Cortinas de humo: plan anticrisis y reforma energética
La Jornada
El gobierno pretende hacer frente a la crisis económica mundial con un mal llamado “plan anticrisis”. Hasta la oposición le aplaudió porque contenía elementos de su propio programa para luchar contra un entorno internacional desfavorable. Uno se pregunta si alguien leyó el documento, sobre todo si se toma en cuenta la articulación del plan anticrisis con la llamada reforma energética que hoy alcanza “consensos” en el Senado. Habrá que analizar todo esto con detenimiento.
Lo primero: el plan anticrisis del 8 de octubre coloca a la recesión como marco de referencia de la política fiscal. El plan acepta que para 2009 la tasa de crecimiento sea 1.8 por ciento, es decir, 30 por ciento menor a la meta anunciada inicialmente en los Criterios generales de política económica para el 2009 (CGPE 09). Mensaje claro: se acepta como inevitable una recesión que será larga y profunda (abarcará lo que queda del sexenio).
El segundo aspecto es que la política monetaria brilla por su ausencia en este plan. Poco importa que la economía mexicana haya sufrido en los últimos15 años altísimas tasas de interés y una terrible sequía de crédito para inversión productiva. Cualquiera pensaría que en un plan anticrisis, lo primero que se buscaría sería reducir de manera significativa la tasa de interés. Pues no en el plan de este gobierno.
En Estados Unidos la Reserva Federal ha recortado drásticamente la tasa líder y recortará por lo menos otros 25 puntos base el próximo 29 de octubre. China, Suiza, Inglaterra y hasta el Banco Central Europeo están reduciendo sus tasas de interés de referencia para reactivar sus economías y evitar una recesión de larga duración.
¿Por qué en México no se propone reducir la tasa de interés como parte de un plan anticrisis? Porque el Banco de México tiene otras prioridades: una alta tasa de interés real permite mantener la inversión de cartera en el espacio económico mexicano. Eso es necesario para financiar el creciente déficit en la cuenta corriente (que se duplicará en 2009).
La inversión de cartera conduce a la sobrevaluación del peso y eso agrava el desequilibrio externo. Pero eso no importa porque lo principal es mantener la rentabilidad del sector financiero. La estabilidad cambiaria es vital para los flujos de capital y contribuye a reducir la inflación. Es típico: el banco central se subordina a los capitales extranjeros y se resiste el ajuste cambiario. Cuando éste finalmente se produce, es en el contexto de una macrodevaluación en la que los “logros” de la lucha antinflacionaria se evaporan a gran velocidad (tal como sucedió en 1994).
En el contexto del “ataque especulativo” de la semana pasada, el Banco de México y la SHCP recurren a la cortina de humo de castigar a los especuladores, cuando su modelo ha convertido a la economía mexicana en casino. El gobernador del BdeM hace hoy lo mismo que hizo durante 1994, corriendo para mantener el tipo de cambio “estable” y un mercado cambiario “ordenado”. Pero el desequilibrio externo crecerá y tendrá que sobrevenir un ajuste doloroso tarde o temprano.
En otras palabras, en el modelo económico neoliberal México no es más que un espacio de rentabilidad del sector financiero extranjero. Por eso la política monetaria no tiene cabida en un plan anticrisis. No importa que eso encarezca el crédito, reduzca el nivel de actividad y lance a millones al desempleo.
El componente medular del plan anticrisis consiste en un estímulo fiscal que asciende a 90.3 mmdp. Este gasto incluye el comienzo de la construcción de una refinería, que algunos en la oposición calificaron como un acierto y hasta un triunfo. En realidad, estos recursos provienen de una reforma al esquema de inversión de Petróleos Mexicanos que puede abrir la puerta a la reforma privatizadora de Pemex.
En efecto, el plan anticrisis pretende reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), liberando a Pemex del control presupuestario del Congreso. Además, propone consolidar los pasivos en Pidiregas de la paraestatal como deuda pública. Se dice que “los avances en las negociaciones sobre la reforma energética, particularmente el consenso sobre la necesidad de fortalecer el gobierno corporativo”, hacen oportuno excluir la inversión de Pemex de la meta de balance presupuestario de la LFPRH: Pemex quedaría fuera del control presupuestario. Eso, en combinación con el “fortalecimiento corporativo”, permitirá transitar hacia la privatización por la vía de los hechos.
En cuanto a los Pidiregas, este esquema de financiamiento aplicado a Pemex y CFE es anticonstitucional. Enviar los pasivos de Pemex derivados de este mecanismo (alrededor de 155 mil millones de pesos) a la deuda pública es reconocer una nueva hipoteca parecida a la infamia del Fobaproa. Parece que esta maniobra ha pasado desapercibida.
La eliminación del control presupuestario sobre Pemex hace innecesario recurrir a los Pidiregas. Al transformarse en deuda esos pasivos, se libera el “espacio presupuestario” que ocupaban las amortizaciones asociadas a esos proyectos. Esos recursos pueden ahora dedicarse a otros fines. Es decir, el plan anticrisis no implica un verdadero estímulo fiscal, sino un simple reacomodo de partidas derivado del nuevo esquema para las inversiones de Pemex.
En los últimos meses se ha empobrecido mucho el debate sobre el modelo económico en México. Por eso se olvida que la política monetaria sacrifica a la economía en aras de la rentabilidad del sector financiero. Que la política fiscal, como se observa en el mal llamado plan anticrisis, hace lo mismo. Y ahora se está dejando de lado un hecho de gran importancia: con ese plan anticrisis y los “consensos” sobre la reforma energética en el Senado se abrirán las puertas a la privatización de Petróleos Mexicanos por la vía de los hechos.
El gobierno pretende hacer frente a la crisis económica mundial con un mal llamado “plan anticrisis”. Hasta la oposición le aplaudió porque contenía elementos de su propio programa para luchar contra un entorno internacional desfavorable. Uno se pregunta si alguien leyó el documento, sobre todo si se toma en cuenta la articulación del plan anticrisis con la llamada reforma energética que hoy alcanza “consensos” en el Senado. Habrá que analizar todo esto con detenimiento.
Lo primero: el plan anticrisis del 8 de octubre coloca a la recesión como marco de referencia de la política fiscal. El plan acepta que para 2009 la tasa de crecimiento sea 1.8 por ciento, es decir, 30 por ciento menor a la meta anunciada inicialmente en los Criterios generales de política económica para el 2009 (CGPE 09). Mensaje claro: se acepta como inevitable una recesión que será larga y profunda (abarcará lo que queda del sexenio).
El segundo aspecto es que la política monetaria brilla por su ausencia en este plan. Poco importa que la economía mexicana haya sufrido en los últimos15 años altísimas tasas de interés y una terrible sequía de crédito para inversión productiva. Cualquiera pensaría que en un plan anticrisis, lo primero que se buscaría sería reducir de manera significativa la tasa de interés. Pues no en el plan de este gobierno.
En Estados Unidos la Reserva Federal ha recortado drásticamente la tasa líder y recortará por lo menos otros 25 puntos base el próximo 29 de octubre. China, Suiza, Inglaterra y hasta el Banco Central Europeo están reduciendo sus tasas de interés de referencia para reactivar sus economías y evitar una recesión de larga duración.
¿Por qué en México no se propone reducir la tasa de interés como parte de un plan anticrisis? Porque el Banco de México tiene otras prioridades: una alta tasa de interés real permite mantener la inversión de cartera en el espacio económico mexicano. Eso es necesario para financiar el creciente déficit en la cuenta corriente (que se duplicará en 2009).
La inversión de cartera conduce a la sobrevaluación del peso y eso agrava el desequilibrio externo. Pero eso no importa porque lo principal es mantener la rentabilidad del sector financiero. La estabilidad cambiaria es vital para los flujos de capital y contribuye a reducir la inflación. Es típico: el banco central se subordina a los capitales extranjeros y se resiste el ajuste cambiario. Cuando éste finalmente se produce, es en el contexto de una macrodevaluación en la que los “logros” de la lucha antinflacionaria se evaporan a gran velocidad (tal como sucedió en 1994).
En el contexto del “ataque especulativo” de la semana pasada, el Banco de México y la SHCP recurren a la cortina de humo de castigar a los especuladores, cuando su modelo ha convertido a la economía mexicana en casino. El gobernador del BdeM hace hoy lo mismo que hizo durante 1994, corriendo para mantener el tipo de cambio “estable” y un mercado cambiario “ordenado”. Pero el desequilibrio externo crecerá y tendrá que sobrevenir un ajuste doloroso tarde o temprano.
En otras palabras, en el modelo económico neoliberal México no es más que un espacio de rentabilidad del sector financiero extranjero. Por eso la política monetaria no tiene cabida en un plan anticrisis. No importa que eso encarezca el crédito, reduzca el nivel de actividad y lance a millones al desempleo.
El componente medular del plan anticrisis consiste en un estímulo fiscal que asciende a 90.3 mmdp. Este gasto incluye el comienzo de la construcción de una refinería, que algunos en la oposición calificaron como un acierto y hasta un triunfo. En realidad, estos recursos provienen de una reforma al esquema de inversión de Petróleos Mexicanos que puede abrir la puerta a la reforma privatizadora de Pemex.
En efecto, el plan anticrisis pretende reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), liberando a Pemex del control presupuestario del Congreso. Además, propone consolidar los pasivos en Pidiregas de la paraestatal como deuda pública. Se dice que “los avances en las negociaciones sobre la reforma energética, particularmente el consenso sobre la necesidad de fortalecer el gobierno corporativo”, hacen oportuno excluir la inversión de Pemex de la meta de balance presupuestario de la LFPRH: Pemex quedaría fuera del control presupuestario. Eso, en combinación con el “fortalecimiento corporativo”, permitirá transitar hacia la privatización por la vía de los hechos.
En cuanto a los Pidiregas, este esquema de financiamiento aplicado a Pemex y CFE es anticonstitucional. Enviar los pasivos de Pemex derivados de este mecanismo (alrededor de 155 mil millones de pesos) a la deuda pública es reconocer una nueva hipoteca parecida a la infamia del Fobaproa. Parece que esta maniobra ha pasado desapercibida.
La eliminación del control presupuestario sobre Pemex hace innecesario recurrir a los Pidiregas. Al transformarse en deuda esos pasivos, se libera el “espacio presupuestario” que ocupaban las amortizaciones asociadas a esos proyectos. Esos recursos pueden ahora dedicarse a otros fines. Es decir, el plan anticrisis no implica un verdadero estímulo fiscal, sino un simple reacomodo de partidas derivado del nuevo esquema para las inversiones de Pemex.
En los últimos meses se ha empobrecido mucho el debate sobre el modelo económico en México. Por eso se olvida que la política monetaria sacrifica a la economía en aras de la rentabilidad del sector financiero. Que la política fiscal, como se observa en el mal llamado plan anticrisis, hace lo mismo. Y ahora se está dejando de lado un hecho de gran importancia: con ese plan anticrisis y los “consensos” sobre la reforma energética en el Senado se abrirán las puertas a la privatización de Petróleos Mexicanos por la vía de los hechos.
posted by H2AGUA at
9:46 p.m.
