PLAZA PUBLICA

Diario Libertad: Miguel Granados Chapa


Desafío criminal

Los jefes y los miembros de la delincuencia organizada, demasiado ocupados en sus menesteres, no tienen tiempo para leer periódicos ni atender la radio y la televisión. Por eso no se enteran de que se han lanzado operaciones militares y policiacas de carácter excepcional en su contra. Y se dedican a lo suyo, como si tal cosa. El secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña anunció el domingo que, al igual que media docena de entidades a partir de diciembre, los estados de Nuevo León y Tamaulipas recibirían el beneficio de una operación conjunta contra el crimen. Ignorantes del riesgo que corrían ante la imponente presencia del orden, matones dispararon en Nuevo Laredo el lunes mismo contra un personaje de la vida pública local, el diputado Horacio Garza Garza. Él quedó herido de consideración y se le atiende en un hospital, en San Antonio, Texas, o en la Ciudad de México. Se ha ocultado su paradero, acaso porque el atentado en su contra podría prolongarse. Su chofer, Héctor Morales, falleció a causa de los balazos recibidos durante la agresión.

Garza Garza ha ganado repetidamente sus elecciones en aquella ciudad fronteriza en los últimos tres lustros. En 1991 triunfó en su primera contienda por la diputación federal, que el año pasado ganó de nuevo. En el ínter fue dos veces alcalde y diputado local. En la Sexagésima Legislatura sobresale como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En más de una ocasión ha sustituido al presidente de la misma, su correligionario Jorge Estefan Chidiac, como durante la última comparecencia de Francisco Gil Díaz, entonces secretario de Hacienda y ahora de nuevo telefonista, como presidente de Telefónica Movistar. Cuando fue director de Avantel, el todavía consejero de HSBC se mofaba levemente de sí mismo presentándose así como telefonista.

(Una rara coincidencia: otro diputado federal, secretario de la misma comisión, ex alcalde también de una ciudad fronteriza, fue víctima de una agresión a balazos el año pasado. El sonorense David Figueroa Ortega, que fue presidente municipal de Agua Prieta, fue herido a bordo de un vehículo en que también viajaba la diputada María Mercedes Corral, el 27 de noviembre pasado. Ella por fortuna quedó ilesa, no obstante que desde un vehículo en movimiento les fueron hechos hasta 25 disparos)

Ignorantes también de que hay operaciones conjuntas en esas entidades (o sabedores de que su actuación se limita a la Sierra Madre) asesinos multiplicaron sus acciones en Chihuahua, Sinaloa y Durango, donde cobraron doce víctimas entre el sábado y el lunes. En el municipio chihuahuense de Belisario Domínguez (donde en los días recientes habían sido ultimadas siete personas) se produjo un cuádruple homicidio. Dos hermanos fueron asesinados en Guachochi; en el municipio de Madera tres hombres fueron ejecutados y sus cuerpos encerrados en la cajuela de un automóvil. En Hidalgo del Parral y en Ciudad Juárez dos personas más fueron privadas de la vida, aunque en esos casos quizá no se trata de asuntos de la delincuencia organizada sino de homicidios comunes, comunes. En los municipios sinaloenses de Choix y Culiacán tres personas fueron privadas de la vida, y en la capital duranguense un individuo, radicado en Tijuana según su identificación, fue muerto de diez disparos. Fuera de las entidades de ese triángulo de oro del narcotráfico, pero donde también hay operación conjunta, se produjo otro homicidio perpetrado con una arma de nueve milímetros: en el centro de Ciudad Altamirano, Gro.

Una de las razones por las cuales es mínima la eficacia de las operaciones lanzadas con gran estruendo mediático es su falta de planeación, derivada a su vez de la carencia de trabajo de información, de inteligencia. Por ello las tropas policiacas y militares llegan a sus destinos y quedan enfrentadas a las autoridades locales, que son vistas con suspicacia, como ocurrió con las policías municipales de Tijuana o de Acapulco. La sospecha puede no ser gratuita, pues no son infrecuentes los casos de infiltración delincuencial en las zonas de autoridad precisamente encargadas de la persecución de criminales.

Un subprocurador duranguense encarna en este momento la inserción criminal en los aparatos estatales. Está arraigado -esa fea práctica, que lo mismo sirve para encarcelar a inocentes sin reglas penitenciarias, que para ofrecer a culpables ocasión de defenderse y quedar a salvo de la justicia- en la ciudad de México, a donde fue trasladado desde la región lagunera, pues actuaba en Gómez Palacio. Su nombre es Hugo Reséndiz Martínez, y se le señala como partícipe en un atroz cuádruple homicidio ocurrido en aquella ciudad colindante con Torreón. El 14 de enero fueron ultimados a tiros el dirigente perredista (y de una agrupación de trabajadores del volante) Jaime Meraz, su esposa María de Jesús Medina, el hijo de ambos, de nombre Jaime, y un taxista, Jorge Alberto Vázquez, que para su infortunio se hallaba en el domicilio, que fue asaltado por dos sicarios. Quedó herida Érika Torres, esposa de Meraz Medina, que protegió con su cuerpo a sus cinco pequeños hijos. Al Subprocurador local se le detuvo por conjeturarse que tiene relación con otros delitos, que no han sido precisados. Simultáneamente el subdelegado de la Procuraduría general de la República, Miguel Ángel Saavedra, fue llamado a la sede central del Ministerio Público Federal, donde se le retiene. Se presume que hay vinculaciones en la actuación de ambos funcionarios.