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Corrupción e impunidad en Seguro Popular

El gobierno de la continuidad tendrá que esclarecer las anomalías descubiertas por la Secretaría de la Función Pública en el manejo de los recursos asignados al proceso de credencialización del Seguro Popular, las cuales podrían ascender a 100 millones de pesos

Erika Ramírez

Sin resolver las supuestas irregulares encontradas durante la administración del Seguro Popular, sobre todo en su proceso de credencialización, el presidente Felipe Calderón asume este programa estrella del foxismo como prioritario en su gobierno. Las anomalías, que no fueron esclarecidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), podrían ascender a 100 millones de pesos.

Mientras el michoacano presume que continuará otorgando los “beneficios” de Seguro Popular a los mexicanos que carecen de servicios de salud pública, la SFP que dirigió Eduardo Romero Ramos dejó abierta la auditoría 15/06 que el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud ordenó el 18 de abril del 2006 a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), entonces encabezada por Juan Antonio Fernández Ortiz.

La pesquisa, que fue puesta en marcha hasta el 27 de junio pasado, a cargo de cuatro auditores del OIC y encabezada por la contralora María Eugenia Galván Antillón, revela que en el proceso para realizar la credencial con chip “Tu Salud”, realizado por medio de la licitación pública 12161001-004-05 -con cargo al erario por más de 360 millones de pesos-, se descubrieron daños patrimoniales por 100 millones de pesos.

Sin embargo, los privilegios que otorga el poder permitieron que en el gobierno de Vicente Fox se dejara inconclusa la investigación en contra de quien fuera su coordinador de campaña en el 2000: Juan Antonio Fernández Ortiz.

“Tu Salud”

Todo comenzó cuando la CNPSS otorgó el contrato (que en inicio se presupuestó en 320 millones 400 mil pesos y se elevó a 368 millones 460 mil de pesos) a la empresa Image Technology de México, la cual produciría 3.7 millones de tarjetas inteligentes “Tu Salud” para mantener el control de los datos personales de los afiliados al Seguro Popular.

Al darse a conocer el fallo de la licitación, otra de las empresas concursantes, Técnica Comercial Vilsa, presentó una queja ante la Dirección General de Inconformidades de la SFP, el 20 de diciembre de 2005, por lo que se abrió el expediente 779/2005.

La empresa quejosa argumentó que la licitación 12161001-004-05 había sido armada para que sólo Image Technology pudiera cumplir con las bases exigidas por la CNPSS. Otro de los factores de inconformidad fue el costo de la producción, pues el importe promedio de la producción de una “tarjeta inteligente” es de 20 pesos aproximadamente, mientras que los precios ofrecidos por la compañía ganadora correspondían a 86 pesos por unidad.

Licitación amañada

Muestra de que los tiempos para otorgar el oneroso contrato a Image Technology fueron manipulados, es la información que se encuentra en la página oficial de Compranet, sistema electrónico de contrataciones gubernamentales de la SFP, en donde se precisa cómo se llevó a cabo el proceso de licitación pública, el tipo de contratación, la unidad administrativa o dependencia que celebró el contrato, el proveedor o contratista, la fecha de suscripción del contrato, el objeto, monto y plazos de cumplimiento.

De acuerdo con la licitación 12161001-004-05, publicada el 10 de noviembre de 2005 bajo el rubro de adquisiciones, se presentó una fecha límite de pago de las bases de licitación para el 16 de noviembre del año pasado, mientras que la apertura técnica y económica sería el 25 de noviembre del mismo año.

En la misma página electrónica la Dirección de Administración de la CNPSS publicó la convocatoria 004, en la que invitaba a los interesados en participar de la licitación a comprar las bases, mediante el pago de 968 pesos.

Según las especificaciones del documento y de acuerdo con la partida uno -que consiste en prestar servicio de credencialización, desarrollo, administración y operación de sistemas, con la clave C810800002- la empresa ganadora elaboraría 3 millones 700 mil tarjetas del Seguro Popular. Para ello Image Technology presentó un costo unitario de 86 pesos 59 centavos por tarjeta, lo que derivó en un importe total sin IVA de 320 millones 399 mil 650 pesos.

En la misma convocatoria se señala que el 4 de noviembre del año pasado fue autorizada una reducción al plazo de presentación y apertura técnica de propuestas -del 25 de noviembre a la misma fecha del pago, es decir, el 16 de ese mes- por la directora administrativa Martha Elvia Silvia Dávalos durante una junta de aclaración en las instalaciones de la CNPSS, justo un mes antes de que el presidente Vicente Fox entregara la credencial 3.5 millones del Seguro Popular.

Tortuoso proceso

Durante la investigación —que lleva un año desde que se dio el fallo a favor de Image Technology— fue cerrado el expediente 779/2005 debido a que la dependencia que encabezó Eduardo Romero Ramos determinó que Técnica Vilsa carecía de “interés jurídico” en el proceso, porque la inconformidad había sido “infundada”.

La resolución firmada por Mario Alberto Massé Alemán, encargado provisional del despacho de la Dirección General de Inconformidades, y Martha Cristina Herrera Terrazas, directora de Inconformidades, suscribe: “No pasa inadvertido que el accionante pretende que esta autoridad efectúe una investigación para verificar la legalidad, equidad, imparcialidad y eficacia de la licitación pública impugnada a fin de que el Estado obtenga las mejores condiciones […]”.

No obstante, los funcionarios de la SFP resolvieron la forma y no el fondo porque según ellos “se determina infundada por falta de interés jurídico la inconformidad promovida por la empresa Técnica Comercial Vilsa. S.A de C.V”.

Sin embargo, la SFP abrió una nueva investigación en contra de la CNPSS al amparo de la orden 12/10321/051/06. A través del documento fechado el 27 de junio pasado se solicitó a todas las empresas que han otorgado servicios al Seguro Popular y a las que concursaron en la licitación 1216100-004-05 todos los registros, informes, facturas, libros principales y auxiliares, reportes, documentos y correspondencia que se estimen necesarios.

Entre las compañías que estaban obligadas a aportar dicha documentación se encuentran la ganadora Image Technology, que presentó una propuesta conjunta con E. Siglo, Oracle de México, Gemplus, así como las que no obtuvieron el contrato como es el caso de Técnica Comercial Vilsa.

“En caso de que alguna de éstas no entregue información veraz se le impondrá de dos a seis años de prisión y de 100 a 300 días de multa de salario mínimo vigente”, dice la orden de la SFP.

La pesquisa

La investigación que encabezó la titular del OIC de la Secretaría de Salud, María Eugenia Galván Antillón, se basó en comparar la cotización de precios sobre las tarjetas inteligentes, que implicaron recursos por más de 360 millones de pesos.

Según muestra el contrato —firmado por Juan Antonio Fernández Ortiz, ex titular del Seguro Popular; Manuel Martínez Olguín, asesor de procesos de credencialización, y Gilberto Pérez Ramírez, representante legal de Image Technology, de diciembre de 2005 a diciembre de 2006—, se había establecido gastar 368 mil 460 millones de pesos y no los 320 millones que se tenían presupuestados al realizarse el concurso.

Además, los empresarios del ramo debían especificar claramente la tecnología que requeriría, el análisis técnico y las minutas de las reuniones que se dieron entre los funcionarios del Seguro Popular y los interesados en obtener el contrato, que hasta el momento podría tener anomalías por 100 millones de pesos.