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miércoles, 19 de marzo de 2008

Aprueban plan de AMLO en defensa del petróleo

La Jornada

Andrés Manuel López Obrador anunció ayer la aplicación de un plan de resistencia civil pacífica que iniciará el próximo martes 25 si ese día se presenta una iniciativa de reforma energética. La movilización incluye imponer “cercos ciudadanos” encabezados por mujeres, en aeropuertos, carreteras, instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en las dos cámaras del Congreso de la Unión, e incluso “un paro nacional patriótico”.

El tabasqueño convocó a la ciudadanía “a participar en todas las movilizaciones que sean necesarias hasta conjurar la amenaza de privatización de la industria petrolera e impedir la consumación de esta desastrosa felonía”.

Ante miles de personas congregadas en el Zócalo de la ciudad de México para conmemorar el 70 aniversario de la expropiación petrolera, pidió “estar muy alertas” para que ese día, en asamblea informativa, se inicien las acciones que permitan evitar que los energéticos pasen al sector privado nacional y extranjero. “Privatización es corrupción”, definió.

El “presidente legítimo” aseveró que quien propicia los negocios turbios del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con Pemex y es “el principal promotor de las relaciones con las empresas extranjeras vinculadas al sector energético es el señor Felipe Calderón”.

López Obrador, quien el 24 de febrero pasado reveló cómo Mouriño firmó contratos para el transporte de combustibles cuando era legislador y funcionario, resaltó que detrás de la pretensión de privatizar Pemex “está la codicia de las minorías rapaces y de funcionarios públicos; ésa es la historia de la derecha”.

Por esa razón, expuso, en lugar de buscar la entrega de la paraestatal a capitales privados, se requiere combatir la corrupción e iniciar una auditoría que permita aclarar, entre otros aspectos, la relación de Calderón con Mouriño; César Nava; el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, y el subsecretario de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome.

En una tarde en la que se hizo evidente la ausencia de líderes y legisladores de la corriente Nueva Izquierda y resaltó la presencia de Alejandro Encinas, a quien Jesusa Rodríguez presentó como el “virtual presidente” del Partido de la Revolución Democrática, López Obrador, respaldado por las dirigencias de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista –PRD, Convergencia y del Trabajo–, sostuvo que sería gravísimo permitir la privatización del petróleo, porque el despojo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta.

“Además, dejaríamos de ser un país libre y soberano; se rompería el orden constitucional, se elevaría a rango supremo la corrupción; nos quedaríamos sin la posibilidad de transitar por un camino propio con un modelo de desarrollo que concilie el crecimiento con el bienestar; sería una fuente constante de fricciones, desacuerdos y conflictos”, alertó.

Por eso, dijo, es preferible actuar ahora y no permitir que la derecha termine por desestabilizar el país, cuando sus militantes son los más tenaces violadores de la Constitución y las leyes. “Nosotros no queremos la violencia, vamos a transformar a México por la vía pacífica, seguiremos actuando de manera responsable, pero con firmeza y patriotismo”, afirmó.

Explicó que se tomó la decisión de llevar a cabo un plan de resistencia civil pacífica en caso de que las cúpulas de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional decidan “cometer esta traición a la patria”.

Refirió que se avanzó en la organización de los comités estatales para la defensa del petróleo y precisó que la movilización iniciará cuando se presente la iniciativa, mientras en las cámaras del Congreso los coordinadores parlamentarios están “atentos y dispuestos a llevar acciones al interior de los recintos del Poder Legislativo”.

Explicó que como se tiene información en el sentido de que el proyecto será enviado a alguna de las dos cámaras el martes 25, se hace necesaria la convocatoria para una asamblea informativa ese día en el Zócalo para actuar de inmediato.

López Obrador resaltó que las acciones contra la privatización del petróleo se enmarcan en la resistencia civil pacífica, por lo que pidió a sus simpatizantes que contribuyam a evitar la provocación y la violencia.

“Lo que vamos a hacer pacíficamente es noble, responsable y eficaz. Caer en la trampa de la violencia sería contraproducente, sería ayudar a nuestros adversarios. ¡Cuidado con los provocadores infiltrados del gobierno usurpador! Ellos buscarán los pretextos para el uso de la fuerza y para su campaña de desprestigio en los medios de comunicación”, advirtió.

Responsabilidad y disciplina

Pidió a quienes se inscriban para integrarse a las brigadas actuar con responsabilidad y disciplina. Anticipó que estas acciones serán cuestionadas por los medios de comunicación, “que se nos vendrán encima con sus campañas. Nos llamarán alborotadores, violentos, intransigentes, dirán que queremos que le vaya mal al país y volverán a decir que somos un peligro para México”.

Sin embargo, dijo, nadie debe preocuparse “por estas vulgares campañas”, porque quienes participen lo harán con convicción, guiados por valores y definió: “no importa que al final nos desgastemos políticamente si logramos mantener bajo el dominio de la nación nuestros recursos naturales”.

En el templete, la secretaria de Energía del “gobierno legítimo” retó a la titular de Energía, Georgina Kessel, a un debate para demostrar que no es necesaria la privatización petrolera. “Si quiere, traiga a sus técnicos españoles y gringos, que nosotros estaremos junto a los técnicos mexicanos de Pemex”, expresó.

Después, en su discurso ante miles de personas que colmaron la Plaza de la Constitución desde el asta bandera, donde se instaló el templete, hasta las calles de Madero, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre y Pino Suárez, López Obrador sostuvo que hay tres razones fundamentales para rechazar la llamada reforma energética: la defensa de la soberanía nacional; porque sería una violación infame a la Constitución y porque detrás de la privatización está “el interés de un grupo para hacer negocios privados al amparo del poder público”.

Por ejemplo, dijo, Juan Camilo Mouriño firmó contratos en beneficio de las empresas familiares. “Este improvisado funcionario en asuntos de gobierno, que no de negocios, ha confesado que, en efecto, suscribió los contratos en cuestión, aunque de manera cínica alega que fueron éticos y legales. Lo cierto es que armó una red de complicidades con personajes que ocupan puestos claves al interior de Pemex y en otras entidades del gobierno federal”, sostuvo.