La realidad no se oculta: México hundido

Julio Pimentel Ramírez

Aun cuando la tendencia en la historia de la Humanidad sea el de dotarse de un sistema de justicia que trate como iguales a sus ciudadanos al tiempo que atiende sus necesidades individuales y colectivas, es de todos sabido que siempre hay unos más iguales que otros, como se dice coloquialmente, aunque más preciso es señalar que en una sociedad dividida en explotados y explotadores, como lo es todavía en la actualidad a pesar del falso discurso del fin de la Historia, el Derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en Ley.

Es más, en países como México en el que las desigualdades sociales son enormes, con un puñado de multimillonarios subyugando a la mayoría de los mexicanos, y en el que sus sistemas políticos y de justicia se caracterizan no precisamente por su probidad y honradez sino por estar entregados a los intereses del mejor postor, es decir de los poderosos, lo que prevalece es la corrupción.

La impunidad de ayer es el abuso y la ilegalidad de hoy, los crímenes de lesa humanidad cometidos hace varios lustros y que permanecen en el campo de la injusticia recrean las condiciones para que se continúen violando los derechos humanos y desbrozan el camino a la antidemocracia, autoritarismo y represión que cada día se abate sobre la sociedad mexicana y que amenaza con agudizarse.

La lista de agravios, de represión selectiva a movimientos sociales y a opositores políticos, luchadores sociales y defensores humanos, es larga y tiene como línea de continuidad a lo largo de los últimos cincuenta años –en realidad el periodo se extiende desde la conquista y el México formalmente independiente- la injusticia, la impunidad de los crímenes cometidos por y desde el Estado, sin olvidar aquellos que tienen como protagonistas a los hombres de los poderes político y económico.

Cabe anotar que la violencia y la injusticia también la padecen millones de mexicanos que son víctimas de la delincuencia, común y organizada, ambas con matriz en un sistema en crisis agravada por la estrategia de seguridad pública instrumentada por el espurio Felipe Calderón y que se traduce ya no solamente en la ejecución de más de 19 mil personas, muchas de ellas víctimas inocentes por las que algún día tendrán que responder los usurpadores del poder, sino en dolor, desesperanza y en la erosión de la de por sí desgastada soberanía nacional.

Ante este desolador panorama no es de llamar la atención que la desaparición y muerte de la niña Paulette Gebara Farah, que consterna la sensibilidad social y despierta la indignación pública ante la actuación de los padres y la de las autoridades del Estado de México, se convierta en un show mediático, en un distractor de la grave situación que padece México en todos los órdenes.

Así vemos, por ejemplo, que el presidente ilegítimo propone una tardía ley antimonopolios, aplaudida por diputados de todos los colores, que dentro de la política neoliberal dictada por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros entes financieros internacionales (sin olvidar que Calderón no tocará a quienes le respaldaron en el asalto al Palacio Nacional), va dirigida en realidad en contra de los monopolios estatales.

En perspectiva están preparando el asalto final al sector energético (PEMEX, CFE) y otros pocos que aún permanecen en el sector público, aunque muy debilitado (IMSS, ISSSTE).

También es de destacar el endeudamiento que en forma silenciosa y sistemática lleva a cabo la actual administración federal panista: El saldo de la deuda interna respaldada por el gobierno federal llegó en marzo a un nuevo máximo de 3 billones 574 mil 846 millones de pesos, cantidad superior en 116 mil 973 millones a la registrada al cierre de 2009, indicó información del Banco de México.

La sostenida alza en el nivel de endeudamiento a cargo del gobierno federal representó para los contribuyentes un costo, en el pago de intereses y comisiones, que supera el presupuesto anual que el sector público canaliza a educación pública, desarrollo social y para subsidios, transferencias y aportaciones a la seguridad social, de acuerdo con datos oficiales.

Desde el inicio de la actual administración federal, en diciembre de 2006, el endeudamiento interno del sector público –sin considerar los pasivos contratados por el gobierno para infraestructura– creció a un ritmo de 985 millones de pesos diarios, incluidos fines de semana y feriados.

El incremento de la deuda gubernamental entre diciembre de 2006 y marzo de este año fue de un billón 166 mil 965 millones de pesos, cantidad que, para efectos comparativos, equivale a una tercera parte del total del gasto público que será ejercido en 2010, que es de 3 billones 176 mil 332 millones de pesos.