EL PROzac Y LA CORRUPCION DE SU SEXENIO

Las cuentas pendientes de Fox

Mientras la Secretaría de la Función Pública guarda celosamente la auditoría que comprueba que Humberto Artigas del Olmo incurrió en diversas irregularidades al subcontratar a otras empresas para remodelar las cabañas 1 y 2 de la Residencia Oficial de Los Pinos —por 66.5 millones de pesos—, la PGR investiga al empresario por presunto fraude fiscal

Erika Ramírez

Humberto Artigas del Olmo, encargado de remodelar las cabañas de la Residencia Oficial de la Presidencia de la República —Los Pinos, Miguel Alemán y la casa anexa— en el 2000, ocupadas por el ex mandatario Vicente Fox Quesada, su esposa Marta Sahagún y Paulina y Ana Cristina Fox, es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por supuesta defraudación fiscal.

En tanto, en la Secretaría de la Función Pública (SFP) se reserva bajo el sello de “confidencial y seguridad nacional” un amplio expediente, en el que se involucra directamente al amigo y contratista de Fox Quesada, por un daño al erario público de más de 66 millones de pesos.

Y es que la PGR, que encabezó Daniel Cabeza de Vaca hoy flamante consejero jurídico de la Presidencia de la República, emprendió la pesquisa en contra del arquitecto Artigas del Olmo luego de que el colaborador y socio principal de éste, Jorge Conde Guzmán, fuera encarcelado por declarar ingresos inferiores ante la Secretaría de Hacienda —por 18.9 millones de pesos—, según señala el reportero Abel Barajas, del diario Reforma.

Cabe destacar que Conde Guzmán enfrenta dos juicios penales más que se derivaron de los negocios realizados por medio del despacho de Artigas del Olmo.

Para seguir con la investigación, la PGR citó a declarar al arquitecto del foxismo el 14 de septiembre pasado. El empresario aceptó que Conde Guzmán manejó dinero como socio de su despacho Humberto Artigas y Asociados. “En algunos de los casos los clientes depositaban los recursos en cuentas a mi nombre y luego se hacían transferencias electrónicas de mis cuentas a las del arquitecto Conde”, según dice la nota de Abel Barajas.

Corrupción en Los Pinos

Sin embargo, éste no es el único caso en el que los empresarios han sido investigados por las autoridades, ya que en el 2001 la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) descubrió que ambos habían sido beneficiarios por los privilegios que otorga el poder.

Artigas del Olmo, según la auditoría 2015/01 realizada a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia en el 2001 por la Secodam (ahora SFP), cuyo titular era el panista Francisco Barrio Terrazas, incurrió en diversas irregularidades al subcontratar a otras empresas para que llevaran a acabo la remodelación de las cabañas 1 y 2 de la residencia oficial de Los Pinos.

En tan sólo una semana, del 20 al 28 de junio del 2001, la Contraloría analizó selectivamente las operaciones que realizó la oficina de Los Pinos en el periodo del 1 de diciembre de 2000 al 31 mayo de 2001. La orden para que se revisaran todas las facturas fue girada por el entonces director de auditoría gubernamental, Roberto Muñoz Leos.

Los resultados del informe general descubren que la administración foxista incurrió en daños patrimoniales, desvío de recursos públicos, subcontrataciones, sobreprecios, pago de anticipos irregulares, omisiones, negligencias y violaciones a normas, reglamentos y leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades.

Una investigación del periodista Miguel Badillo señala que en el expediente 2015/01 se precisa que “el contratista Humberto Artigas y Asociados subcontrató las cuatro obras que le adjudicó la Presidencia de la República, conforme al resultado de la compulsa que se realizó con dicho contratista, quien declaró que efectuó la subcontratación con las empresas: Técnicas Avanzadas de Promoción Inmobiliaria S.A. de C.V.; Construcciones y Destajos Especiales S.A. de C.V.; Aicon S.A. de C.V.; Arq. Jorge Conde Guzmán; Grupo Valerio S.A. de C.V.; Aurelio Rojas; MYO S.A. de C.V.; BM Arquitectos, y GBI.”

Pero dichas empresas subcontratadas sólo cobraron por las obras 23 millones 833 mil pesos, cuyas facturas que entregó Artigas a los auditores de la Contraloría así lo comprueban. Con ello, según los auditores, se contravino el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, que en el penúltimo y último párrafo establece que no se podrán ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que deriven de los contratos.

Según la investigación realizada por la oficina encargada de combatir la corrupción en la administración pública, los empresarios que fueron subcontratados se deslindan de toda responsabilidad, pues declararon ante los auditores que había sido el propio ex presidente quien asignó los contratos de obras, bienes y servicios sin licitación de por medio, que ascienden a un total de 66 millones 540 mil 795.07 pesos.

El pretexto por el cual Vicente Fox asignó de manera directa las obras al arquitecto Artigas del Olmo, quien también remodeló el rancho San Cristóbal de Guanajuato -donde ahora reposa el ex mandatario-, fue el supuesto carácter de confidencial.

No obstante, la Dirección General de la Auditoría Gubernamental concluyó que la subcontratación vulneraba la secrecía y la seguridad nacional con la que, según la administración de Los Pinos y el Estado Mayor Presidencial, debían ejecutarse este tipo de obras en la Residencia Oficial.

El director adjunto de Auditorías Directas de la entonces Secodam, contador Javier Cervantes Martínez, dice de los contratos asignados a Humberto Artigas: “Se adjudicaron directamente al contratista sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, ya que el argumento esgrimido de confidencialidad y seguridad se desvirtúa por la subcontratación de las obras, por lo que debió efectuarse licitación pública o cuando menos invitación a tres contratistas en los términos del artículo 134 constitucional y 27, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas”.

Deslinde de responsabilidades

Rosalía Morales Arámbula, representante legal y accionista de MYO, S.A. de C.V., una de las empresas subcontratadas por Artigas del Olmo, se deslindó de cualquier responsabilidad ante las irregularidades que detectó la Contraloría en la residencia oficial de la Presidencia de la República.

En entrevista con la reportera Nancy Flores, la arquitecta acepta con enojo: “Si eso es tráfico de influencias, pues entonces sí, cometí tráfico de influencias”, tras la pregunta sobre la invitación directa que le hizo personalmente el entonces presidente Vicente Fox para que participara en la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos y de las cabañas 1 y 2, sin que mediara licitación alguna como lo marca la Ley.

Morales Arámbula fue citada a declarar ante las autoridades de la Dirección General de Auditoría Gubernamental el 21 de junio de 2001, donde dejó caer toda responsabilidad en el ex mandatario, misma que derivó en daños patrimoniales y en violación a la seguridad nacional.

En aquella ocasión los auditores de la Secretaría de la Contraloría (ahora Secretaría de la Función Pública) requirieron a la accionista de MYO, quien comparte domicilio fiscal con la empresa Humberto Artigas y Asociados, S.C. en calzada Desierto de los Leones 5934, colonia Olivar de los Padres, que describiera “cómo se hizo proveedora del gobierno federal, específicamente de la Presidencia de la República, y desde qué fecha”, a lo que respondió: “Fue una invitación directa del presidente, el licenciado Vicente Fox, desde diciembre de 2000”.

Los funcionarios públicos insistieron: “Describa quién la invitó a participar como proveedor y el trámite realizado al respecto”, y ella reiteró que “la invitación la hizo directamente el licenciado Vicente Fox”.

Finalmente, la administración foxista concluyó con toda impunidad pues la dependencia encargada de vigilar y sancionar la actuación de los servidores públicos omitió fincar responsabilidades por estas anomalías. La negligencia se da a pesar de que el amplio expediente de investigación confirma que la Presidencia violó las leyes de Adquisiciones, de Obra Pública y de Responsabilidades al adjudicar directamente los contratos por 66.5 millones de pesos.