De Iván el terrible a Iván el culpable

La Jornada

Es bien sabido que los amigos cercanos de Juan Camilo Mouriño lo llaman Iván el terrible. Muchos, desde luego, desconocemos los motivos que tienen esas personas para llamarlo así. Quizá sea un asunto relacionado con los exitosos negocios que realiza con sus empresas familiares o bien por su vertiginosa y exitosa carrera política, que lo ha llevado en poco más de 10 años a ocupar el cargo de secretario de Gobernación en un gobierno sobre el cual millones de mexicanos estamos convencidos de que no ganó la elección.

El hecho es que desde el 24 de febrero Andrés Manuel López Obrador entregó una serie de documentos a los coordinadores legislativos del Frente Amplio Progresista, que incluyen contratos con Pemex firmados por Iván el terrible como apoderado legal de la empresa Ivancar.

Después de casi dos semanas de ambigüedades, Iván el terrible aceptó haber firmado los contratos entre las empresas familiares y Petróleos Mexicanos, señalando que dichos contratos eran auténticos, pero legales.

Más aún, se atrevió a señalar que no hay ninguna responsabilidad de su parte ya que según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos “jamás he participado en la toma de decisión de Pemex, no nada más sobre este contrato, sobre ninguno” y tampoco ha estado en un Consejo de Administración de Pemex.

Esto lo señaló en virtud de que dicho ordenamiento, en su artículo 8, fracción XI, establece que los servidores públicos deben excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes v consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

De hecho, el mismo artículo en su último párrafo añade que: El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos.

Es obvio que aquí pasó de Iván el terrible a Iván el culpable, ya que su curriculum establece que durante 2003 fue asesor en la Secretaría de Energía y durante 2004 subsecretario de Electricidad de la misma dependencia.

Es pertinente recordar que Felipe Calderón ocupó el cargo de secretario de Energía desde septiembre de 2003 a mayo de 2004.

Aquí conviene mencionar que por ley, el secretario de Energía funge también como presidente del Consejo de Administración de Pemex, por lo que resulta inverosímil que el “asesor del secretario” no estuviese enterado de lo que se discutía, aprobaba o firmaba en Pemex.

La situación se complica si recordamos que al menos dos contratos están fechados en los meses de septiembre y diciembre de 2003, ya que Iván debió haber avisado de esta situación a su jefe inmediato; según lo dispuesto por el último párrafo del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativa de los Servidores Públicos.

Por ello Calderón, siendo secretario de Energía y jefe inmediato de Iván, debió estar al tanto de esta situación que sin lugar a dudas no objetó, en virtud de que se concretó la firma del contrato.

Conviene recordarle al presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, que el artículo 3 de la Ley de Responsabilidades faculta para su aplicación tanto a las cámaras de Diputados y Senadores como a la Auditoría Superior de la Federación, como a la Procuraduría General de la República, entre otros, para que deje de actuar como uno de los más fuertes defensores de Iván el culpable.