Supuesto dinero de Pemex a campaña de Calderón
Revista Contralínea
Expedientes abiertos en la PGR y la SFP involucran a Juan Bueno Torio en supuesta triangulación de recursos para la campaña de Felipe Calderón. El dinero provendría de adjudicaciones para el transporte de hidrocarburos, por 200 millones de pesos.
¡Hace dos años que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga al senador Juan Bueno Torio, exdirector general de la subsidiaria Pemex Refinación, por abuso de autoridad, tráfico de influencias, uso indebido de funciones, coalición de servidores públicos y enriquecimiento ilícito, al autorizar adjudicaciones directas por 10 mil 300 millones de pesos en contratos para servicios de transporte de hidrocarburos.
El expediente (integrado en la averiguación previa 95/UEIDCSPCAJ/2006) radicado en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, contiene un diagrama que detalla cómo se operó la adjudicación de los contratos, de los cuales, cita el texto, el 4 por ciento del monto autorizado, es decir, unos 400 millones de pesos, se destinaron de la siguiente manera:
Doscientos millones “a la campaña de Felipe Calderón; 70 millones a la (campaña) de Juan Bueno Torio, y el resto entre los otros funcionarios que participaron en la operación”, entre ellos Rosendo Villarreal Dávila, José Antonio Gómez Urquiza, Pedro Carlos Gómez Flores, Laura Chong Gutiérrez, Oswaldo Machado Martínez.
Se explica que Pedro Carlos Gómez Flores habría negociado con los transportistas los montos que se repartirían a cada empresa; que José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra –a quien se ubica como financiero de Calderón– aprobaría los montos como presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de Pemex Refinación; que Oswaldo Machado habría diseñado la adjudicación directa, y que Laura Chong Gutiérrez habría operado la parte jurídica.
De resultar ciertos los señalamientos investigados por las autoridades federales, Bueno Torio habría contravenido el artículo 134 constitucional que obliga a licitar cualquier contratación de obra o servicio de gobierno.
Ligas empresariales
Las empresas beneficiadas con las adjudicaciones tienen vínculos de parentesco directo o son propiedad de amigos y militantes del Partido Acción Nacional (PAN).
Jesús González Schmal, exdiputado y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que la inclusión de dicho diagrama fue una de las razones principales por las que el entonces procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, “encapsuló” la denuncia contra Bueno Torio y los directivos de Refinación que, hasta la fecha, siguen en la paraestatal.
Además de Bueno Torio, la denuncia involucra al administrador general de Pemex, Rosendo Villarreal Dávila, quien habría autorizado la partida presupuestal; al subdirector de Finanzas de Refinación, José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra; al gerente de Transporte Terrestre, Oswaldo Machado; a José Antonio Prado Carranza, de la Oficina del Abogado General de Pemex (OAG); el subgerente de Contratos y Pagos, Antonio Farah Capur; y el encargado de la Subgerencia de Operación, Ricardo Estrada Rentería.
Rosendo Villarreal es un político afiliado al PAN desde 1990. Fue presidente municipal de Saltillo, Coahuila, de 1991 a 1993; candidato a la gubernatura del estado en 1993; senador en la Legislaturas LVI. Actualmente es miembro del Consejo Nacional Estatal del blanquiazul.
Prado Carranza ingresó al jurídico de Pemex apoyado por su amigo y excompañero de la Universidad Panamericana, César Nava Vázquez, actual secretario particular del presidente Felipe Calderón. Avaló cinco convenios y contratos asignados a Ivancar, incluidos dos que firmó Juan Camilo Mouriño. En el cambio de gobierno, Felipe Calderón lo colocó al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Luz y Fuerza del Centro.
La relación de Gómez Urquiza de la Macorra es directamente con el presidente Felipe Calderón, y se estrechó cuando en la LV Legislatura (1991-1994) ambos eran compañeros de bancada. Gómez Urquiza se afilió al PAN en 1979; en 1984 se convirtió en consejero nacional, cargo que tiene hasta la fecha dentro del partido. Está casado con Marcela Madero Morelos Zaragoza, hija de Pablo Emilio Madero, fundador del PAN y expresidente nacional, quien como diputado federal, en el mismo periodo que su yerno, perteneció también a la Comisión de Energía.
La denuncia contra Bueno Torio y los citados funcionarios –en la que se les involucra también en la supuesta triangulación de recursos con fines electorales– ante la Secretaría de la Función Pública, quedó radicada en el expediente DE/081/2006. Se les vincula en violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por adjudicar indebidamente los contratos, que posiblemente habrían provocado daño patrimonial a la paraestatal por la suma total de éstos, es decir, por más de 10 mil millones de pesos.
Las denuncias en la PGR y la SFP incluyen oficios internos de la OAG, la Dirección General de Refinación, la Subdirección de Finanzas y la Gerencia de Transporte; correos electrónicos remitidos a las contratistas que serían beneficiadas con las adjudicaciones; contratos que Bueno Torio adjudicó a sus familiares; actas constitutivas de dichas empresas que comprueban el grado de parentesco y consanguinidad de sus propietarios, por lo que, según la Ley de Arrendamiento, Adquisiciones y Servicios, estaban imposibilitadas para contrataciones con el gobierno federal. El mismo caso de Ivancar.
González Schmal dice que el documento que vincula a Felipe Calderón como beneficiario indirecto de parte de estas contrataciones, le fue entregado por un alto directivo de Pemex, junto con otros oficios que documentan la manera en que el área administrativa de Pemex Refinación –con el aval del administrador general de la paraestatal, Rosendo Villarreal Dávila– habría operado las adjudicaciones.
“Nos entregaron las actas del Comité de Adquisiciones donde Gómez Urquiza operaba por encomienda de Juan Bueno Torio. El señuelo para obtener recursos de forma indebida era que allí habría una partida para ir acumulando recursos para Felipe Calderón”, explica.
El exlegislador dice que en la Secretaría de la Función Pública, entonces a cargo de Eduardo Romero Ramos, tampoco avanzaron las indagatorias por los vínculos de los funcionarios en turno con Acción Nacional. Acota que Romero Ramos fue colocado en el cargo por su antecesor Francisco Barrio Terrazas, otro integrante clave de ese partido. González Schmal reflexiona que al dar celeridad a las denuncias que presentaron contra Bueno Torio, “se comprobarían también los ilícitos de Juan Camilo Mouriño Terrazo de haberse beneficiado con los contratos de los cuales ya había antecedentes de su ilegalidad, denunciado ante las autoridades judiciales”.
La operación
En 2006, los diputados Jesús Gonzáles Schmal, Martha Palafox Gutiérrez, Martha Lucía Micher Camarena, Sofía Castro Ríos, Jorge Legorreta Ordorica y Eduardo Espinosa Pérez, presentaron una denuncia penal contra el exdirector de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio, por tráfico de influencias y uso indebido de funciones.
La denuncia de la comisión legislativa en contra del hoy senador panista e integrante de la Comisión de Energía del Senado de la República fue por autorizar discrecionalmente la adjudicación directa de contratos para los servicios de transporte de hidrocarburos.
Juan Camilo Mouriño ha defendido que las adjudicaciones a Ivancar se derivan “de un convenio marco” firmado entre Pemex y un grupo de contratistas. Sin embargo, omite decir que dicho convenio, así como la contratación transexenal, fue impuesta por Juan Bueno Torio para garantizar la contratación multianual de las compañías de su familia y de políticos y funcionarios de Acción Nacional, sin licitación pública de por medio y sin que la paraestatal verificara la capacidad técnica y económica de sus empresas.
Omite también que la validez jurídica se la dio José Antonio Prado Carranza, uno de los principales operadores de César Nava en Pemex.
La historia
Como director de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio firmó un convenio con la Asociación de Transportistas al Servicio de Petróleos Mexicanos, Clientes y Empresas Sustitutas, AC, para el transporte de gasolinas.
Bueno Torio, a su llegada a la subsidiaria, desconoció el convenio e implantó un “Plan piloto de transporte dedicado” y dejó prácticamente fuera a los transportistas de la asociación, para incorporar a las empresas de su familia y de otros políticos y funcionarios del PAN, entre ellas Ivancar, de la familia Mouriño, en contravención a la Ley de Adquisiciones.
En respuesta al desconocimiento del acuerdo por parte de Bueno Torio, la asociación presentó sendos juicios de amparo contra la subsidiaria –expedientes 1551/2003 y 1052/2003– ante el juez séptimo en Materia Administrativa, que derivaron en sendas denuncias contra la subsidiaria en la PGR y la SFP.
Sobre este mismo caso, en mayo de 2004, Elías Dip Rame, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, AC, denunció a Bueno Torio –expediente DE/09/2004– por corrupción y tráfico de influencias, al aumentar 400 por ciento los montos asignados “a sus parientes”. Ese mismo año, por intervención de la Oficina del Abogado General de Pemex, el caso fue cerrado.
El 26 de enero de 2005, Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución, suscribe un convenio con las transportistas que serían beneficiadas con los contratos multianuales, entre ellas Ivancar.
El esquema del contrato multianual de Ivancar habría sido elaborado desde enero de ese año por el entonces gerente jurídico de Convenios y Contratos, José Antonio Prado Carranza.
El 16 de febrero de 2005, la Gerencia de Transporte Terrestre, encabezada por Oswaldo Machado, define los criterios de asignación de montos para contratos individuales. Y ese mismo día se determina la multianualidad de éstos.
Oficios internos de Pemex revelan que el acuerdo se hizo entre altos funcionarios de Refinación y la Canacar (Cámara Nacional del Autotransporte de Carga) antes de que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios justificara la necesidad de la contratación, lo cual contraviene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público e incumple con los lineamientos para adjudicaciones directas.
La disposición de los recursos la hizo el subdirector de Finanzas y Administración de Pemex Refinación, José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra, y fue avalada por el administrador general de Pemex, Rosendo Alfredo Villarreal Dávila.
El 23 de febrero de 2005, Pemex enlistó a las compañías que recibirían los contratos por un monto de 10 mil 114 millones de pesos. En el oficio DG 69/2005, León Flores González, presidente nacional de la Canacar, envió a Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución de la subsidiaria, la lista de transportistas beneficiados con los contratos multianuales por adjudicación directa, vigentes desde ese año y hasta el 31 de diciembre de 2008.
Pero el servicio lo solicitó el Comité de Adquisiciones hasta el 9 de marzo de 2005, según un documento de Pemex clasificado como “reservado”, lo que significa que el subdirector de Refinación negoció primero las adjudicaciones con los transportistas y luego se hizo oficial la necesidad del servicio.
Lo anterior invalida el supuesto de la necesidad de la adjudicación directa que, según la Ley de Adquisiciones, está reservada para otorgarse cuando peligra el orden social, economía y seguridad nacional, cuando se tiene derechos exclusivos o patente, cuando son grupos marginados que por interés de la sociedad se puedan apoyar siempre y cuando sea en igualdad de condiciones con otras propuestas. Ni el servicio ni las transportistas beneficiadas estaban en esta condición, tan es así, que cuatro eran de familiares de Bueno Torio y una del actual secretario de Gobernación. Ambas familias de las más ricas de sus respectivos estados.
El 2 de marzo de 2005, la Gerencia de Transporte Terrestre, a cargo de Oswaldo Machado Martínez, presenta el “dictamen de justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la licitación pública”, firmado además por José Antonio Farah Capur, subgerente de Contratos y Pagos, y Ricardo Estradas Rentería, encargado de la Subgerencia de Operación.
La argumentación es que si no se otorgaban los contratos multianuales “se podría provocar desabasto y probables bloqueos a instalaciones de Pemex Refinación y/o vías de comunicación, lo cual implicaría un gravísimo riesgo económico, político y social”.
En el documento se asienta que en el procedimiento de propuesta no habría mediado servidor público alguno interesado en obtener beneficio de ella. Aunque en la argumentación misma se incluyó el padrón de empresas beneficiarias y se conocía la relación de éstas con algunos funcionarios de Refinación, desde el entonces director, Juan Bueno Torio, quien también fungía como presidente del Consejo de Administración de la subsidiaria.
En sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, presidida por José Antonio Gómez Urquiza, el 9 de marzo de 2005 la Gerencia de Transporte Terrestre solicitó la aprobación de la adjudicación. El acta está clasificada en Pemex como “reservada”.
El 1 de junio de ese año, las empresas firmaron los contratos en los que aparecen, además, las firmas de Oswaldo Machado y José Antonio Prado.
La irregularidad en las asignaciones alcanzaría a la administración de Jesús Reyes Heroles, pues además de darles continuidad, en el caso de algunos transportistas como Ivancar, en enero pasado les asignó partidas presupuestales adicionales, del 20 por ciento del monto original.
Operadores en Gobernación
Jesús González Schmal responsabiliza al hoy subsecretario de Gobernación, Francisco Daniel Cabeza de Vaca, ante quien en 2006 se denunció penalmente a Juan Bueno Torio, de “incurrir en violaciones a la Ley Orgánica de la PGR, por no desahogar las denuncias en el tiempo en que la ley lo estipula, y en las condiciones de impartición de justicia pronta y expedita”.
Respecto del secretario de Gobernación, quien fue beneficiado de forma directa con estas asignaciones, señala: “Lo más grave es que él como contratista de Pemex tenía conocimiento pleno de cómo se operaron estos contratos, de que nosotros documentamos que las adjudicaciones eran ilegales, que denunciamos penalmente, e independientemente si de allí él o su familia aportó o no a la campaña de Calderón, Juan Camilo Mouriño no tuvo empacho y pudor alguno en beneficiarse de ellos”.
Explica que aunque hasta la fecha no se ha presentado denuncia penal contra el secretario de Gobernación, de dar celeridad a las denuncias contra Bueno Torio se comprobaría la ilegitimidad de los contratos de Ivancar “y el tráfico de influencias y conflicto de intereses del secretario de Gobernación”.
Explica que una vez que se compruebe la ilegalidad de los contratos, el dinero que los accionistas de Ivancar han recibido a cuenta, implicaría peculado. Hasta noviembre de 2007, de acuerdo con las facturas obtenidas por Contralínea, la empresa del secretario de Gobernación había cobrado a cuenta del contrato 00142-CM/2005-2008 cerca de 39 millones de pesos.
Actualmente, diputados de los partidos políticos adheridos al Frente Amplio Progresista (FAP) documentan la ilegalidad de los contratos de Pemex Refinación, porque la designación del monto, la vigencia y la partida para cada empresa las establecieron funcionarios de Pemex sin consultar al Legislativo para comprometer presupuesto fiscal multianual y, sobre todo, de carácter transexenal.
El diputado Elías Cárdenas asegura que funcionarios de Pemex, entre ellos José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra, a quien en las indagatorias de la PGR se le señala como “financiero de Felipe Calderón”, habrían excedido de sus funciones e incurrido en delitos del orden penal.
Para confrontar la información se buscaron entrevistas con José Antonio Gómez Urquiza, subdirector de Refinación; al área de Comunicación Social de la Presidencia de la República, y al senador Juan Bueno Torio, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Expedientes abiertos en la PGR y la SFP involucran a Juan Bueno Torio en supuesta triangulación de recursos para la campaña de Felipe Calderón. El dinero provendría de adjudicaciones para el transporte de hidrocarburos, por 200 millones de pesos.
¡Hace dos años que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga al senador Juan Bueno Torio, exdirector general de la subsidiaria Pemex Refinación, por abuso de autoridad, tráfico de influencias, uso indebido de funciones, coalición de servidores públicos y enriquecimiento ilícito, al autorizar adjudicaciones directas por 10 mil 300 millones de pesos en contratos para servicios de transporte de hidrocarburos.
El expediente (integrado en la averiguación previa 95/UEIDCSPCAJ/2006) radicado en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, contiene un diagrama que detalla cómo se operó la adjudicación de los contratos, de los cuales, cita el texto, el 4 por ciento del monto autorizado, es decir, unos 400 millones de pesos, se destinaron de la siguiente manera:
Doscientos millones “a la campaña de Felipe Calderón; 70 millones a la (campaña) de Juan Bueno Torio, y el resto entre los otros funcionarios que participaron en la operación”, entre ellos Rosendo Villarreal Dávila, José Antonio Gómez Urquiza, Pedro Carlos Gómez Flores, Laura Chong Gutiérrez, Oswaldo Machado Martínez.
Se explica que Pedro Carlos Gómez Flores habría negociado con los transportistas los montos que se repartirían a cada empresa; que José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra –a quien se ubica como financiero de Calderón– aprobaría los montos como presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de Pemex Refinación; que Oswaldo Machado habría diseñado la adjudicación directa, y que Laura Chong Gutiérrez habría operado la parte jurídica.
De resultar ciertos los señalamientos investigados por las autoridades federales, Bueno Torio habría contravenido el artículo 134 constitucional que obliga a licitar cualquier contratación de obra o servicio de gobierno.
Ligas empresariales
Las empresas beneficiadas con las adjudicaciones tienen vínculos de parentesco directo o son propiedad de amigos y militantes del Partido Acción Nacional (PAN).
Jesús González Schmal, exdiputado y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que la inclusión de dicho diagrama fue una de las razones principales por las que el entonces procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, “encapsuló” la denuncia contra Bueno Torio y los directivos de Refinación que, hasta la fecha, siguen en la paraestatal.
Además de Bueno Torio, la denuncia involucra al administrador general de Pemex, Rosendo Villarreal Dávila, quien habría autorizado la partida presupuestal; al subdirector de Finanzas de Refinación, José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra; al gerente de Transporte Terrestre, Oswaldo Machado; a José Antonio Prado Carranza, de la Oficina del Abogado General de Pemex (OAG); el subgerente de Contratos y Pagos, Antonio Farah Capur; y el encargado de la Subgerencia de Operación, Ricardo Estrada Rentería.
Rosendo Villarreal es un político afiliado al PAN desde 1990. Fue presidente municipal de Saltillo, Coahuila, de 1991 a 1993; candidato a la gubernatura del estado en 1993; senador en la Legislaturas LVI. Actualmente es miembro del Consejo Nacional Estatal del blanquiazul.
Prado Carranza ingresó al jurídico de Pemex apoyado por su amigo y excompañero de la Universidad Panamericana, César Nava Vázquez, actual secretario particular del presidente Felipe Calderón. Avaló cinco convenios y contratos asignados a Ivancar, incluidos dos que firmó Juan Camilo Mouriño. En el cambio de gobierno, Felipe Calderón lo colocó al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Luz y Fuerza del Centro.
La relación de Gómez Urquiza de la Macorra es directamente con el presidente Felipe Calderón, y se estrechó cuando en la LV Legislatura (1991-1994) ambos eran compañeros de bancada. Gómez Urquiza se afilió al PAN en 1979; en 1984 se convirtió en consejero nacional, cargo que tiene hasta la fecha dentro del partido. Está casado con Marcela Madero Morelos Zaragoza, hija de Pablo Emilio Madero, fundador del PAN y expresidente nacional, quien como diputado federal, en el mismo periodo que su yerno, perteneció también a la Comisión de Energía.
La denuncia contra Bueno Torio y los citados funcionarios –en la que se les involucra también en la supuesta triangulación de recursos con fines electorales– ante la Secretaría de la Función Pública, quedó radicada en el expediente DE/081/2006. Se les vincula en violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por adjudicar indebidamente los contratos, que posiblemente habrían provocado daño patrimonial a la paraestatal por la suma total de éstos, es decir, por más de 10 mil millones de pesos.
Las denuncias en la PGR y la SFP incluyen oficios internos de la OAG, la Dirección General de Refinación, la Subdirección de Finanzas y la Gerencia de Transporte; correos electrónicos remitidos a las contratistas que serían beneficiadas con las adjudicaciones; contratos que Bueno Torio adjudicó a sus familiares; actas constitutivas de dichas empresas que comprueban el grado de parentesco y consanguinidad de sus propietarios, por lo que, según la Ley de Arrendamiento, Adquisiciones y Servicios, estaban imposibilitadas para contrataciones con el gobierno federal. El mismo caso de Ivancar.
González Schmal dice que el documento que vincula a Felipe Calderón como beneficiario indirecto de parte de estas contrataciones, le fue entregado por un alto directivo de Pemex, junto con otros oficios que documentan la manera en que el área administrativa de Pemex Refinación –con el aval del administrador general de la paraestatal, Rosendo Villarreal Dávila– habría operado las adjudicaciones.
“Nos entregaron las actas del Comité de Adquisiciones donde Gómez Urquiza operaba por encomienda de Juan Bueno Torio. El señuelo para obtener recursos de forma indebida era que allí habría una partida para ir acumulando recursos para Felipe Calderón”, explica.
El exlegislador dice que en la Secretaría de la Función Pública, entonces a cargo de Eduardo Romero Ramos, tampoco avanzaron las indagatorias por los vínculos de los funcionarios en turno con Acción Nacional. Acota que Romero Ramos fue colocado en el cargo por su antecesor Francisco Barrio Terrazas, otro integrante clave de ese partido. González Schmal reflexiona que al dar celeridad a las denuncias que presentaron contra Bueno Torio, “se comprobarían también los ilícitos de Juan Camilo Mouriño Terrazo de haberse beneficiado con los contratos de los cuales ya había antecedentes de su ilegalidad, denunciado ante las autoridades judiciales”.
La operación
En 2006, los diputados Jesús Gonzáles Schmal, Martha Palafox Gutiérrez, Martha Lucía Micher Camarena, Sofía Castro Ríos, Jorge Legorreta Ordorica y Eduardo Espinosa Pérez, presentaron una denuncia penal contra el exdirector de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio, por tráfico de influencias y uso indebido de funciones.
La denuncia de la comisión legislativa en contra del hoy senador panista e integrante de la Comisión de Energía del Senado de la República fue por autorizar discrecionalmente la adjudicación directa de contratos para los servicios de transporte de hidrocarburos.
Juan Camilo Mouriño ha defendido que las adjudicaciones a Ivancar se derivan “de un convenio marco” firmado entre Pemex y un grupo de contratistas. Sin embargo, omite decir que dicho convenio, así como la contratación transexenal, fue impuesta por Juan Bueno Torio para garantizar la contratación multianual de las compañías de su familia y de políticos y funcionarios de Acción Nacional, sin licitación pública de por medio y sin que la paraestatal verificara la capacidad técnica y económica de sus empresas.
Omite también que la validez jurídica se la dio José Antonio Prado Carranza, uno de los principales operadores de César Nava en Pemex.
La historia
Como director de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio firmó un convenio con la Asociación de Transportistas al Servicio de Petróleos Mexicanos, Clientes y Empresas Sustitutas, AC, para el transporte de gasolinas.
Bueno Torio, a su llegada a la subsidiaria, desconoció el convenio e implantó un “Plan piloto de transporte dedicado” y dejó prácticamente fuera a los transportistas de la asociación, para incorporar a las empresas de su familia y de otros políticos y funcionarios del PAN, entre ellas Ivancar, de la familia Mouriño, en contravención a la Ley de Adquisiciones.
En respuesta al desconocimiento del acuerdo por parte de Bueno Torio, la asociación presentó sendos juicios de amparo contra la subsidiaria –expedientes 1551/2003 y 1052/2003– ante el juez séptimo en Materia Administrativa, que derivaron en sendas denuncias contra la subsidiaria en la PGR y la SFP.
Sobre este mismo caso, en mayo de 2004, Elías Dip Rame, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, AC, denunció a Bueno Torio –expediente DE/09/2004– por corrupción y tráfico de influencias, al aumentar 400 por ciento los montos asignados “a sus parientes”. Ese mismo año, por intervención de la Oficina del Abogado General de Pemex, el caso fue cerrado.
El 26 de enero de 2005, Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución, suscribe un convenio con las transportistas que serían beneficiadas con los contratos multianuales, entre ellas Ivancar.
El esquema del contrato multianual de Ivancar habría sido elaborado desde enero de ese año por el entonces gerente jurídico de Convenios y Contratos, José Antonio Prado Carranza.
El 16 de febrero de 2005, la Gerencia de Transporte Terrestre, encabezada por Oswaldo Machado, define los criterios de asignación de montos para contratos individuales. Y ese mismo día se determina la multianualidad de éstos.
Oficios internos de Pemex revelan que el acuerdo se hizo entre altos funcionarios de Refinación y la Canacar (Cámara Nacional del Autotransporte de Carga) antes de que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios justificara la necesidad de la contratación, lo cual contraviene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público e incumple con los lineamientos para adjudicaciones directas.
La disposición de los recursos la hizo el subdirector de Finanzas y Administración de Pemex Refinación, José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra, y fue avalada por el administrador general de Pemex, Rosendo Alfredo Villarreal Dávila.
El 23 de febrero de 2005, Pemex enlistó a las compañías que recibirían los contratos por un monto de 10 mil 114 millones de pesos. En el oficio DG 69/2005, León Flores González, presidente nacional de la Canacar, envió a Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución de la subsidiaria, la lista de transportistas beneficiados con los contratos multianuales por adjudicación directa, vigentes desde ese año y hasta el 31 de diciembre de 2008.
Pero el servicio lo solicitó el Comité de Adquisiciones hasta el 9 de marzo de 2005, según un documento de Pemex clasificado como “reservado”, lo que significa que el subdirector de Refinación negoció primero las adjudicaciones con los transportistas y luego se hizo oficial la necesidad del servicio.
Lo anterior invalida el supuesto de la necesidad de la adjudicación directa que, según la Ley de Adquisiciones, está reservada para otorgarse cuando peligra el orden social, economía y seguridad nacional, cuando se tiene derechos exclusivos o patente, cuando son grupos marginados que por interés de la sociedad se puedan apoyar siempre y cuando sea en igualdad de condiciones con otras propuestas. Ni el servicio ni las transportistas beneficiadas estaban en esta condición, tan es así, que cuatro eran de familiares de Bueno Torio y una del actual secretario de Gobernación. Ambas familias de las más ricas de sus respectivos estados.
El 2 de marzo de 2005, la Gerencia de Transporte Terrestre, a cargo de Oswaldo Machado Martínez, presenta el “dictamen de justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la licitación pública”, firmado además por José Antonio Farah Capur, subgerente de Contratos y Pagos, y Ricardo Estradas Rentería, encargado de la Subgerencia de Operación.
La argumentación es que si no se otorgaban los contratos multianuales “se podría provocar desabasto y probables bloqueos a instalaciones de Pemex Refinación y/o vías de comunicación, lo cual implicaría un gravísimo riesgo económico, político y social”.
En el documento se asienta que en el procedimiento de propuesta no habría mediado servidor público alguno interesado en obtener beneficio de ella. Aunque en la argumentación misma se incluyó el padrón de empresas beneficiarias y se conocía la relación de éstas con algunos funcionarios de Refinación, desde el entonces director, Juan Bueno Torio, quien también fungía como presidente del Consejo de Administración de la subsidiaria.
En sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, presidida por José Antonio Gómez Urquiza, el 9 de marzo de 2005 la Gerencia de Transporte Terrestre solicitó la aprobación de la adjudicación. El acta está clasificada en Pemex como “reservada”.
El 1 de junio de ese año, las empresas firmaron los contratos en los que aparecen, además, las firmas de Oswaldo Machado y José Antonio Prado.
La irregularidad en las asignaciones alcanzaría a la administración de Jesús Reyes Heroles, pues además de darles continuidad, en el caso de algunos transportistas como Ivancar, en enero pasado les asignó partidas presupuestales adicionales, del 20 por ciento del monto original.
Operadores en Gobernación
Jesús González Schmal responsabiliza al hoy subsecretario de Gobernación, Francisco Daniel Cabeza de Vaca, ante quien en 2006 se denunció penalmente a Juan Bueno Torio, de “incurrir en violaciones a la Ley Orgánica de la PGR, por no desahogar las denuncias en el tiempo en que la ley lo estipula, y en las condiciones de impartición de justicia pronta y expedita”.
Respecto del secretario de Gobernación, quien fue beneficiado de forma directa con estas asignaciones, señala: “Lo más grave es que él como contratista de Pemex tenía conocimiento pleno de cómo se operaron estos contratos, de que nosotros documentamos que las adjudicaciones eran ilegales, que denunciamos penalmente, e independientemente si de allí él o su familia aportó o no a la campaña de Calderón, Juan Camilo Mouriño no tuvo empacho y pudor alguno en beneficiarse de ellos”.
Explica que aunque hasta la fecha no se ha presentado denuncia penal contra el secretario de Gobernación, de dar celeridad a las denuncias contra Bueno Torio se comprobaría la ilegitimidad de los contratos de Ivancar “y el tráfico de influencias y conflicto de intereses del secretario de Gobernación”.
Explica que una vez que se compruebe la ilegalidad de los contratos, el dinero que los accionistas de Ivancar han recibido a cuenta, implicaría peculado. Hasta noviembre de 2007, de acuerdo con las facturas obtenidas por Contralínea, la empresa del secretario de Gobernación había cobrado a cuenta del contrato 00142-CM/2005-2008 cerca de 39 millones de pesos.
Actualmente, diputados de los partidos políticos adheridos al Frente Amplio Progresista (FAP) documentan la ilegalidad de los contratos de Pemex Refinación, porque la designación del monto, la vigencia y la partida para cada empresa las establecieron funcionarios de Pemex sin consultar al Legislativo para comprometer presupuesto fiscal multianual y, sobre todo, de carácter transexenal.
El diputado Elías Cárdenas asegura que funcionarios de Pemex, entre ellos José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra, a quien en las indagatorias de la PGR se le señala como “financiero de Felipe Calderón”, habrían excedido de sus funciones e incurrido en delitos del orden penal.
Para confrontar la información se buscaron entrevistas con José Antonio Gómez Urquiza, subdirector de Refinación; al área de Comunicación Social de la Presidencia de la República, y al senador Juan Bueno Torio, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
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12:04 a.m.
