Tragedias y eventos mediáticos
Revista Proceso: Jesús Cantú
MÉXICO, D.F., 16 de febrero.- Frente a la tragedia, otra vez la misma historia: los responsables de resguardar la seguridad y la vigencia del estado de derecho buscan endilgar la responsabilidad a una autoridad distinta a la que encabezan y, preferentemente, de un partido diferente al suyo; pero de inmediato emprenden actividades y anuncian medidas para acaparar la atención de los medios de comunicación, aunque poco o nada contribuyan a la atención del problema.
Al día siguiente del asesinato de 15 jóvenes inocentes en Ciudad Juárez, desde Japón, el presidente Felipe Calderón se apresuró a calificar el hecho como un enfrentamiento entre pandillas, lo que obviamente dejaba toda la responsabilidad en el ámbito de las autoridades locales.
El lunes 1, en la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del Senado, se condensó magistralmente la representación de lo que sucedía al respecto: los priistas culpaban a las autoridades federales de lo sucedido; los panistas, a las locales, llegando incluso a explicar la violencia en la entidad por los donativos que el gobernador José Reyes Baeza recibió del narco cuando andaba en campaña; mientras los perredistas se limitaban a repartir culpas, pues ellos en este caso están al margen. Al final, todo concluyó en un citatorio para que comparezcan tres secretarios de Estado y el titular de la PGR.
El jueves 4, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, Manuel Ortega Fernández, demandó declarar en Ciudad Juárez el “estado de excepción” y que el presidente Calderón se traslade y despache “desde esta ciudad por tiempo indefinido”.
El sábado 6, el gobernador aprovechó la demanda para anunciar que trasladaría los tres poderes del estado a dicho municipio “por tiempo indefinido, mientras dure la emergencia de seguridad pública que padece la ciudad”. Pero también la utilizó para emprenderla contra Calderón: “El señor presidente tomó la decisión acertada de visitar las zonas inundadas del Estado de México y el Distrito Federal; ha estado en contacto con los familiares del futbolista que recibió un balazo en una discusión en un bar; entonces pedimos que venga a hacerse presente y solidarizarse con los familiares de los miles que han perdido la vida en esta guerra en Ciudad Juárez”.
Al día siguiente, el presidente anunció su viaje a Juárez, y el jueves 11 estaba allí, otra vez igual, en un evento con toda la parafernalia oficial: siete secretarios de Estado, el procurador general de la República, los enviados de los tres poderes del estado y el presidente municipal de Ciudad Juárez, ante representantes de empresarios, de la sociedad civil, de las víctimas y de los medios de comunicación, en fin, todo lo que pueda dar relevancia mediática al evento.
Se trató, pues, de una réplica a escala estatal del acto realizado el 21 de agosto del 2008 en Palacio Nacional, cuando en respuesta a la demanda de justicia tras la muerte de Alejandro Martí se firmó el famoso pacto anticrimen, en el marco del Consejo de Seguridad Nacional, con los famosos 75 compromisos. A 18 meses de aquel acto, los índices de criminalidad no sólo no se han reducido, sino que han aumentado. Pero eso ya no es importante.
Esta vez, en la ciudad fronteriza, se anunció el llamado Plan de Intervención de Juárez que, según el alcalde José Reyes Ferriz, es muy similar al que se aplicó en su momento en Medellín, Colombia, e incluye políticas de seguridad, de desarrollo social y de prevención de adicciones. Por lo demás, dijo que el gobierno que él encabeza lo trabajó desde abril del año pasado, es decir, lleva 10 meses de diseño.
De acuerdo con Reyes Ferriz, lo que el gobierno federal pide es que el plan sea consensuado con la sociedad, “que no sean edificios vacíos, que no sean estructuras sin sustento, que sean cuestiones que la misma sociedad pida, adopte y se adueñe de ellas y pueda desarrollar”.
Por esto y porque, de acuerdo con las primeras versiones, el plan incluye un apoyo económico extraordinario de 3 mil millones de pesos para obras y programas sociales, de inmediato surgió la disputa por su organización y aplicación: Reyes Ferriz sugirió la constitución de un organismo ciudadano plural encargado de la asignación y el ejercicio de los fondos, para cuidar “que ningún cinco sea utilizado con propósito electoral”. A su vez, el gobernador repartió los recursos: unos los debe aplicar directamente la Federación, y otros deben bajar a las instancias estatales y municipales. Y hasta en el Congreso del Estado la Comisión Permanente aprobó una propuesta del diputado perredista Víctor Quintana –sin cubrir las formalidades de votarla oficialmente, pero sí con el consenso de los grupos parlamentarios– consistente en crear un consejo mixto donde estén representados los tres órdenes de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, además de que el uso de los fondos sea supervisado por la Auditoría Superior de la Federación.
Las prioridades son claras: hay que realizar acciones mediáticas que permitan construir en la opinión pública la idea de que se atiende el problema, que se reacciona ante la tragedia, pero que en realidad nada o muy poco abonan para restablecer el estado de derecho y la seguridad.
Exactamente la misma historia de antes, pero con otros actores y en escenarios diferentes, con la mira puesta en las elecciones del próximo 4 de julio y con el recuerdo de lo que sucedió en Hermosillo tras la tragedia de la guardería del IMSS: lo importante es parecer, no ser; privilegiar lo mediático, no lo sustantivo y eficaz. De las acciones realizadas nadie se acordará al momento de ir a votar, pero todos tendrán presentes las imágenes impactantes, las intervenciones conmovedoras y los anuncios espectaculares.
MÉXICO, D.F., 16 de febrero.- Frente a la tragedia, otra vez la misma historia: los responsables de resguardar la seguridad y la vigencia del estado de derecho buscan endilgar la responsabilidad a una autoridad distinta a la que encabezan y, preferentemente, de un partido diferente al suyo; pero de inmediato emprenden actividades y anuncian medidas para acaparar la atención de los medios de comunicación, aunque poco o nada contribuyan a la atención del problema.
Al día siguiente del asesinato de 15 jóvenes inocentes en Ciudad Juárez, desde Japón, el presidente Felipe Calderón se apresuró a calificar el hecho como un enfrentamiento entre pandillas, lo que obviamente dejaba toda la responsabilidad en el ámbito de las autoridades locales.
El lunes 1, en la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del Senado, se condensó magistralmente la representación de lo que sucedía al respecto: los priistas culpaban a las autoridades federales de lo sucedido; los panistas, a las locales, llegando incluso a explicar la violencia en la entidad por los donativos que el gobernador José Reyes Baeza recibió del narco cuando andaba en campaña; mientras los perredistas se limitaban a repartir culpas, pues ellos en este caso están al margen. Al final, todo concluyó en un citatorio para que comparezcan tres secretarios de Estado y el titular de la PGR.
El jueves 4, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, Manuel Ortega Fernández, demandó declarar en Ciudad Juárez el “estado de excepción” y que el presidente Calderón se traslade y despache “desde esta ciudad por tiempo indefinido”.
El sábado 6, el gobernador aprovechó la demanda para anunciar que trasladaría los tres poderes del estado a dicho municipio “por tiempo indefinido, mientras dure la emergencia de seguridad pública que padece la ciudad”. Pero también la utilizó para emprenderla contra Calderón: “El señor presidente tomó la decisión acertada de visitar las zonas inundadas del Estado de México y el Distrito Federal; ha estado en contacto con los familiares del futbolista que recibió un balazo en una discusión en un bar; entonces pedimos que venga a hacerse presente y solidarizarse con los familiares de los miles que han perdido la vida en esta guerra en Ciudad Juárez”.
Al día siguiente, el presidente anunció su viaje a Juárez, y el jueves 11 estaba allí, otra vez igual, en un evento con toda la parafernalia oficial: siete secretarios de Estado, el procurador general de la República, los enviados de los tres poderes del estado y el presidente municipal de Ciudad Juárez, ante representantes de empresarios, de la sociedad civil, de las víctimas y de los medios de comunicación, en fin, todo lo que pueda dar relevancia mediática al evento.
Se trató, pues, de una réplica a escala estatal del acto realizado el 21 de agosto del 2008 en Palacio Nacional, cuando en respuesta a la demanda de justicia tras la muerte de Alejandro Martí se firmó el famoso pacto anticrimen, en el marco del Consejo de Seguridad Nacional, con los famosos 75 compromisos. A 18 meses de aquel acto, los índices de criminalidad no sólo no se han reducido, sino que han aumentado. Pero eso ya no es importante.
Esta vez, en la ciudad fronteriza, se anunció el llamado Plan de Intervención de Juárez que, según el alcalde José Reyes Ferriz, es muy similar al que se aplicó en su momento en Medellín, Colombia, e incluye políticas de seguridad, de desarrollo social y de prevención de adicciones. Por lo demás, dijo que el gobierno que él encabeza lo trabajó desde abril del año pasado, es decir, lleva 10 meses de diseño.
De acuerdo con Reyes Ferriz, lo que el gobierno federal pide es que el plan sea consensuado con la sociedad, “que no sean edificios vacíos, que no sean estructuras sin sustento, que sean cuestiones que la misma sociedad pida, adopte y se adueñe de ellas y pueda desarrollar”.
Por esto y porque, de acuerdo con las primeras versiones, el plan incluye un apoyo económico extraordinario de 3 mil millones de pesos para obras y programas sociales, de inmediato surgió la disputa por su organización y aplicación: Reyes Ferriz sugirió la constitución de un organismo ciudadano plural encargado de la asignación y el ejercicio de los fondos, para cuidar “que ningún cinco sea utilizado con propósito electoral”. A su vez, el gobernador repartió los recursos: unos los debe aplicar directamente la Federación, y otros deben bajar a las instancias estatales y municipales. Y hasta en el Congreso del Estado la Comisión Permanente aprobó una propuesta del diputado perredista Víctor Quintana –sin cubrir las formalidades de votarla oficialmente, pero sí con el consenso de los grupos parlamentarios– consistente en crear un consejo mixto donde estén representados los tres órdenes de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, además de que el uso de los fondos sea supervisado por la Auditoría Superior de la Federación.
Las prioridades son claras: hay que realizar acciones mediáticas que permitan construir en la opinión pública la idea de que se atiende el problema, que se reacciona ante la tragedia, pero que en realidad nada o muy poco abonan para restablecer el estado de derecho y la seguridad.
Exactamente la misma historia de antes, pero con otros actores y en escenarios diferentes, con la mira puesta en las elecciones del próximo 4 de julio y con el recuerdo de lo que sucedió en Hermosillo tras la tragedia de la guardería del IMSS: lo importante es parecer, no ser; privilegiar lo mediático, no lo sustantivo y eficaz. De las acciones realizadas nadie se acordará al momento de ir a votar, pero todos tendrán presentes las imágenes impactantes, las intervenciones conmovedoras y los anuncios espectaculares.
posted by H2AGUA at
3:15 p.m.
