ZACATECAS PRESA DEL MIEDO Y TERROR: Calderón y Amalia “perdieron” Zacatecas (ARTICULO COMPLETO)

Jorge Carrasco Araizaga y Verónica Espinosa

♦ Reportes del Ejército indican que dos años después de que Amalia García inició su gestión en Zacatecas, Los Zetas se posicionaron en ese territorio al grado de que ahora tienen presencia en 31 de los 58 municipios de la entidad. Tanto el gobierno federal como el estatal se mantuvieron sordos ante las advertencias que se les hicieron al respecto, y no actuaron en forma decidida para frenar la violencia. Los Zetas continúan controlando la plaza y reclutando miembros entre los militares. Por indolencia, Calderón y Amalia “perdieron” al estado.

ZACATECAS, ZAC., 21 de agosto (Proceso).- A pesar de las advertencias hechas a Felipe Calderón y Amalia García, que siempre actuaron como si no pasara nada, la delincuencia organizada acabó por someter a más de la mitad del territorio del estado.

Actor predominante es el cártel de Los Zetas, el grupo delictivo creado por desertores del Ejército que aún hoy recluta a sus integrantes entre los militares.

Hace apenas dos meses, según una investigación que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dos excapitanes incorporaron como halcones a elementos de tropa de la XI Zona Militar, con sede en Guadalupe, municipio conurbado a esta capital.

Señala también que no se trata de cualquier caso: los capitanes desertores, Inocencio Bastiano García y Eduardo Tezozomoc Laureano Manríquez, son ahora los responsables de esa organización delictiva en el estado.

Ambos suplieron a una persona identificada como Iván o El 50, a quien el Ejército atribuye el establecimiento de Los Zetas en Zacatecas y le adjudica el control de las plazas de San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Saltillo y parte de Durango, en la frontera zacatecana.

Ahora ubicado en Saltillo, El 50 llegó a Zacatecas en 2007, con sus dos hombres de confianza: Israel Nava Cortez, El Ostión, encargado de su primer círculo de seguridad y pieza clave en la fuga de varios zetas del penal de Cieneguillas en mayo de 2009, y otro al que apodaban El Quique, quien le seguía en la cadena de mando.

Los informes militares sobre la manera en que se estableció el cártel durante el gobierno de la perredista Amalia García son prolíficos. La población, víctima de secuestros, extorsiones, desapariciones y de amenazas de bombas en escuelas, comercios y dependencias públicas los corrobora; las policías también, con el asesinato, desaparición o cooptación de sus elementos.

Los primeros indicios datan de hace cuatro años, cuando hombres armados con uniformes similares a los de las policías de los tres niveles de gobierno llamaron la atención de los zacatecanos. Las advertencias sobre la llegada de Los Zetas salieron de la XI Zona Militar.

En diciembre de 2007, el Ejército elaboró un reporte sobre la seguridad en el estado en el que fechó la llegada del grupo: las primeras células se detectaron entre finales de 2006 y principios de 2007, cuando Los Zetas aún eran el brazo armado del cártel del Golfo, del que se separaron en 2008.

En Zacatecas, el grupo “encontró un área geográfica semidesértica con vasto sistema de caminos y veredas que les permiten evadir los servicios de intercepción del Ejército mexicano con relativa facilidad”, lo que les permitió ocultarse e instalar sus centros de operación, controlar el tráfico de drogas e incrementar sus ingresos a partir de la extorsión y los secuestros, puntualiza el documento.

Los Zetas desplazaron primero lo que quedaba de la organización de los hermanos Arellano Félix y del cártel de Juárez, liderado por los Carrillo Fuentes, que concentraban sus operaciones principalmente en la frontera con Jalisco y Nayarit, donde tenían plantíos de enervantes que traficaban hacia el Pacífico y el norte del país.

Hasta antes del gobierno de Amalia García, esas organizaciones “adoptaron mecanismos necesarios para que esta entidad se mantuviera tranquila”, lo que hacía de Zacatecas uno de los estados más seguros del país, dice otro reporte del Ejército sobre la inseguridad en Zacatecas durante el periodo 2007-2009.

En 2008, el rompimiento con el cártel del Golfo convirtió a Los Zetas en la principal fuerza irregular en el estado, por encima incluso del cártel de Sinaloa.

Al tiempo que la organización de los exmilitares se consolidaba, surgió otro poder en el estado: el de Sonia Villarreal Silguero, la coordinadora de giras de Amalia García. Originaria de Tamaulipas, Villarreal fue cercana a Miguel Ángel Almaraz, el exdirigente del PRD en Tamaulipas detenido en abril de 2009 acusado de participar en la estructura de Los Zetas en el robo de combustible a Pemex en ese estado.

El exgobernador y actual senador por el PT, Ricardo Monreal, declaró a la Radiodifusora XEIH de Fresnillo en una entrevista realizada durante el proceso electoral local de 2009 que la colaboradora de Amalia García permitió el establecimiento del crimen organizado en Zacatecas.

En entrevista con Proceso, Monreal repara: “No recuerdo haber dicho su nombre, A mí me preocupaba su oriundez, además del poder que detrás de ella se acumuló. Es obvio que tenía mucha fuerza política, pero no tendría elementos para hacer una acusación directa. Lo cierto es que (en Zacatecas) hay una presencia muy fuerte no sólo del grupo de Tamaulipas; me temo que ya está la presencia de varios”.


Control “zeta” y voto de castigo.

El deterioro de la seguridad en el estado también lo vivió directamente Carlos Pinto Núñez, procurador de Justicia de la administración de Amalia García en un principio y luego secretario General de Gobierno, cargo que ocupaba cuando El Ostión y un comando armado rescataron a 53 zetas del penal de Cieneguillas en mayo de 2009.

En las pasadas elecciones Pinto intentó llegar al Congreso local pero perdió. En tan sólo un año, durante 2007, Los Zetas lograron el control de 20 de los 58 municipios; desde la capital y su zona conurbada, pasando por Fresnillo y Jerez, hasta los ubicados en las fronteras con Durango, Aguascalientes y Jalisco. Desde entonces, la Zona Militar ya aseguraba que Los Zetas tenían “control absoluto” de varias regiones “que deben ser catalogadas como focos rojos de ingobernabilidad”, pues las autoridades ya habían sido “totalmente desplazadas”.

Uno de los primeros lugares que controlaron fue Jerez, donde en las elecciones del 4 de julio pasado unos 26 mil ciudadanos salieron a votar en una participación histórica.

Fue un voto de castigo por la inseguridad que transformó esta pacífica y boyante comunidad donde no se veían indigentes y las propiedades se vendían en dólares en uno de los territorios zacatecanos más violentos a causa del crimen organizado.

Tres años después de las primeras incursiones de zetas en el municipio, el saldo negativo incluye comercios cerrados, familias enteras que se mudaron a otras ciudades, y por lo menos 45 desaparecidos, secuestrados o levantados, mientras que la extorsión telefónica se diversifica en tecnología: ahora se enlazan los teléfonos de las familias para pedir los pagos sin que los plagios sean consumados.

Antaño controlada por El Chapo Guzmán, quien habría pasado por esta ciudad después de fugarse del penal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, el panorama cambió y la violencia se desencadenó cuando las familias criminales locales rompieron sus acuerdos con el sinaloense y comenzaron a servir al cártel del Golfo y luego a Los Zetas, quienes incluso instalaron campamentos de entrenamiento en la escarpada sierra de Palmas Altas.

Los testimonios locales refieren la forma en que habitantes de comunidades como Ermita de Guadalupe se abstienen de consumir los nopales que ahí se cortan. El motivo: los sicarios “tiran ahí los aceites” donde deshacen a sus víctimas. Un agente de inteligencia destacado en Zacatecas consultado por Proceso sostiene que aun cuando Zacatecas es un lugar de paso de la droga y de lavado de dinero, es un territorio atractivo para el trasiego de enervantes desde y hacia los estados vecinos, sobre todo en las regiones del cañón de Juchipila, Tabasco y Huanusco. “Ahí se mueve la parte fuerte de metanfetaminas y pastillas hacia Michoacán y Jalisco”, dice el entrevistado.

En municipios como Nochistlán, en la frontera con Aguascalientes, aún domina El Chapo. “Tiene cobertura porque hay acuerdos añejos. Ahí están establecidos muchos nayaritas que en las madrugadas vigilan quién entra y sale del pueblo”, agrega.

Las propias cifras oficiales revelan la descomposición en el estado entre 2007 y 2009, Los homicidios por delincuencia, que prácticamente no existían, llegaron a 62; los secuestros se dispararon a 102; y los enfrentamientos con las policías y el Ejército fueron de una veintena.

Para diciembre de 2009, la XI Zona Militar –que forma parte de la V Región Militar, con sede en Guadalajara confirmaba que Zacatecas ya había dejado de ser el estado donde no pasaba nada, a pesar del discurso del gobierno estatal; cuyas acciones no impidieron “el incremento gradual de la delincuencia organizada en la entidad, especialmente la cooptación en los cuerpos policiales”, según otro informe militar que describe el crecimiento de la delincuencia organizada en Zacatecas entre 2007 y 2009.

Ahora, 17 municipios están considerados por el Ejército como de alta presencia de la delincuencia organizada; otros 14 como de mediana; es decir, la población de 31 de los 58 municipios está a merced de los grupos delictivos.

Según el Ejército, los municipios con alta presencia son: Calera, General Enrique Estrada, Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Jiménez del Teul, Juchipila, Monte Escobedo, Nochistlán, Ojocaliente, Río Grande, Santa María, Sombrerete, Tabasco, Valparaíso, Villa de Cos y esta capital.

En varios de sus dominios instalaron campos de entrenamiento, como en la sierra de Jerez, pero sobre todo en los linderos con Durango, Coahuila y San Luis Potosí,
en los municipios de Valparaíso, Mazapil y Villa de Cos.

Los plagios

En Villanueva, uno de los municipios catalogado como de presencia media de Los Zetas, el miedo se impuso entre la población a partir de enero de 2009, cuando fue secuestrado el comerciante Roberto García Cárdenas.

Han pasado 18 meses y García ya no es el hombre más rico de la cabecera municipal, sino una sombra de sí mismo.

Maestro jubilado y comerciante García fue secuestrado un viernes. Ese día se encontraba con varios amigos en un billar.

Estuvo encerrado durante casi una semana en un sitio de seguridad en la sierra de Morones. Fue torturado y sus captores lo despojaron de más de 6 millones de pesos en dinero en efectivo, así como de documentos, pagarés y de las joyas que tenía empeñadas, pues era prestamista del pueblo. Aún tiene las cicatrices en la espalda.

Sus hijos se encargaron de la negociación.

Cuando dos de ellos fueron a pagar el rescate, el miércoles siguiente, los secuestradores los retuvieron. A cambio de su liberación, García fue obligado a pagar una nueva entrega de dinero, aún después de que volvieron a su casa, a los ocho días. “Es que no alcancé a juntar lo que me pedían”, recuerda.

Roberto y su esposa se escondieron mientras reunían la cantidad, e hicieron el pago a los plagiarios un mes después.

“Me seguían buscando; no me dejaban en paz. Nos tuvimos que ir de aquí”, dice desde el portón de su casa en Villanueva, a donde regresó porque las deudas adquiridas con amigos y familiares se tienen que pagar con lo que puede recuperar de los préstamos que aún anda cobrando.

Es miércoles, pero el hombre confiesa que desde el lunes no tuvo ganas de ir a trabajar, vencido por el abatimiento. “Ya me cansé; sigo pelando pollos, ando cobrando, rebajo intereses, doy facilidades. "Me dejaron sin nada”.


Eso sí, el secuestro del prestamista y sus hijos detonó un movimiento ciudadano que bloqueó la carretera federal 54 (Guadalajara Saltillo) en un par de ocasiones a principios de 2009, hasta que en el municipio se instaló una Base de Operación Mixta. Pero al paso del tiempo la familia se dispersó. Sus dos hijos se fueron del pueblo meses después del secuestro. “No aguantaron quedarse”, dice. Muchos más se han ido. “Ustedes no se imaginan lo que es esto. Andar uno como apestado. Como si tuviera esa enfermedad, esa cosa que le dicen la lepra, el sida o algo así. Nadie se quiere acercar”, se queja.

Las advertencias sobre la expansión de Los Zetas las hizo también Ricardo Monreal, quien entre 2008 y 2009 informó por escrito al titular de la Sedena, Guillermo Galván, sobre los efectos de la delincuencia organizada en varias regiones del estado, incluida la censura en los medios de comunicación locales. Nunca tuvo respuesta.

La fuerza de la delincuencia organizada se ha sentido principalmente en Fresnillo, donde el año pasado los delincuentes se enfrentaron al Ejército en dos ocasiones, una vez a la Policía Federal y otra a los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

La creciente violencia obligó a la intervención de Fuerzas Especiales de la Armada de México, la primera en su tipo en Zacatecas. El pasado 1 de julio, tres días antes de la elección para gobernador, dos helicópteros de la Armada, uno con doble rotor y otro tipo libélula, artillado, así como vehículos también artillados peinaron por aire y tierra algunos de los puntos más conflictivos de la cabecera municipal.

Muy cerca de Fresnillo, el nuevo rector del Santuario de Plateros, el presbítero Aurelio Esparza, no necesita las referencias ajenas para tener noción de lo que la presencia de Los Zetas y Los Chapos en la zona representa para este centro de peregrinaje católico, el tercero más visitado en América Latina.

Esparza ha vivido en Fresnillo, donde tuvo como vecinos al grupo de hombres que participaron en una balacera el 7 de diciembre de 2009. “Los veíamos todos los días, sabíamos quiénes eran; gente de Guerrero, de Sinaloa. Muy jóvenes, 17 o 19 años”, dice el cura.

Además, unas semanas antes de que fuera designado como el responsable de este centro católico, un grupo armado asaltó a los encargados de depositar en el banco lo recolectado mediante la limosna; se llevaron el dinero en la camioneta en que viajaban y dijeron que habría represalias si los denunciaban.

A Plateros ya no sólo llegan aquéllas familias católicas que quieren “dar gracias” al Niño de Atocha “por los favores recibidos” en la escuela, la salud o el trabajo; ahora se le atribuyen otros supuestos milagros.

“Vienen a dar gracias porque se salvaron de ser secuestrados, o pudieron regresar con sus familias, o porque se libraron de una extorsión”, refiere el rector del santuario.

Esto ocurre particularmente en los casos de los peregrinos originarios de ciudades de Chihuahua, de Coahuila o de Tamaulipas.

“Ese miedo también lo siente la gente del centro (del país). Los del sur nos comentan que están más tranquilos”.

Localidad adyacente a Fresnillo, “siempre tan problemático”, Plateros no está exento de las expresiones de la violencia por parte del crimen organizado, lo que sumado a la crisis por la influenza A/H1N1 de 2009 mermó la afluencia de peregrinos.

Paulatinamente, los visitantes han modificado los horarios de sus visitas al santuario. Ahora llegan más temprano, pues se resisten a que los alcance la oscuridad.

Zacatecas es el estado donde el Ejército recibe más denuncias telefónicas, por encima de Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas o Veracruz, estados con alta incidencia del narcotráfico.

Un informe de las llamadas anónimas a la Sedena indica que al 14 de mayo pasado el Ejército había recibido 55 mil 255 en todo el país: 10% de ellas (5 mil 50) fueron de esta entidad.

Entre ellas destacan las denuncias por desapariciones, que también se hacen públicas. Las casetas de cobro de peaje de la autopista Calera-Fresnillo, por ejemplo, están tapizadas con reportes de personas desaparecidas: por lo menos hay 34 rostros de mujeres, ancianos, niños, adolescentes.

Algunos son los partes oficiales de la Procuraduría General de la República; otras son hojas con copias de una credencial de elector, o de un simple letrero de esos que las familias pegan en postes u oficinas municipales, también los hay en cada caseta de peaje para que cualquier automovilista pueda verlas.

Hasta hace dos o tres años sólo había cuatro o cinco reportes de este tipo; hoy son muchos más. Sólo se pueden quitar si los encargados del puente de cobro reciben una orden oficial, que por lo general llega cuando la persona fue encontrada, algunas de las veces muerta.