En el límite del precipicio

Guillermo Fabela Quiñones

La realidad del país se complica a medida que avanza el calendario, por el afán del grupo en el poder de seguir favoreciendo a los oligarcas que usufructúan la mayor parte de la riqueza nacional en su exclusivo beneficio. Así lo patentizan hechos recientes, como el agravamiento de la violencia en el país, a pesar del uso intensivo de tropas del Ejército y la Marina. Otro signo adverso es la creciente afectación a los trabajadores, como se evidenció en la decisión de las autoridades laborales en contra de los mineros de Cananea, que conculca sus derechos y los coloca en una indefensión jurídica cuya única salida es la rebeldía plenamente justificada.

Así se están propiciando conflictos graves que podrían llegar a tomar cauces impredecibles, al estarse orillando a los asalariados y millones de desempleados a luchar por su supervivencia, tal como sucedía hace cien años durante los años álgidos del porfiriato. De ahí que no tengan asidero las acusaciones que hizo el senador del PAN, Felipe González, en contra de las organizaciones Human Right Watch y Amnistía Internacional, en el sentido de que “quieren vernos envueltos en sangre”.

Según el ex gobernador de Aguascalientes, las críticas que han hecho sobre el desempeño de las fuerzas armadas, tienen la finalidad de que “empeore la situación de la violencia en el país”. Es impensable que los habitantes de Ciudad Juárez avalen tales “argumentos”.

La población de la urbe fronteriza está más que convencida de la necesidad imperiosa de que Felipe Calderón retire las tropas de las calles. Así lo demandaron durante la impactante manifestación masiva del pasado sábado, y así se lo exigirán el día de hoy, cuando visite nuevamente dicha población, que ostenta ya el primer lugar como ciudad más violenta del mundo. Como el inquilino de Los Pinos no aceptará tal demanda ciudadana, porque su estrategia de “gobierno” se basa en la represión de las justas protestas de las clases mayoritarias por una realidad sumamente adversa, el resultado de dicha visita será contraproducente al propiciar una mayor tensión social que repercutirá en el resto del territorio nacional.

Calderón no quiere aceptar, o no permite la oligarquía que lo haga, que la población mayoritaria no está en condiciones de seguir soportando condiciones muy desfavorables. Los niveles de pobreza en el país han superado, con mucho, cualquier expectativa, y aun así pretende seguir manteniendo una estrategia económica que sólo contribuye a agudizar la miseria de millones de marginados. Y paralelamente continúa impulsando políticas públicas que favorecen la dramática e injusta concentración de la riqueza nacional en los beneficiados de siempre, como lo ejemplifica la decisión de autorizar a Televisa la participación en la telefónica Nextel. ¿No acabó con una importante fuente de trabajo, Luz y Fuerza del Centro, nomás para brindar un lucrativo negocio a los dos o tres que habrán de adquirir a precio de ganga la red de fibra óptica de la empresa liquidada, sin importarle el futuro de 44 mil trabajadores?

Pero lo más lamentable aún está por venir, en caso de ser aprobada, si el PRI se comporta como cómplice, la reforma laboral propuesta por Calderón para convertir a los trabajadores en esclavos asalariados. Las consecuencias de tan grave decisión no se harían esperar, y seguramente las fuerzas armadas tendrían que cumplir la orden presidencial de reprimir a sangre y fuego las justas protestas sociales; o darse cuenta del triste papel que les asignó la oligarquía, de simples guaruras, y desobedecer, en consonancia con el ordenamiento constitucional que no contempla al Ejército mexicano como fuerza represora al servicio de intereses contrarios a la nación. Vale tal señalamiento, toda vez que la oligarquía criolla participa como socia, cada vez más minoritaria, de capitales extranjeros.

El marco jurídico que pretende la Secretaría de la Defensa para clarificar su papel, en las actuales circunstancias y correlación de fuerzas, podría ser contraproducente para la nación, si se hiciera con el propósito de legitimar las acciones represivas en contra de la población afectada por la pobreza, el desempleo y la cerrazón política de la oligarquía. Brindarle una patente de corso para actuar con total impunidad, sería el principio del fin de una era, para entrar de lleno en otra caracterizada por una firme escalada de violencia cuya única salida sería el caos, la ingobernabilidad plena y el riesgo inminente de que tropas de Estados Unidos entraran a México a imponer una paz forzosa. Antes de que eso suceda, es preciso que las fuerzas armadas retomen el rol institucional y el patriotismo que las ha caracterizado a lo largo de ocho décadas. Aún es tiempo de que pongan oídos sordos a cantos de sirena insustanciales, sin otra finalidad que facilitar a la oligarquía seguir usufructuando la riqueza nacional.