EL CAMBIO DE LOOK DE ULISES RUIZ

Ulises el demócrata

josé gil olmos

México, D.F., 20 de diciembre (apro).- Después de 20 muertos, 349 detenidos y 370 lesionados, así como denuncias de tortura, espionaje y de corrupción, Ulises Ruiz está empeñado en cambiar su look: dejar de ser un cacique y convertirse en un demócrata conciliador.

El gobernador de Oaxaca ha contratado a un prestigiado especialista en imagen y a otros estrategas políticos para cambiar su figura de “político a la antigua” que ha causado la crisis en la que se encuentra su estado, por la de un “gobernador legítimo” preocupado por la situación de la entidad.

La estrategia que le fue entregada hace un mes y que le costó muchos millones de pesos, contempla también los pasos que debe seguir para desaparecer a su principal enemigo: la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), mediante una campaña de desprestigio y el descabezamiento de su directiva.

URO, como se le dice en el documento confidencial al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, cuenta con esta estrategia con la que intenta recuperar la legitimidad que ha perdió a lo largo de su gestión y, sobre todo, luego de siete meses de conflicto.

Dicha estrategia no es otra cosa que una especie de cirugía plástica en la cual quiere cambiar el rostro de político priista acostumbrado a la impunidad, la corrupción y al autoritarismo, por el de una nueva figura: la de un gobernante con credibilidad y legitimidad.

Sin embargo, esto le será imposible porque no se trata de borrón y cuenta nueva, de olvidar que, para mantenerse, ha utilizado los viejos recursos del cacique: escuadrones de la muerte, policías disfrazados de paisano para detener a los líderes del movimiento popular, terrorismo policial, represión, control de los medios de información, amenazas anónimas, uso de los recursos públicos para fines personales, todo para imponerse.

El reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre Oaxaca, que confirma que el conflicto no ha terminado, es una pálida sombra del terrorismo de Estado que Ulises Ruiz ha aplicado en contra de los dirigentes y simpatizantes de la APPO.

Un ejemplo de ello ocurrió el 25 de noviembre. Ése día simpatizantes de la APPO realizaron una marcha en demanda de la salida de la Policía Federal Preventiva (PFP) del zócalo oaxaqueño. Aprovechando el enfrentamiento que se suscitó al final de la marcha, provocadores profesionales quemaron los edificios del Tribunal de Justicia y el Teatro Juárez, sede alterna del Congreso del estado, así como un hotel y oficinas turísticas. Todos estos edificios se encontraban lejos de enfrentamiento de la APPO y los policías.

La quema de los edificios sirvió de pretexto para que Ulises Ruiz, en coordinación con el jefe de Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas, iniciara una cacería en contra de la APPO en las calles, domicilios particulares, negocios, escuelas e incluso iglesias, pero en medio de esto detuvieron a decenas de oaxaqueños que no tenían nada qué ver con el movimiento, los golpearon, torturaron, vejaron y fueron tratados como delincuentes de alta peligrosidad.

Lo que el gobernador, apoyado por el gobierno federal, hizo no tiene registro en la historia reciente del país.

El cacicazgo de Ulises Ruiz fue tan impune que un par de días después se paseó por la plaza de Santo Domingo, que por semanas sirvió de punto de reunión de la APPO, y lanzó la sentencia en contra de toda inconformidad: Se aplicará la ley, sentenció.

Los halcones comenzaron a operar. El entonces secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz, desplegó un operativo clandestino encabezado por policías vestidos de civil que allanaron múltiples domicilios en busca de los simpatizantes del movimiento popular. La directiva tuvo que huir del estado sólo para ser detenida en la Ciudad de México. Algunos sacerdotes que dieron auxilio a los perseguidos recibieron amenazas de muerte, incluso una parroquia fue baleada.

Todos estos rastros de violencia son los que el mejor amigo de Roberto Madrazo quiere borrar con esta estrategia de imagen política y de medios que ha comenzado a operar y que ya vemos en la pantallas de televisión con spots en los que se difunde “la nueva imagen de “Oaxaca”.

La impunidad de Ulises Ruiz es ofensiva para cualquiera que aspira un cambio en el país y, sobre todo, para el nuevo gobierno de Felipe Calderón que tiene en sus manos la salida del gobernador de Oaxaca.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ahora encabezada por Germán Martínez, debe tener ya terminadas las auditorías que se efectuaron al gobierno de Ulises Ruiz y que, de acuerdo con ciertos indicios ya publicados, presentan graves irregularidades en el uso de los recursos que la Federación le ha dado en los últimos dos años.

Si la demanda de desaparición de poderes no ha prosperado en el Senado de la República ha sido por la renuencia del PRI, pero las auditorías si podrían ser la puerta de salida de uno de los gobernantes más ignominiosos que se ha tenido en los últimos años.

Pero eso, al final, será una decisión del nuevo Ejecutivo federal, Felipe Calderón, quien durante su campaña tomó como bandera el mensaje de “las manos limpias”.