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miércoles, 28 de julio de 2010

Nuestros impuestos = balas para los sicarios

Ricardo Andrade Jardí

Ahora que sabemos que nuestros impuestos son utilizados para que grupos de sicarios “presos”, en el CERESO de Durango, y quién sabe en cuántas cárceles más, salgan con autos y armas del estado mexicano a hacer limpias de jóvenes en provincias vecinas a Durango y quién sabe en cuántos lugares más las matanzas diarias no tengan a similares ejecutores. Convendría que todos los ciudadanos nos preguntemos: ¿Si es ético seguir pagando impuestos? y ¿hasta dónde nuestra pasividad nos hace igualmente cómplices de las masacres? que, hoy sabemos, se cometen, no sólo por el crimen organizado, sino que son planeadas y ejecutadas bajo el manto de la IMPUNIDAD que el sistema decadente les ofrece a los diversos grupos de delincuentes.

Las balas que ejecutaron en Coahuila a un grupo de jóvenes en una fiesta no fueron las balas que compran a los mercaderes de la muerte llamados por el desgobierno narcotraficantes, sino que fueron las balas que, el desgobierno usurpador compra, a esos mismos mercaderes, con nuestros impuestos, supuestamente para garantizar la seguridad de los mismos ciudadanos que somos asesinados con las balas que nosotros hemos pagado. Mayor grado de inmoralidad, imposible.

No es necesario seguir discutiendo la obviedad de si estamos frente a un estado fallido o no. Cuando lo que es evidente es el absoluto fallo del estado.

Es más urgente preguntarnos ¿si el estado sigue existiendo o sólo estamos frente a los últimos suspiros de un modelo de administración económica que requiere del exterminio de poco más de 40 millones de ciudadanos a los que no puede dar respuesta y a los que no tiene posibilidad de emplear ni de garantizar ninguna forma de bienestar social?

En una democracia real, en un mediano Estado de Derecho, la cifra de 25 mil ejecutados, haría urgente y deseable la renuncia del Ejecutivo federal. Pero, ante lo que no existe, es impensable una respuesta digna y con ética de los “haiga sido, como haiga sido”, puesto que no responden ni a un espíritu democrático, ni a un interés republicano y menos aún a la construcción de un Estado de Derecho, sino a una sociedad pasiva que es en realidad gobernada en función de los intereses de una minoritaria mafia de oligarcas que son los que dictan el destino de la nación y algunos de ellos son verdaderos beneficiarios del presente terrorífico que el neoliberalismo ha impuesto en nuestro pobre México.

Si bien es verdad que los ciudadanos no podemos ni debemos cargar con toda la responsabilidad, de la decadencia del sistema político-económico, tenemos que empezar a reaccionar con acciones directas, ante los hechos que nos vuelven cómplices de la pesadilla, que la pandilla del PRIAN, genéricos y similares al servicio de un minoritario grupo de filibusteros oligarcas, han diseñado para el país.

Una de las más importantes acciones es dejar de pagarle al usurpador y su desgobierno federal impuestos, que de todas formas son utilizados para exterminar a la ciudadanía, es decir, a nosotros mismos, que somos los que pagamos para armar las fuerzas represivas que más que combatir el crimen organizado parecen servir a los intereses del organizado y protegido crimen que ya no tiene ni la necesidad de comprar armamento, pues el mismo les es proporcionado por los diferentes niveles de gobierno, como producto de los impuestos que los ciudadanos comunes nos vemos obligados a pagarle a una clase política de asesinos y sinvergüenzas.

¿Hasta dónde queremos seguir siendo cómplices? Esa es la pregunta que deberemos hacernos desde ahora todos los ciudadanos cada vez que escuchemos de las masacres que el crimen organizado comete, las que hoy ya sabemos que las comente gracias a los impuestos que nosotros le seguimos pagando a una administración “política” que no vela por los intereses de los gobernados.