El Estado y la izquierda en México

Por Esto

I La estrategia para someter al país: la construcción de un Estado autoritario

"Así como el pueblo afirma que al pulque sólo le falta un grado para convertirse en carne, al Estado en México sólo le falta un grado para ser fascista." - José Revueltas


Si algo está demostrando el gobierno de Felipe Calderón es que tiene un proyecto perfectamente bien trazado para construir un Estado abiertamente autoritario y, cada vez más, estrechamente comprometido y alineado con los intereses de los grandes grupos económicos y con los objetivos geopolíticos de los Estados Unidos y del capital imperialista. Para satisfacer a éstos últimos, está dispuesto a liquidar la mayoría de los derechos sociales y políticos que la sociedad había logrado para hacer la vida más civilizada, solidaria y humana o, más específicamente, menos inhumana.

Resulta claro que desde su campaña política, Calderón pactó con los grandes grupos empresariales la realización de su proyecto de país. Es, por lo tanto, el representante de aquellos. En el centro de este proyecto se encuentran dos grandes lineamientos a alcanzar, el primero es la reforma fiscal, que implica disminuir los impuestos al capital (o sea a la minoría privilegiada) e incrementar los impuestos al consumo (esto es a la mayoría de la población a través del IVA), y con ello obtener más recursos, pero a costa de los sectores de menos recursos. El segundo es la reforma energética, que implica entregar PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad al gran capital. La consecución de ambos dejaría un Estado injusto, descapitalizado y pobre, inerme ante el capital, al servicio de éste e incapacitado para representar de alguna manera a la mayoría. En otras palabras, el dominio de la oligarquía mexicana quedaría sellado plenamente y no habría mediación o fuerza alguna que pudiera contenerlo o atenuarlo. Es esta la aspiración fundamental de la derecha mexicana, desde tiempos de Limantour.

El inquilino de Los Pinos y su grupo saben muy bien que estas medidas podrían provocar reacciones sociales impredecibles y, por ello, han trazado toda una estrategia que se basa en lograr el consenso y la aceptación a través de una ofensiva mediática sin precedentes y, por si esto falla, contar con un aparato policiaco-militar y una estructura jurídica a modo.

La ofensiva mediática, además de tratar de convencernos de la premisa falsa de que las reformas que impulsa el gobierno favorecen a la población, se dirige, sobre todo, a construir la ilusión de que vivimos en una democracia maravillosa y perfecta, pero, sobre todo, pretende descalificar a cualquier forma de disidencia. Con una estrategia goebelsiana, los medios machacan y repiten la idea de que las manifestaciones contrarias o críticas a las decisiones que se toman desde el poder son antidemocráticas, violentas y hasta terroristas. Curiosamente, las medidas jurídicas que el Ejecutivo está impulsando (a las que me refiero a continuación) y que está haciendo pasar en las cámaras, están conculcando las garantías constitucionales y amenazan las libertades públicas y la democracia. Para poder imponerlas la radio y la televisión actúan como medios de Estado, a semejanza de cómo lo han hecho en regímenes dictatoriales.

Para el supuesto que la ciudadanía se sobreponga a la embestida mediática, se están dando los pasos para poder reprimir a los inconformes, dejándolos legalmente indefensos frente a un gobierno con poderes hipertrofiados. Por ello, desde su llegada, Calderón ha fortalecido a la Policía Federal Preventiva, la cual ha tenido un papel privilegiado en la represión de movimientos sociales y aprovechando el pretexto del narcotráfico, ha sacado al Ejército a las calles (desviándolo de su función constitucional de defensor de la soberanía) en funciones de policía, creando así un ambiente de miedo que favorezca la aceptación e incluso la demanda, de todo tipo de medidas de seguridad y control sobre la población. Posteriormente, ha logrado imponer una reforma judicial que avala todo tipo de abusos por parte de los cuerpos policiacos, que deja inerme y sin defensa jurídica a la población y que permite la represión contra los líderes de los movimientos sociales que cuestionen las políticas oficiales. El destacado jurista Sergio García Ramírez ha comparado esta reforma con un vaso de agua potable… con unas gotas de veneno dentro. La siguiente medida ya está en las cámaras para su discusión, es la Ley de Estado de Excepción, para, en caso extremo, suspender las garantías y controlar con violencia la rebeldía social. ¿Podría pensarse un proyecto más dictatorial que éste?