SEXENIO DEL PROzac PLAGADO DE CORRUPCION
De acuerdo a información oficial, durante el sexenio de Vicente Fox se sancionaron a 36 mil 800 servidores públicos y se denunciaron ocho mil 142 posibles hechos delictivos en contra de funcionarios ante el Ministerio Público federal
Con presunciones de que la familia presidencial incurrió en actos de corrupción, por lo que resulta reprobado en la materia, el sexenio gubernamental del “cambio” del presidente Vicente Fox, registra 36 mil 800 sanciones en contra de servidores públicos y se denunciaron ocho mil 142 posibles hechos delictivos en contra de funcionarios ante el Ministerio Público federal, por lo que se podría afirmar que las querellas se dispararon 34 por ciento en relación a la administración precedente.
De las denuncias penales derivadas de procedimientos administrativos, según la información de “Responsabilidades de los servidores públicos”, se registran 962 y un monto establecido por reparación del daño por mil 105 millones 496 mil 500 pesos, a precios constantes.
A la lista casi interminable de sancionados administrativa o penalmente, por la Secretaría de la Función Púb! lica (SFP) figuran Rogelio Montemayor Seguy, el ex director de Petróleos Mexicanos, por el Pemexgate; Guido Belssaso, ex comisionado del Consejo Nacional Contra las Adicciones (Conadic), esposo de Sari Bermúdez, presidenta de Conaculta, a quien se le documentó irregularidades por Enciclomedia, y María del Carmen Segura Rangel, actual diputada local panista y ex coordinadora general de Protección Civil, que sigue bajo investigación administrativa.
Se agregan Roberto Aguilar Sierra, responsable del Organo Interno de Control (OIC), en el área de Pemex–Refinación; Jorge Serrano Limón, presidente del Comité Nacional Provida; José Andrés Puente Ávila, ex director Administrativo y Fiduciario de esa Institución Financiera Nacional Azucarera S.N.C. (FINA); y José Luis Aguilar Monjardín, ex director de Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El entonces secretario de la Función Pública, F! rancisco Barrio dejó para mejor ocasión a los peces gordos que supuestamente iban a caer de gobiernos anteriores. El turno le tocará al presidente Felipe Calderón de combatir la corrupción que deja su antecesor.
A pesar de las evidencias la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Eduardo Romero Ramos, se negó investigar a los hijos de la señora Martha Sahagún de Fox, en relación a todos los negocios hechos durante la administración foxista. Tampoco llamó a cuentas al ex senador Diego Fernández de Cevallos por tráfico de influencias cuando estaba en funciones como legislador, pese a estar tipificado ese ilícito. En la mira tuvo a Antonio Meza Estrada, actual cónsul de México en Detroit y Humberto Blanco Pedrero, ex director general de la Conaliteg.
Mientras el diputado federal perredista Juan Guerra reprueba al Gobierno foxista en materia de! l combate a la corrupción, y los “hijitos de Marta Sahagún abusaron del amparo y protección del poder presidencial de Fox con tráfico de influencia y corrupción”, por su parte el legislador federal panista, Gerardo Buganza asegura que estamos mejor que antes en la lucha contra la podredumbre con una ley de transparencia, aunque reconoce que ese mal es “una condición humana”.
El Gobierno federal reconoce que 36 mil 800 servidores públicos fueron sancionados entre 2001 y 2006, en donde los funcionarios del Gobierno federal alcanza porcentajes de hasta 81 por ciento y los del sector paraestatal el resto.
En la información “Principales indicadores de la función pública”, la administración pública registra mil 100 denuncias penales en contra de servidores públicos, en el mismo lapso, y aplicó 35 mil 400 sanciones administrativas, entre ellas negligencia administrativa, leye! s y normas presupuestales, abuso de autoridad, falta de honest! idad, po r queja o denuncia ciudadana, dictamen de auditoría, investigación interna, recomendación por violación a derechos.
En su información sobre “Responsabilidades de los servidores públicos”, el gobierno del “cambio” recibió 167 mil 975 peticiones ciudadanas; 78 mil 667 acciones contra irregularidades; por quejas y denuncias.
El documento señala que captaron en el marco del “Sistema de inconformidades” 14 mil 437, de las cuales 7 mil 543 fueron por adquisiciones y 2 mil 633 por obra pública. En la información destaca el rubro “atenciones inmediatas de apoyo, solución y prevención” por registrar nada en sus estadísticas.
Derivadas de procedimientos administrativos, la Secretaría de la Función Pública reporta 962 denuncias penales entre 2001 y 2006 (hasta agosto), y un monto económico establecido de mil 105 millones 496 mil 500 pesos, a precios constant! es, “en vía de reparación del daño”.
En su incidencia delictiva del Gobierno federal, se registran ocho mil 142 denuncias de hechos delictivos denunciados en contra de servidores públicos por ilícitos contenidos en el título décimo del Código Penal Federal ante el Ministerio Público Federal entre 2001 y 2006. En esas querellas, puede involucrarse una o más personas y más de un delito. En contraste, en la administración anterior, se reportan seis mil 70 averiguaciones previas.
El gobierno foxista asegura que 27 mil 424 servidores públicos, de sus más de 20 dependencias del gobierno federal, fueron sancionados administrativamente entre 2001 y 2006 (hasta agosto) y aclarar que los número de sanciones administrativas impuestas contrastan con el número de servidores públicos castigados, ya que éstos “con la falta cometida pueden hacerse acreedores a! más de una sanción”.
En el personal sancio! nado adm inistrativamente por dependencias, entre 2001 y 2006, resalta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con cinco mil 45, seguida por la Secretaría de Energía (Sener) con tres mil 162. El tercer lugar lo ocupa, la Procuraduría General del a República (PGR) con dos mil 677 servidores públicos sancionados administrativamente.
Luego se ubica la Secretaría de Educación Pública (SEP) con dos mil 220; más adelante está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con mil 772 sancionados y luego la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con mil 421.
Sin faltar en las estadísticas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) registra 91 servidores públicos sancionados; la Secretaría de Salud (SSA) reporta 933; la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnap) cuenta 836.
Es decir, ninguna! dependencia se salva: Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Turismo (Sectur), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagarpa), Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Presidencia de la República y otras no sectorizadas.
Al proponerse “prevenir, combatir y abatir actos de corrupción e impunidad en la administración pública federal, el gobierno federal, a través de programas operativos de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC), detectó 788 “procesos críticos” y mil 120 áreas críticas y 2 mil 76 “posibles conductas irregulares”.
Con el propósito de mejorar la calif! icación de México en los principales índi! ces y es tudios nacionales e internacionales en materia de corrupción, buen Gobierno, transparencia y estado de derecho, la CITCC creó la subcomisión de Mejora de índices, en la cual participan 18 dependencias y entidades de la administración pública federal.
El Gobierno federal asegura que para disponer de un “registro confiable del patrimonio de los servidores públicos, en mayo 2006, la SFP puso en operación la nueva versión del sistema DeclaraNet Plus, a través de la cual recibió un total de 204 mil 808 declaraciones de situación patrimonial”. Y se emitieron 71 mil 350 constancias de no inhabilitación para igual número de personas y se integraron 123 expedientes de evolución patrimonial.
La Secretaría de la Función Pública realizó 11 denuncias penales ante el Ministerio Público federal por posible uso indebido de atribuciones y facultad! es, peculado, uso de documento falso, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, robo y fraude por un monto global de 341 millones 587 mil 472 pesos en el año que termina. Aunque no precisa las dependencias afectadas.
FOX REPROBADO
El diputado federal perredista, Juan Guerra, asegura que el Gobierno de Vicente Fox “queda reprobado en el combate a la corrupción totalmente, ha habido priístas muy escandalosos, no me atrevería a decir que superó, simplemente ha habido corrupción en el PRI y corrupción con Fox, eso es condenable”. México cayó a los lugares más bajos en la escala de medición de la corrupción a nivel mundial, añade.
En entrevista con QUEHACER POLÍTICO, el legislador declara que “mi evaluación personal, es que los hijitos de Marta Sahagún abusaron bajo el amparo y la protección del poder presidencial de Fox.! Hay un tráfico de influencia y una corrupción e! norme. E n qué no están metidos esos niños, están metidos en Aduanas, Pemex, en la construcción”.
Para él, “no son tanto los hijos de Fox, son los hijos de Marta, si como hijos de la familia, es una corrupción enorme. Esos niños son una verdadera ficha. Están metidos en todos los negocios sucios y turbios”.
El diputado federal propone para el lastre social “una especie de ley anticorrupción que penalice desde la Cámara el tráfico de influencias, el tipo de asesorías que haya diputados y senadores que al mismo tiempo litiguen para particulares como Diego, o sea tiene hacerse más transparente todo, tiene haber más castigo al tráfico de influencias que otorga al Presidente. Ponerse candados por todos lados al tráfico de influencia”.
RECHAZA CORRUPCIÓN CON FOX
Por su parte, el diputado federal plurinominal panista Gerardo Buganza Salmer&oacut! e;n rechaza que se haya comprobado que al presidente Vicente Fox se le “señale directamente un detalle” en sus años de gobierno, sólo “descalificaciones, apreciaciones y supuestos” sin comprobar de una periodista que perdió el pleito en los tribunales.
Buganza Salmerón comenta que en el caso de la familia del Presidente “no hay un hecho comprobado, se habla de mil cosas”. En relación a sus hijos de la señora Marta Sahagún, añade que eso “no es parte del Gobierno” y luego corrige: Sus denunciantes “ya perdieron” en las demandas.
Sobre la acusación en contra de la familia de la señora Sahagún de que se quedaron con el segundo reconocimiento en las Aduanas a través de un prestanombres, se pregunta el legislador: “Quién dice, dice fulano, que lo demuestre, tiene la carga de la prueba y traiga elementos para señalar objetivamente quién cometió un delito, ! sino evítate la pena”.
Las licitaciones son pú! ;blicas y por qué no la ganó otra empresa, por dejar de concursar o incumplir con las bases, y si no demuéstrame lo contrario, añade el diputado federal blaquiazul.
Entrevistado por este semanario, el diputado dice que “el gobierno del cambio tiene un margen increíblemente amplio” con otras administraciones al impulsar la transparencia de cuentas públicas de su propio Gobierno. México “mejoró mucho en el asunto anticorrupción” al pasar del lugar 80 al 50, según algunos organismos internacionales, asevera.
Al afirmar que en todos los países existe la corrupción porque “es una condición humana”, la cual se tiene que combatir con buenas leyes, con transparencia, con vigilancia, el diputado señala que “no podemos desdeñar que alguna mando inferior, incluso no son del PAN, son funcionarios públicos que hayan caído en tentación y a la mejor por el monto no s! e sepa, tampoco lo sé, eso no se puede medir”.
Al preguntársele cuánto avanzamos en la materia, responde “si trajera mi metro te diría cuánto avanzamos. Hoy toda se transparenta y es un mundo de diferencia, me parece que hay un avance muy importante, en la función pública”. Y luego admite que en el país se carecen de estándares para medir la corrupción.
Antes, recuerda, todo lo incautado se los repartían entre los funcionarios de Hacienda, de la Cámara de Diputados o se los daban a sus cuates, ahora todo se va al SAE y “se licita públicamente, te puedes meter a Internet y puedes hacer tu oferta, si te la llevas, te compras el coche subastado”.
Para evitar la corrupción en el Gobierno federal, se podrían endurecer las leyes, remata.
Quehacer Político
posted by H2AGUA at
7:05 p.m.
