El decretito

La Jornada / Luis Javier Garrido

El gobierno de facto está empeñado en su segundo año en generar un escenario de violencia en el país, sin importarle hundirse cada vez más en la ilegalidad, con tal de poder tender una cortina de humo que le permita aplicar los programas neoliberales que le exigen desde el exterior.

1. La decisión de Los Pinos de “institucionalizar” el papel ilegal que ha venido asumiendo el Ejército Mexicano, forzado por la administración espuria de Felipe Calderón a lanzarse en operativos antinarcóticos en las zonas urbanas a fin de generar un clima de violencia que amedrente a la población, tal y como se decreta en el Programa Sectorial de Defensa Nacional publicado en el Diario Oficial del 24 de enero, anuncia que quienes toman las decisiones en México preparan un escenario de violencia cada vez mayor para lo que resta del sexenio, a fin de poder sacar adelante sus políticas.

2. La pretensión de que el país se halle “militarizado” por lo menos hasta 2012, evidencia que el gobierno espurio se ha asumido como un gobierno de trámite, que en función del objetivo de algunas multinacionales a las que se halla sometido no tiene otro proyecto que el de desmantelar al Estado nacional y dejar a los panistas en el poder en 2012, lo que presupone antes obtener la mayoría en la Cámara de Diputados en 2009, y para eso las fuerzas armadas le están sirviendo de manera estupenda.

3. Las acciones del Ejército en 2007 no buscaron como se ha visto disminuir el tráfico de estupefacientes en México ni frenar su consumo aquí o en Estados Unidos, ni mucho menos abatir el poder financiero, político y social de los cárteles de la droga, estrechamente vinculados a los intereses del PAN y del PRI, sino a generar un estado de shock permanente en la población, que amedrente al pueblo e inhiba a los movimientos sociales y le permita al equipo calderonista continuar con sus políticas entreguistas, pero el costo que tienen para el país estas políticas es, sin embargo, muy grave.

4. Las actuación ilegal de las fuerzas armadas al obedecer las órdenes de Calderón ha sido demostrada por múltiples juristas, que han señalado que a) el Ejército no puede actuar como policía judicial o ministerial conforme a los artículos 21 y 129 de la Constitución, que b) las autonomías estatal y municipal no pueden transgredirse asumiendo los militares funciones que no les corresponden, como la de “desarmar” a las policías municipales, tal y como lo establecen además los artículos 115 y 116 constitucionales, y que c) un estado de excepción o de suspensión de garantías individuales, que es el que de hecho prevalece en diversas entidades, no puede ser sino establecido por una ley, votada por el Congreso de la Unión, tal y como lo dispone el artículo 29 constitucional, y no por un decretito firmado por un gobernante, al margen de que éste sea o no espurio.

5. El Ejército, por consiguiente, está hundiéndose con estos operativos ilegales en el mayor desprestigio de su historia, pues está con ellos no sólo violentando a la población sino afectando su propia organización y estructura. Si entre 2000 y 2006 desertaron del Ejército y la Fuerza Aérea más de 150 mil elementos, muchos de ellos para pasar a las filas del narco, según ha dado a conocer en enero la Secretaría de la Defensa Nacional, este número se ha incrementado notablemente desde que se instauró el gobierno espurio. Las acciones violentas que se han producido en las ciudades del norte y el occidente del país han enfrentado de tal suerte a ex militares con militares, a los grupos de seguridad de los narcotraficantes con las fuerzas armadas institucionales de las que está disponiendo para sus intereses de grupo el gobierno calderonista.

6. El país queda así sentenciado por la ineptitud del grupo gobernante y la venalidad de los oficiales de las fuerzas armadas a hundirse cinco años más en un escenario de ilegalidad que no tiene más fin que la utilización mediática de lo que acontece: de ahí que se busque poner el acento en “la violencia” que hay en el país, y así subraya por ejemplo la PGR en un boletín de prensa que desde que se metió Calderón a Los Pinos se han producido 2 mil 794 ejecuciones, y que los noticiarios de Televisa y Televisión Azteca, que cada vez ve menos el auditorio, estén dominados por la llamada “nota roja”, y que en ellos se busque amalgamar criminalidad y descontento social.

7. El hecho que se soslaya es empero el de que la violencia que se manifiesta en las calles de muchas ciudades del país está siendo provocada con fines políticos por el gobierno de Calderón con los operativos de las fuerzas armadas.

8. La paradoja mayor que hay en México es que tenemos un gobierno de hombrecillos corruptos y mediocres, que es ilegal e ilegítimo pues llegó al poder de facto por la vía de un fraude electoral, y que además se ha subordinado dócilmente a poderes fácticos de dentro y fuera del país y desde entonces está actuando en abierta violación a la Constitución, pero que pretende se le reconozca como “modernizador”.

9. Un hecho fundamental no puede dejar de subrayarse, y es que las grandes decisiones en el país se están ya tomando por grupos trasnacionales, para los que no hay más marco jurídico que el que protege los intereses del gran capital y los privilegios del gobierno estadunidense, y a los que poco importa que se violente el marco jurídico de México al privatizarse Pemex por la vía de los hechos, al designarse inconstitucionalmente a un español en Gobernación o al utilizarse al Ejército fuera del marco legal para generar un clima de terror.

10. La confrontación entre el gobierno espuriete y amplios sectores populares no deja, sin embargo, de crecer, y ante esta situación se escuchan cada vez menos las voces de la razón.