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México, (EFE).- La ONU instó hoy al Gobierno de México a garantizar el respeto a los derechos humanos en la ofensiva contra los narcotraficantes y secuestradores, y consideró que debe ser la Policía, y no tanto el Ejército, la que ejerza la labor de seguridad pública.
El representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México, Amerigo Incalcaterra, dijo en un acto público que "hay que entender la necesaria utilización de cierta fuerza pública" en el contexto de "criminalidad creciente y en algunos casos desbordada" que se ha registrado en el país.
"Lo importante es que se realice la tarea de combatir al crimen organizado dentro del respeto a los derechos humanos", enfatizó Incalterra, al expresar el punto vista de la ONU sobre la lucha militar y policial contra los delincuentes mexicanos.
El Gobierno del presidente Felipe Calderón ha ordenado a más de 27,000 soldados, marinos y policías federales combatir por aire, mar y tierra a los narcotraficantes y secuestradores en seis de los 32 estados del país, dos de los cuales, Baja California y Chihuahua, colindan con Estados Unidos.
En esas regiones se registró en 2006 la mayoría de los 2,000 asesinatos atribuidos a los criminales organizados en todo el país, según las autoridades.
Preguntado por el papel del Ejército en la lucha contra la delincuencia, Incalterra señaló que su Oficina "tiene una clara opinión de que no es totalmente apropiado la utilización de mecanismos destinados exclusivamente a defender la soberanía nacional" en otro tipo de labores.
"Debe haber más recursos para la capacitación de la policía preventiva y los organismos de inteligencia, pues el crimen organizado se combate con estos métodos y no sólo a través de fuerza pública", agregó.
La ONU ha identificado la pobreza, la impunidad y la inseguridad como tres de las señales de violaciones de las garantías fundamentales en México, dijo su representante, pero celebró que el Gobierno de Calderón haya prometido hacer énfasis en el combate contra esos males.
"Esperamos ver pronto resultados concretos en estas acciones que son serias y frenan el desarrollo del país y el cumplimiento de la responsabilidad plena de México ante los tratados internacionales de derechos humanos", dijo el representante de la ONU.
Incalcaterra hizo esos comentarios en un acto de presentación de un estudio elaborado por una organización no gubernamental para la ONU que advierte deficiencias en la garantía del debido proceso penal en cinco estados mexicanos de diferente grado de desarrollo socioeconómico.
Los autores del estudio recomendaron introducir en México el sistema del juicio oral, aunque señalaron que ello se deberá sumar a otras medidas para garantizar la vigencia plena de los derechos humanos.
Incalcaterra expresó la "preocupación" de la oficina de la ONU en México ante denuncias del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, Defensoría del Pueblo), José Luis Soberanes, de que los funcionarios de ese organismo han sido hostigados en los últimos años desde el Estado.