Hipocresía y manipulación

Julio Pimentel Ramírez

En tres temas fundamentales, particularmente sensibles para la sociedad, como lo son la seguridad, la educación y la reforma energética, queda de manifiesto tanto el carácter de clase del gobierno ilegítimo de Felipe Calderón como la posición adoptada por los diversos actores del escenario público, que muestran sus intereses a pesar de los esfuerzos de algunos de ellos por encubrirlos con argumentos falsamente “apolíticos”.

Como si el ”tsunami” de ejecuciones, secuestros, “levantones”, robos y asaltos, entre otros males que inunda a la sociedad mexicana, no tuviera sus causas profundas en las abismales diferencias sociales, en la erosión de la ética y moral social, familiar e individual, así como en la corrupción e impunidad elevadas a rango oficial por la clase en el poder, la administración federal y sus aliados políticos y mediáticos manipulan la indignación social y llaman a la “unidad nacional” para enfrentar a la delincuencia organizada.

En medio de la crisis de seguridad que se refleja en datos escalofriantes: durante 18 meses de usurpación más de cinco mil 400 ejecuciones, cientos de secuestros, sin contar los miles de pequeños asaltos sufridos por los mexicanos de a pie, se unifican las voces de la mayoría de gobernantes, dirigentes partidarios, diputados, senadores, etc., es decir de la clase política, llamando a que no se “politice” el tema de la seguridad pública, cuando el primero que lucró con el tema fue el propio Felipe Calderón.

Esto desnuda varias cosas, una de ellas es la degradación a la que han llevado a la política quienes son, precisamente, los encargados de cumplir con la obligación de salvaguardar los intereses sociales para los que son designados dentro del esquema democrático que formalmente rige la vida pública nacional.

Por otra parte muestra, una vez más, la hipocresía y doble discurso de gran parte de los actores políticos, que en forma vergonzosa encubren sus posiciones con un discurso equívocamente neutro con el que pretenden descalificar a quienes denuncian que no es endureciendo condenas y adoptando posturas pseudo radicales, tras las cuales se esconde incapacidad, ineficiencia y complicidad, como se combate a la delincuencia.

Ahora, como hace cuatro años con los mismos personajes cambiando de rol y en un agravado clima de crisis, se realizarán marchas civiles de protesta al tiempo que el gobierno federal llama a un Consejo Nacional de Seguridad Pública -o Cumbre como prefiere llamarlo el cercado Marcelo Ebrard-. Por la salud de la República sería deseable que surgiera una estrategia diferente para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado. Pero consideramos utópico pedirle peras al olmo neoliberal y el producto de esta reunión probablemente será, en el mejor de los casos, un nuevo catálogo de buenas intenciones.

En tanto, sacudido por el violento vendaval que estremece al país, la administración calderonista hace nuevas concesiones a sus aliados y ajustes a su equipo, con la pretensión de disminuir los costos políticos de su ineficiencia y con la vista puesta en las elecciones intermedias del 2009, sin relegar sus agazapadas intenciones de alcanzar si no la “quesadilla completa” en materia energética al menos sentar las bases de la futura privatización de PEMEX.

Así, en sustitución de José Luis Santiago Vasconcelos, segundo funcionario en importancia dentro de la Procuraduría General de la República, nombra al guanajuatense Juan Miguel Alcántara Soria, ex diputado panista y en algún momento socio de Antonio Lozano Gracia. Se actúa en consonancia con la amenaza del presidente panista Germán Martínez de “guanajuatizar” el país: ahora al menos colocan gente de confianza de Calderón en puestos claves, que garantizan no tanto éxitos en el combate al crimen organizado sino protección a los excesos propios.

En todo caso no hay que olvidar que al tiempo que se levanta este gran escenario en torno a la seguridad pública se mantiene la intención de privatizar PEMEX, de ahí el apoyo irrestricto de los secretarios del Trabajo y de Gobernación al cuestionado y corrupto dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps, quien junto con la maestra Elba Esther Gordillo -signos del viejo corporativismo que no se ha ido-, forma parte de las alianzas calderonistas con los antiguos adversarios del panismo tradicional del que proviene el usurpador michoacano, inconsecuente con sus raíces pero congruente con su formación neoliberal.