INDICADOR POLITICO
Carlos Ramírez
* Corte avala bushización de derechos
* Y hay pasividad jurídica ante torturas
* Para mi hermano Norberto de Aquino
y a la memoria de su padre Norberto Emilio, gran periodista y luchador social
Con el apoyo de la Suprema Corte, la complacencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las malas intenciones del gobierno panista de Felipe Calderón, México marcha a pasos apresurados hacia la bushización de los derechos humanos.
Con tal de luchar contra los demonios de la inseguridad y el desorden interno, México está desmantelando las garantías constitucionales que protegen los derechos humanos. La Suprema Corte acaba de autorizar la realización de cateos sin orden de un juez, pronto legalizará las intercepciones telefónicas ilegales y sólo falta el aval para la tortura para convertir las prisiones en ejemplos de Guantánamo o Abu Ghraib, aunque ya hay ojos cerrados ante denuncias graves de torturas policiacas contra disidentes sociales.
En aras de la lucha contra el terrorismo, el gobierno de Bush aprobó una serie de permisos para disminuir los derechos civiles de los ciudadanos y violentar los derechos humanos. Lo mismo está ocurriendo en México en las luchas contra la inseguridad pública y contra algunos excesos políticos. Sin embargo, el costo en materia de derechos humanos aquí va a ser alto: por lo pronto, hay una especie de complacencia oficial con los excesos policiacos en Atenco y en algunos operativos en Oaxaca.
La única diferencia entre el gobierno de Bush y el gobierno de Calderón radica en la dimensión del conflicto. La conculcación de los derechos civiles en los Estados Unidos fue consecuencia del pavoroso atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York y la penetración en territorio estadunidense del terrorismo criminal del Medio Oriente.
En México, en cambio, las decisiones de endurecimiento de la represión ha sido consecuencia de asuntos políticos --el caso Mario Marín y las intercepciones telefónicas ilegales-- y de incapacidad policiaca para luchar contra el narco y contra los secuestros. Pero peligrosamente la decisión de endurecer el ejercicio de la fuerza pública ha sido aplicado también contra amotinamientos civiles por razones políticas: en Atenco y en Oaxaca el fracaso de la política fue sustituido no precisamente por la necesaria intervención policiaca sino por los graves abusos de algunos policías contra civiles detenidos.
En medio de este escenario, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pareció haber sido rebasada. La decisión de la Corte de autorizar cateos sin órdenes de aprehensión y la presunta decisión de informar pronto la validez de las intercepciones telefónicas ilegales contra el gobernador poblano Mario Marín no han encontrado en la CNDH algún pronunciamiento de fondo por los efectos violatorios de las garantías individuales de los ciudadanos en general.
El problema es de legalidad. En materia de cateos y de grabaciones telefónicas existen prohibiciones constitucionales muy estrictas, sobre todo la que les confiere valor probatorio en juicios penales sólo cuando ambas --cateos y grabaciones-- hubieran sido autorizadas por un juez o por una autoridad competente.
Ahora las policías y --en el caso de cateos-- “cualquier ciudadano” puede penetrar en domicilios bajo el criterio de la presunción de un delito. Y también, si la Corte falla en el caso Marín aceptando las grabaciones, el espionaje político regresará por sus fueros. Sólo para recordar, las exigencias de un mandato legal por escrito en materia de cateos e intercepciones telefónicas fueron plasmadas en la Constitución y las leyes penales por los abusos policiacos y políticos en el ejercicio del poder público.
Ahora sin tener una mayor profesionalización policiaca y con políticos proclives al uso de las intercepciones telefónicas como instrumento de lucha por el poder, la Corte decidió regresar a los cateos sin control y podría legitimar las intercepciones telefónicas, ambas violatorias de la intimidad ciudadana. Es decir, la Corte se encuentra en el centro de conculcaciones a mandatos constitucionales.
Y lo peor ha sido la pasividad del gobierno federal, de la CNDH y de la propia Corte para atender las denuncias ciudadanas de abusos policiacos contra ciudadanos que protestaban en Atenco y en Oaxaca. Ciertamente hubo también un abuso de los grupos disidentes al violentar la tranquilidad de dos comunidades ciudadanas plurales, pero el fondo del problema no ha radicado en el ejercicio del derecho al uso de la fuerza por parte del Estado sino a las agresiones físicas represivas denunciadas por disidentes.
Lo grave es que en aras de la tranquilidad ciudadana se violenten los derechos civiles y ciudadanos garantizados por la Constitución y se regrese a los tiempos de las catacumbas políticas en los que el poder de la fuerza carecía de contrapesos. En esta bushización de las garantías individuales han fallado la CNDH, el gobierno calderonista, la oposición y el Congreso. Y en medio del conflicto ha quedado una Suprema Corte de Justicia que está permitiendo la violación de las garantías constitucionales de los ciudadanos.
* Corte avala bushización de derechos
* Y hay pasividad jurídica ante torturas
* Para mi hermano Norberto de Aquino
y a la memoria de su padre Norberto Emilio, gran periodista y luchador social
Con el apoyo de la Suprema Corte, la complacencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las malas intenciones del gobierno panista de Felipe Calderón, México marcha a pasos apresurados hacia la bushización de los derechos humanos.
Con tal de luchar contra los demonios de la inseguridad y el desorden interno, México está desmantelando las garantías constitucionales que protegen los derechos humanos. La Suprema Corte acaba de autorizar la realización de cateos sin orden de un juez, pronto legalizará las intercepciones telefónicas ilegales y sólo falta el aval para la tortura para convertir las prisiones en ejemplos de Guantánamo o Abu Ghraib, aunque ya hay ojos cerrados ante denuncias graves de torturas policiacas contra disidentes sociales.
En aras de la lucha contra el terrorismo, el gobierno de Bush aprobó una serie de permisos para disminuir los derechos civiles de los ciudadanos y violentar los derechos humanos. Lo mismo está ocurriendo en México en las luchas contra la inseguridad pública y contra algunos excesos políticos. Sin embargo, el costo en materia de derechos humanos aquí va a ser alto: por lo pronto, hay una especie de complacencia oficial con los excesos policiacos en Atenco y en algunos operativos en Oaxaca.
La única diferencia entre el gobierno de Bush y el gobierno de Calderón radica en la dimensión del conflicto. La conculcación de los derechos civiles en los Estados Unidos fue consecuencia del pavoroso atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York y la penetración en territorio estadunidense del terrorismo criminal del Medio Oriente.
En México, en cambio, las decisiones de endurecimiento de la represión ha sido consecuencia de asuntos políticos --el caso Mario Marín y las intercepciones telefónicas ilegales-- y de incapacidad policiaca para luchar contra el narco y contra los secuestros. Pero peligrosamente la decisión de endurecer el ejercicio de la fuerza pública ha sido aplicado también contra amotinamientos civiles por razones políticas: en Atenco y en Oaxaca el fracaso de la política fue sustituido no precisamente por la necesaria intervención policiaca sino por los graves abusos de algunos policías contra civiles detenidos.
En medio de este escenario, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pareció haber sido rebasada. La decisión de la Corte de autorizar cateos sin órdenes de aprehensión y la presunta decisión de informar pronto la validez de las intercepciones telefónicas ilegales contra el gobernador poblano Mario Marín no han encontrado en la CNDH algún pronunciamiento de fondo por los efectos violatorios de las garantías individuales de los ciudadanos en general.
El problema es de legalidad. En materia de cateos y de grabaciones telefónicas existen prohibiciones constitucionales muy estrictas, sobre todo la que les confiere valor probatorio en juicios penales sólo cuando ambas --cateos y grabaciones-- hubieran sido autorizadas por un juez o por una autoridad competente.
Ahora las policías y --en el caso de cateos-- “cualquier ciudadano” puede penetrar en domicilios bajo el criterio de la presunción de un delito. Y también, si la Corte falla en el caso Marín aceptando las grabaciones, el espionaje político regresará por sus fueros. Sólo para recordar, las exigencias de un mandato legal por escrito en materia de cateos e intercepciones telefónicas fueron plasmadas en la Constitución y las leyes penales por los abusos policiacos y políticos en el ejercicio del poder público.
Ahora sin tener una mayor profesionalización policiaca y con políticos proclives al uso de las intercepciones telefónicas como instrumento de lucha por el poder, la Corte decidió regresar a los cateos sin control y podría legitimar las intercepciones telefónicas, ambas violatorias de la intimidad ciudadana. Es decir, la Corte se encuentra en el centro de conculcaciones a mandatos constitucionales.
Y lo peor ha sido la pasividad del gobierno federal, de la CNDH y de la propia Corte para atender las denuncias ciudadanas de abusos policiacos contra ciudadanos que protestaban en Atenco y en Oaxaca. Ciertamente hubo también un abuso de los grupos disidentes al violentar la tranquilidad de dos comunidades ciudadanas plurales, pero el fondo del problema no ha radicado en el ejercicio del derecho al uso de la fuerza por parte del Estado sino a las agresiones físicas represivas denunciadas por disidentes.
Lo grave es que en aras de la tranquilidad ciudadana se violenten los derechos civiles y ciudadanos garantizados por la Constitución y se regrese a los tiempos de las catacumbas políticas en los que el poder de la fuerza carecía de contrapesos. En esta bushización de las garantías individuales han fallado la CNDH, el gobierno calderonista, la oposición y el Congreso. Y en medio del conflicto ha quedado una Suprema Corte de Justicia que está permitiendo la violación de las garantías constitucionales de los ciudadanos.
posted by H2AGUA at
10:14 a.m.
