernación gastó 33.9 por ciento más del presupuesto asignado; Relaciones Exteriores, 20.9 por ciento más; Economía, 8.7 por ciento más, y Presidencia de la República, 17.6 por ciento adicional. A pesar de que estas irregularidades se presentaron durante todo el 2006, puesto que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé la modificación de los presupuestos mediante la autorización de Hacienda o del Congreso, según el caso, a la fecha nadie ha podido expresar alguna justificación medianamente creíble para la ciudadanía mexicana.
Lo que si han señalado los especialistas en la materia es lo obvio: que la vigilancia del gasto en el proceso presupuestario deja mucho que desear y que existe una severa deficiencia en el sistema de evaluación y desempeño, como lo destacaron los expertos del Centro de Investigación Fundar, Mariana Pérez y Alejandro Ortiz.
Además de ese “inexplicable” gasto extraordinario a expensas de los contribuyentes mexicanos y de la venta de los recursos naturales del país, otro “destacable” rubro lo constituye la concesión de servicios públicos a particulares, quienes simplemente los quiebran para quedarse con “la lana”, esperan ser “rescatados” para adjudicarse otra “lana adicional”, y pacientemente hacen tiempo para que el Gobierno federal, con recursos de usted y de todos los mexicanos, los “saneen” y se los vuelva a entregar para seguir multiplicando sus fortunas.
Esta actividad, que de no ser cierta parecería increíble y sacada de un libro de ciencia ficción, constituye una trágica realidad reeditada por el gobierno de Felipe Calderón. Tras darse a conocer por parte del Ejecutivo Federal el “novedoso” sistema para contar con recursos adicionales que permitan a su administración crear más autopistas en el país, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, precisó que con la concesión de las autopistas a la iniciativa privada, el Gobierno federal pretende obtener ingresos por 275 mil millones de pesos, los cuales serán utilizados ¿para qué cree usted?.. Sí, para pagar la deuda del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC, un hermano del FOBAPROA y el IPAB) se destinarán 160 mil millones de pesos que es la deuda de ese fideicomiso con el que “se rescató” a los pobrecitos empresarios que “perdieron” su dinero. Pero eso, sí, nos dice el flamante funcionario calderonista que 115 mil millones serán para nuevos proyectos carreteros.
Como usted caro lector recodará, en 1997 el gobierno mexicano, a cargo en ese entonces del “último presidente priísta”, Ernesto Zedillo Ponce de León, “heroicamente” rescató a las empresas Triturados Basálticos (Tribasa) y Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), quienes se declararon en quiebra argumentado que el negocio no había sido lo rentable que esperaban. Sí, así de simple, aunque usted no lo crea. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene proyectado licitar a partir de este año 4 mil 240 kilómetros de carreteras, por esos 275 mil millones de pesos. Contrario a lo que se esperaría por la negativa y costosa experiencia que representó la concesión de autopistas a empresarios, la dependencia señala que no habrá ningún tipo de restricción para que participen los “hombres de negocios” que hace una década provocaron el rescate carretero, y que si existiera un poquito de sentido común en este nuevo gobierno pues lo menos que se podría esperar es que a los responsables de esa quiebra se les impidiera legalmente que vuelvan a perpetrar otro impune despojo a la Nación.
Téllez Kuenzler planea entregar -ese es el verbo correcto- las concesiones bajo tres esquemas: el de aprovechamiento (desincorporación) de mil 500 kilómetros de activos, producto de aquel quebranto, que administra Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios); los otros dos procedimientos serán concesiones para 890 kilómetros de obras nuevas o su modernización; y mil 850 kilómetros de nuevas carreteras que se construirán bajo el esquema de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS). Con ese esquema, el FARAC se liquidará en “tan sólo” seis años, comentó alegremente el funcionario.
Aquí cabría preguntarnos: ¿De qué se ríe? Ante las condiciones que brindan los “incorruptibles” gobiernos mexicanos hay entre los inversionistas “gran apetito” por participar en la construcción de infraestructura de nuestro país. Según el titular de SCT, están más que interesados Goldman Sachs Infraestructura Partners, de Estados Unidos; Abertis Infraestructura, de España; Macquarie Securities, de Australia; Compañía de Concessoes Rodaviarias, de Brasil; y por nuestro país no podría faltar la familia Hank González, con su Banco Interacciones, y nuestro multimillonario Carlos Slim, con Promotora del Desarrollo y el Empleo de América Latina (Ideal).
Claro que también podrán participar los dueños de Tribasa y GMD, ya que nada se los impide.
Un mecanismo que ha permitido al Gobierno federal la disposición impune e ilimitada de recursos económicos, cuyo destino final simplemente se desconoce, aunque existe la fundamentada sospecha de que pasaron a engrosar las cuentas de corruptos funcionarios que los manejaron, son los fideicomisos, que han sido utilizados para evadir los controles al ejercicio del presupuesto, y que en no pocas ocasiones se convirtieron en una verdadera “caja chica” del gobierno en turno.
De acuerdo con la Senado de la República, el Presupuesto de Egresos está sujeto a presiones de gasto que representan una cantidad importante de recursos destinados al pago del mencionado “rescate” carretero y el bancario, del denominado popularmente “robaproa”, además de las aportaciones de pensiones del IMSS y del ISSSTE, así como el pago de los Pidiregas, razón por la cual los legisladores solicitaron al Gobierno federal que elimine algunos de los 559 fideicomisos que tienen recursos anuales por más de 170 mil millones de pesos, a fin de reducir gasto de operación y liberar más apoyos a obra pública y programa sociales.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó la existencia de mil 375 fideicomisos, mandatos y contratos análogos, que manejaban activos por 675 mil millones de pesos al 31 de diciembre. Y ¿qué cree usted? Esos recursos no se pueden fiscalizar, por lo que la ASF los considera la segunda área de importancia por el grado de opacidad, sólo detrás de la necesidad de mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado.
Para darnos cuenta del tamaño de ese “sapo” baste señalar que dichos recursos representan el 8.8 por ciento del Producto Interno Bruto del país, por lo que es apremiante la necesidad de hacer transparente su operación.
En el sexenio pasado, Francisco Gil Díaz, entonces al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue uno de los funcionarios que más se opuso -y uso todo el poder con el que contaba- a transparentar el origen y el uso de los recursos públicos en los fideicomisos, mandatos y contratos análogos. El ahora director de Telefónica Movistar tenía sus razones de pesos para ello. Una de ellas se refiere al caso ISOSA (Integradora de Servicios Operativos), empresa creada por ese funcionario en 1993, y al destino de casi 10 mil millones de pesos en recursos públicos obtenidos por esa compañía por concepto de cobros de Derechos de Trámite Aduanero que no fueron entregados a la Tesorería de la Federación. De esa cantidad, sólo 2 mil 457 millones de pesos fueron devueltos a la Tesorería de la Federación. ¿Y el resto, más de 7 mil millones de pesos?.. Bien, gracias.
Otro caso lo constituye el fideicomiso Transforma, dentro de la Lotería Nacional, a través del cual se triangularon recursos de ese organismo de asistencia social a “Vamos México”, la fundación de Marta Sahagún, la esposa del presidente Vicente Fox.
Por lo pronto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó este lunes la creación de tres comisiones para investigar el “Caso ISOSA” y las cuestiones de los trámites aduaneros; el “Caso Construcciones Prácticas”, de los tristemente célebres hermanos Bribiesca-Sahagún, hijos de Martita e hijastros de Vicente Fox; y otra para indagar los daños ecológicos que ha hecho PEMEX.
Enciclomedia, sobregiro millonario
Ejemplo del criminal despilfarro del gobierno foxista lo constituye también el fracaso de su programa estrella: Enciclomedia, en donde existen evidencias de que sobregiró con 700 millones de pesos en el gasto destinado para el año pasado, toda vez que en el Presupuesto de Egresos se le asignaron 800 millones de pesos, sin embargo, se ejercieron mil 500 millones de pesos. Y lo peor es el hecho de que del total de las cinco mil escuelas a las que se aplicó en el primer año el programa, en más del 70 por ciento está inutilizado, como lo denunció el diputado Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
A fin de conocer el costo que para los ciudadanos ha representado estos fraudulentos manejos de los recursos públicos, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados deberá revisar, en un plazo de tan sólo dos meses, las 600 auditorías realizadas a dependencias públicas federales en su ejercicio presupuestal de 2005.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió al gobierno mexicano que los problemas de desempleo y la injusta distribución de la riqueza son un riesgo real para la estabilidad y el crecimiento económico.
También pronosticó que en el 2007 la economía mexicana crecerá alrededor de 3 por ciento, muy por debajo de lo que necesita el país, y a un ritmo menor del que alcanzarán naciones como Argentina, Venezuela, República Dominicana, Uruguay y Panamá.
Los cepalistas señalaron que es falaz el argumento, manejado recurrentemente por nuestros gobiernos en las tres últimas décadas, en el sentido de que es necesario primero crecer para después distribuir.
A pesar de la “invulnerabilidad” de la economía mexicana, cacareada por el presidente y el secretario de Hacienda, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fue arrastrada este lunes por las mercados asiáticos y registró su segunda baja más importante en lo que va del año: cerró con un pérdida de 532.75 puntos, 2.02 por ciento menos respecto al cierre del viernes pasado.
El Indice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 25 mil 788.37 unidades.
Sobre el particular, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) anticipó un periodo de alta volatilidad en los mercados financieros, que podría atenuarse hacia la segunda mitad del año. Ese organismo explicó que dicha situación se debe a la incertidumbre sobre el comportamiento de la economía China, a la desaceleración de Estados Unidos, que podría ser mayor a la estimada hasta el momento, y a una toma de utilidades en la propia BMV.
El Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que más de 22 mil millones de dólares, producto de la venta de drogas en la Unión Americana, han sido “lavados” en instituciones financieras mexicanas desde el 2003 a la fecha.
Según los funcionarios estadounidenses, las instituciones financieras de nuestro país son vulnerables ante las diversas operaciones de lavado de dinero que realizan los cárteles de la droga. Lo que no mencionaron fue que tan “vulnerable” es el sistema financiero de los Estados Unidos a las operaciones del crimen organizado en ese país, omisión que reiteradamente se ha señalado en cuanto al combate contra los “capos” que controlan la producción, el tráfico y la comercialización de estupefacientes en esa nación. Cuando menos en las últimas dos décadas no se ha conocido de la captura de algún alto jefe de la mafia norteamericana dedicado al narcotráfico.
A lo que si se le ha dado una gran publicidad es al desmantelamiento de las redes de distribución en manos de narcos extranjeros, particularmente colombianos y mexicanos.
A un año del relevo de la dirigencia del PAN en todo el país hay una lucha abierta por la integración de su nuevo Consejo Nacional, que deberá entrar en funciones el mes de junio próximo.
Si le creemos a Manuel Espino -el actual dirigente- sus declaraciones en Santo Domingo, en el sentido de que no piensa reelegirse en el 2008, en la pelea por la dirigencia nacional panista se encuentran Germán Martínez, actual secretario de la Función Pública y “gallo” del grupo calderonista, así como los ex titulares de Gobernación, “monseñor” Carlos Abascal y “el perdedor” Santiago Creel.
La reforma del Estado pasará por transparentar y recortar el gasto de los partidos políticos en el país, coincidieron en señalar senadores del PAN, PRI y PRD, quienes se reunirán el miércoles con los diputados para expresarles la necesidad de que apoyen dicha modificación constitucional.
posted by H2AGUA at
2:49 p.m.
