Próximos escenarios
Orlando Delgado Selley
Tras tres movilizaciones masivas, con propósitos diferentes y manifestantes distintos, septiembre arrancó con un cambio institucional al Informe presidencial. Ello es reflejo de las condiciones políticas, del peso de los partidos y de los nuevos actores que resultaron del proceso electoral de 2006 y de la creciente inseguridad. Los actores políticos tradicionales están siendo claramente rebasados por una sociedad que demanda que el Estado cumpla con su obligación de garantizar seguridad, empleo, y que discute el futuro del país con reforma o sin reforma a Pemex.
El sistema de representación política de una democracia liberal, que apenas había empezado a funcionar, ha perdido lo que característicamente operaba en el régimen autoritario priísta: la capacidad para imponer sus propuestas, sin importar la opinión de los ciudadanos, ni de las fuerzas políticas opositoras. En el régimen político actual se requiere construir consensos entre las representaciones partidarias y con las fuerzas políticas y sociales presentes entre los ciudadanos.
La reforma a Pemex, planteada por Calderón, pretendía aprobarse como las del ISSSTE y la fiscal: a partir de un acuerdo entre el PAN y el PRI, en el que lo que estaba a discusión era el tipo de remuneración que recibirían los priístas: impunidad para sus gobernadores, ampliaciones presupuestales en las entidades que ellos gobiernan, etcétera. El debate que se vieron obligados a aceptar ha cambiado el escenario: ya no es posible ese acuerdo basado en un intercambio político y económico.
Esto no quiere decir que el tricolor no esté dispuesto a acordar con Acción Nacional. Pero ha cambiado el tipo de acuerdo y sobre qué propuesta trabajarían. Ha cambiado, además, el terreno político: una abigarrada conjunción de grupos sociales, de personalidades del nacionalismo mexicano y de agrupaciones políticas han hecho una propuesta que va más allá del FAP. Lo nuevo no es que existan tres propuestas, sino que muy difícilmente podría socialmente aprobarse el planteamiento de Calderón; también sería complicado aprobar la iniciativa del PRI y, por supuesto, aprobar la del FAP sería imposible.
Un primer escenario de lo que pudiera darse en los próximos días es que el Revolucionario Institucional lograra que su iniciativa sea la que se vota en el Senado, lo que le daría ventaja en 2009. La respuesta de las fuerzas sociales que se han acuerpado contra la reforma tendría que ser trascendente. Dada la debilidad del gobierno federal esas acciones podrían generar una situación complicada.
Un segundo escenario es que, luego de tanta discusión, decidan guardar las iniciativas para presentarlas después de las elecciones intermedias, en las que PAN y PRI esperan incrementar sus bancadas, gracias a la eventual disminución de la fuerza electoral del PRD. Muchos analistas dan por descontada esta caída, pero se pierde de vista justamente el resultado de la discusión petrolera. De modo que la espera pudiera llevar a un terreno incierto para el PAN del que pudiera tener dificultades para salir.
Un tercer escenario, quizá el obvio, es que el PAN y Calderón lograran el número de senadores y diputados priístas necesarios para sacar adelante su planteo y lo aprueban. Las consecuencias serían lamentables. La fuerza de López Obrador y sus aliados, que hoy son muchos más que hace unos meses, se pondría en máxima tensión y desarrollarían acciones pacíficas, pero ciertamente relevantes. El apoyo de la conducción bicameral del PRI al gobierno federal podría quebrantarse, lo que llevaría a una crisis política.
Finalmente, un cuarto escenario, poco probable, pero que está planteado, es que la alianza PRI-PAN entiende que no hay consenso para la reforma y decide retirarla. La secuela tendría que ser el planteo de un acuerdo nacional para que el país entero enfrente el deterioro de las condiciones de vida de los que menos tienen. La reducción del monto y, sobre todo, del número mensual de remesas recibidas es un duro golpe contra la población pobre que tiene que compensarse inmediatamente. A ello contribuiría que el gobierno diera marcha atrás en su reforma.
Tras tres movilizaciones masivas, con propósitos diferentes y manifestantes distintos, septiembre arrancó con un cambio institucional al Informe presidencial. Ello es reflejo de las condiciones políticas, del peso de los partidos y de los nuevos actores que resultaron del proceso electoral de 2006 y de la creciente inseguridad. Los actores políticos tradicionales están siendo claramente rebasados por una sociedad que demanda que el Estado cumpla con su obligación de garantizar seguridad, empleo, y que discute el futuro del país con reforma o sin reforma a Pemex.
El sistema de representación política de una democracia liberal, que apenas había empezado a funcionar, ha perdido lo que característicamente operaba en el régimen autoritario priísta: la capacidad para imponer sus propuestas, sin importar la opinión de los ciudadanos, ni de las fuerzas políticas opositoras. En el régimen político actual se requiere construir consensos entre las representaciones partidarias y con las fuerzas políticas y sociales presentes entre los ciudadanos.
La reforma a Pemex, planteada por Calderón, pretendía aprobarse como las del ISSSTE y la fiscal: a partir de un acuerdo entre el PAN y el PRI, en el que lo que estaba a discusión era el tipo de remuneración que recibirían los priístas: impunidad para sus gobernadores, ampliaciones presupuestales en las entidades que ellos gobiernan, etcétera. El debate que se vieron obligados a aceptar ha cambiado el escenario: ya no es posible ese acuerdo basado en un intercambio político y económico.
Esto no quiere decir que el tricolor no esté dispuesto a acordar con Acción Nacional. Pero ha cambiado el tipo de acuerdo y sobre qué propuesta trabajarían. Ha cambiado, además, el terreno político: una abigarrada conjunción de grupos sociales, de personalidades del nacionalismo mexicano y de agrupaciones políticas han hecho una propuesta que va más allá del FAP. Lo nuevo no es que existan tres propuestas, sino que muy difícilmente podría socialmente aprobarse el planteamiento de Calderón; también sería complicado aprobar la iniciativa del PRI y, por supuesto, aprobar la del FAP sería imposible.
Un primer escenario de lo que pudiera darse en los próximos días es que el Revolucionario Institucional lograra que su iniciativa sea la que se vota en el Senado, lo que le daría ventaja en 2009. La respuesta de las fuerzas sociales que se han acuerpado contra la reforma tendría que ser trascendente. Dada la debilidad del gobierno federal esas acciones podrían generar una situación complicada.
Un segundo escenario es que, luego de tanta discusión, decidan guardar las iniciativas para presentarlas después de las elecciones intermedias, en las que PAN y PRI esperan incrementar sus bancadas, gracias a la eventual disminución de la fuerza electoral del PRD. Muchos analistas dan por descontada esta caída, pero se pierde de vista justamente el resultado de la discusión petrolera. De modo que la espera pudiera llevar a un terreno incierto para el PAN del que pudiera tener dificultades para salir.
Un tercer escenario, quizá el obvio, es que el PAN y Calderón lograran el número de senadores y diputados priístas necesarios para sacar adelante su planteo y lo aprueban. Las consecuencias serían lamentables. La fuerza de López Obrador y sus aliados, que hoy son muchos más que hace unos meses, se pondría en máxima tensión y desarrollarían acciones pacíficas, pero ciertamente relevantes. El apoyo de la conducción bicameral del PRI al gobierno federal podría quebrantarse, lo que llevaría a una crisis política.
Finalmente, un cuarto escenario, poco probable, pero que está planteado, es que la alianza PRI-PAN entiende que no hay consenso para la reforma y decide retirarla. La secuela tendría que ser el planteo de un acuerdo nacional para que el país entero enfrente el deterioro de las condiciones de vida de los que menos tienen. La reducción del monto y, sobre todo, del número mensual de remesas recibidas es un duro golpe contra la población pobre que tiene que compensarse inmediatamente. A ello contribuiría que el gobierno diera marcha atrás en su reforma.
posted by H2AGUA at
10:49 p.m.
