Operación Cochinita
Diario Libertad
* Otro pago de favores electorales
* PP, mapache felipista en Yucatán
* Felices, el “tío” Roberto Hernández y los Mouriño
Felipe Calderón está repitiendo en la Procuraduría Federal del Medio Ambiente la misma fórmula fracasada (pagar con cargos públicos los servicios políticos y electorales recibidos durante campañas) que utilizó en el caso de Francisco Ramírez Acuña cuando designó a éste secretario de gobernación. Patricio Patrón Laviada no fue quien destapó al entonces políticamente endeble secretario de energía, FC, pero sí fue quien volcó el aparato gubernamental yucateco –sobre todo, los recursos destinados a asistencia social– para darle al michoacano una victoria abultada y desproporcionada en los comicios internos del PAN en la entidad peninsular (lo que llevó al equipo de Santiago Creel a denunciar esos abusos de poder ante la comisión de vigilancia del comité nacional panista y a bautizar esas prácticas como Operación Cochinita), y luego, en términos igualmente exagerados –fraude electoral patriótico–, similares cascadas de votos irregulares para ayudar a fabricar la distancia artificial respecto de Andrés Manuel López Obrador. Convertido el erario yucateco en secretaría de finanzas de las campañas felipistas, y el propio gobernador en arbitrario operador político y electoral de Calderón (mapache ejecutivo), ahora ese personaje, envuelto en indagaciones judiciales múltiples sobre casos de corrupción durante su despótica y clasista administración, es colocado en una oficina desde la cual podrá continuar la saga de depredación ecológica a cuenta de negocios privados –sobre todo en los ámbitos de desarrollo turístico– que ya practicó en Yucatán durante una administración de tan malos resultados que en los comicios locales de 2007 ganó la gubernatura una priísta que es sobrina del difunto cacique tricolor Víctor Cervera Pacheco.
Victoria priísta, por lo demás, que tuvo tempranas acusaciones de haber sido negociada a cambio del apoyo de las bancadas legislativas federales del partido de tres colores a las reformas calderonistas, sobre todo la fiscal. Las magnificencias electorales en favor de Calderón en dos procesos –el interno panista y el oficial, frente a los demás partidos– no tuvieron correspondencia a la hora en que la versión yucateca de Vicente Fox –PP: altura, vacuidad– presentó a las urnas su candidato a la sucesión difícilmente impuesto: Xavier Abreu Sierra, quien era secretario estatal de desarrollo social en tiempos de la primera Operación Cochinita –en la que padrones y recursos de la Sedeso y del DIF fueron utilizados para detectar votantes e “incentivarlos” mediante despensas y otras formas clásicas de inducción del sufragio– y coordinó luego la campaña presidencial de Felipe Calderón. Abreu Sierra fue instalado a bayoneta calada como candidato a la gubernatura, lo que provocó una división entre panistas, encabezada por Ana Rosa Payán, que había sido presidenta municipal de Mérida, legisladora y directora del DIF nacional, quien acabó renunciando al partido de toda su vida y haciendo análisis muy negativos de lo que fue el desempeño del panismo y del entonces gobernador Patrón.
La bravura y las triquiñuelas con que Patricio Patrón colocó a Abreu Sierra en esa candidatura blanquiazul, así menguada y contaminada, no tuvieron tampoco continuidad a la hora en que la priísta Ivonne Ortega Pacheco fue declarada ganadora. Muchas semanas antes de los comicios corría la versión de que el calderonismo tenía acuerdo con el PRI nacional para entregar la plaza y que, en premio por desempeñar ese papel amargo, Patricio Patrón sería incorporado al gabinete felipista, tal vez en la secretaría de turismo, e incluso se llegó a hablar de la posibilidad de que se encargara del área federal de desarrollo social que ocupaba una yucateca, Beatriz Zavala, colocada allí para cubrir cuotas de género pero siempre mal calificada por la corte de Los Pinos. La especie de que la gubernatura peninsular estaba negociada tomó carácter oficial cuando el presidente del comité nacional panista, Manuel Espino, denunció el martes 22 de mayo del año pasado, en una conferencia de prensa convocada de última hora, que la noche del domingo electoral anterior “hablé con Juan Camilo Mouriño (jefe de la oficina de la Presidencia de la República) y le dije que yo quiero pedirle, con mucho respeto, que no envíen desde Los Pinos operadores políticos que no se coordinen con la dirigencia del partido a las elecciones estatales, y no diré más”. La nota, firmada por Ciro Pérez en La Jornada, agregaba: “¿Eso quiere decir que había operadores de Felipe Calderón en Yucatán?, se le preguntó, mientras abandonaba el salón. ¡Eres bueno para interpretar!, respondió seco el dirigente panista”.
El nuevo funcionario es, naturalmente, una PaPa en cuanto a conocimientos específicos para ser gobernador y, ahora, para ser procurador federal del medio ambiente. Ni siquiera terminó la preparatoria y sus mayores glorias se han dado en el terreno de los “negocios”, en especial, los relacionados con el sector pesquero. También podría apuntarse como logro personal el enriquecimiento sexenal de familiares suyos, sobre todo sus hermanos. Denunciado penalmente por su posible complicidad en maniobras de tráfico de terrenos ejidales –entre otras linduras–, PaPa estará más que puesto, por lo demás, para agilizar y ser generoso con proyectos de inversión de su “tío”, el banquero Roberto Hernández Ramírez (la hermana de éste, María Elena, estuvo casada con el ahora difunto Íñigo Laviada) y, desde luego, de los que desarrollan en Campeche firmas españolas adecuadamente avaladas por los Mouriño. Tanta veneración por la impunidad generó de inmediato protestas de organizaciones ecologistas y ciudadanas que así hablan de PP: “hizo muy poco por la conservación de la naturaleza y, en cambio, ordenó talar cientos de árboles para la instalación de la feria ganadera y artesanal (…) Tiene antecedentes muy negativos de su paso por el gobierno del estado, pues permitió que en Yucatán se arrasara con la selva y los ecosistemas para vender las tierras a particulares”. En fin: otro pago de facturas electorales, con cargo al erario y a la maltrecha salud ambiental del país. ¡Hasta mañana!
* Otro pago de favores electorales
* PP, mapache felipista en Yucatán
* Felices, el “tío” Roberto Hernández y los Mouriño
Felipe Calderón está repitiendo en la Procuraduría Federal del Medio Ambiente la misma fórmula fracasada (pagar con cargos públicos los servicios políticos y electorales recibidos durante campañas) que utilizó en el caso de Francisco Ramírez Acuña cuando designó a éste secretario de gobernación. Patricio Patrón Laviada no fue quien destapó al entonces políticamente endeble secretario de energía, FC, pero sí fue quien volcó el aparato gubernamental yucateco –sobre todo, los recursos destinados a asistencia social– para darle al michoacano una victoria abultada y desproporcionada en los comicios internos del PAN en la entidad peninsular (lo que llevó al equipo de Santiago Creel a denunciar esos abusos de poder ante la comisión de vigilancia del comité nacional panista y a bautizar esas prácticas como Operación Cochinita), y luego, en términos igualmente exagerados –fraude electoral patriótico–, similares cascadas de votos irregulares para ayudar a fabricar la distancia artificial respecto de Andrés Manuel López Obrador. Convertido el erario yucateco en secretaría de finanzas de las campañas felipistas, y el propio gobernador en arbitrario operador político y electoral de Calderón (mapache ejecutivo), ahora ese personaje, envuelto en indagaciones judiciales múltiples sobre casos de corrupción durante su despótica y clasista administración, es colocado en una oficina desde la cual podrá continuar la saga de depredación ecológica a cuenta de negocios privados –sobre todo en los ámbitos de desarrollo turístico– que ya practicó en Yucatán durante una administración de tan malos resultados que en los comicios locales de 2007 ganó la gubernatura una priísta que es sobrina del difunto cacique tricolor Víctor Cervera Pacheco.
Victoria priísta, por lo demás, que tuvo tempranas acusaciones de haber sido negociada a cambio del apoyo de las bancadas legislativas federales del partido de tres colores a las reformas calderonistas, sobre todo la fiscal. Las magnificencias electorales en favor de Calderón en dos procesos –el interno panista y el oficial, frente a los demás partidos– no tuvieron correspondencia a la hora en que la versión yucateca de Vicente Fox –PP: altura, vacuidad– presentó a las urnas su candidato a la sucesión difícilmente impuesto: Xavier Abreu Sierra, quien era secretario estatal de desarrollo social en tiempos de la primera Operación Cochinita –en la que padrones y recursos de la Sedeso y del DIF fueron utilizados para detectar votantes e “incentivarlos” mediante despensas y otras formas clásicas de inducción del sufragio– y coordinó luego la campaña presidencial de Felipe Calderón. Abreu Sierra fue instalado a bayoneta calada como candidato a la gubernatura, lo que provocó una división entre panistas, encabezada por Ana Rosa Payán, que había sido presidenta municipal de Mérida, legisladora y directora del DIF nacional, quien acabó renunciando al partido de toda su vida y haciendo análisis muy negativos de lo que fue el desempeño del panismo y del entonces gobernador Patrón.
La bravura y las triquiñuelas con que Patricio Patrón colocó a Abreu Sierra en esa candidatura blanquiazul, así menguada y contaminada, no tuvieron tampoco continuidad a la hora en que la priísta Ivonne Ortega Pacheco fue declarada ganadora. Muchas semanas antes de los comicios corría la versión de que el calderonismo tenía acuerdo con el PRI nacional para entregar la plaza y que, en premio por desempeñar ese papel amargo, Patricio Patrón sería incorporado al gabinete felipista, tal vez en la secretaría de turismo, e incluso se llegó a hablar de la posibilidad de que se encargara del área federal de desarrollo social que ocupaba una yucateca, Beatriz Zavala, colocada allí para cubrir cuotas de género pero siempre mal calificada por la corte de Los Pinos. La especie de que la gubernatura peninsular estaba negociada tomó carácter oficial cuando el presidente del comité nacional panista, Manuel Espino, denunció el martes 22 de mayo del año pasado, en una conferencia de prensa convocada de última hora, que la noche del domingo electoral anterior “hablé con Juan Camilo Mouriño (jefe de la oficina de la Presidencia de la República) y le dije que yo quiero pedirle, con mucho respeto, que no envíen desde Los Pinos operadores políticos que no se coordinen con la dirigencia del partido a las elecciones estatales, y no diré más”. La nota, firmada por Ciro Pérez en La Jornada, agregaba: “¿Eso quiere decir que había operadores de Felipe Calderón en Yucatán?, se le preguntó, mientras abandonaba el salón. ¡Eres bueno para interpretar!, respondió seco el dirigente panista”.
El nuevo funcionario es, naturalmente, una PaPa en cuanto a conocimientos específicos para ser gobernador y, ahora, para ser procurador federal del medio ambiente. Ni siquiera terminó la preparatoria y sus mayores glorias se han dado en el terreno de los “negocios”, en especial, los relacionados con el sector pesquero. También podría apuntarse como logro personal el enriquecimiento sexenal de familiares suyos, sobre todo sus hermanos. Denunciado penalmente por su posible complicidad en maniobras de tráfico de terrenos ejidales –entre otras linduras–, PaPa estará más que puesto, por lo demás, para agilizar y ser generoso con proyectos de inversión de su “tío”, el banquero Roberto Hernández Ramírez (la hermana de éste, María Elena, estuvo casada con el ahora difunto Íñigo Laviada) y, desde luego, de los que desarrollan en Campeche firmas españolas adecuadamente avaladas por los Mouriño. Tanta veneración por la impunidad generó de inmediato protestas de organizaciones ecologistas y ciudadanas que así hablan de PP: “hizo muy poco por la conservación de la naturaleza y, en cambio, ordenó talar cientos de árboles para la instalación de la feria ganadera y artesanal (…) Tiene antecedentes muy negativos de su paso por el gobierno del estado, pues permitió que en Yucatán se arrasara con la selva y los ecosistemas para vender las tierras a particulares”. En fin: otro pago de facturas electorales, con cargo al erario y a la maltrecha salud ambiental del país. ¡Hasta mañana!
posted by H2AGUA at
8:47 p.m.
