La jueza Verónica Sánchez Valle niega a PGR orden de aprehensión contra Jorge Velasco y Félix, ex director de la Conaliteg
La Cronica
Intereses de grupos amafiados en el Poder Judicial han obstaculizado el trabajo de investigación de la Procuraduría General de la República.
Cada año la Judicatura Federal sanciona en promedio a mil jueces y magistrados, y de acuerdo con estadísticas oficiales al menos el 10 por ciento de estos funcionarios judiciales se ve envuelto en delitos relacionados con el crimen organizado.
Como muchos de ellos la jueza Verónica Sánchez Valle, titular del décimo juzgado penal federal, pasará a formar parte de las "estadísticas" de la corrupción que carcome al Poder Judicial.
La jueza Verónica Sánchez Valle se ha negado a ejecutar (obsequiar en términos jurídicos) una orden de aprehensión solicitada por la PGR desde noviembre último en contra de Jorge Velasco y Félix, ex director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, junto con una docena de sus ex colaboradores, los que asumieron sus cargos en el sexenio de Vicente Fox como un auténtico botín.
A pesar de las pruebas contundentes en contra de Velasco y Félix y sus cómplices, la titular del décimo juzgado federal, con sede en el Reclusorio Oriente, se ha negado a firmar la orden para detener y procesar al ex titular de la Conaliteg.
Velasco y Félix fue uno de los impulsores de la campaña presidencial de Vicente Fox y se relacionó directamente con la señora Sahagún a quien sirvió desviando recursos públicos en beneficio de la Fundación Vamos México.
Los expedientes criminales de Velasco y Félix son más que voluminosos, apabullantes, entre ellos se encuentra una denuncia entregada en la Secretaría de la Contraloría, hoy de la Función Pública, y en la Auditoría Superior de la Federación por parte de Enrique Rafael Estévez Sandoval, quien había sido director de Recursos Materiales de la Conaliteg. La denuncia fue entregada, con pruebas anexas, en mayo de 2002.
Estévez evidenciaba que Velasco y Félix lo quiso obligar a firmar contratos asignados sin licitación, en franca violación de la ley. Estévez se negó a ser cómplice de la corrupción y entregó a las autoridades documentos probatorios de las irregularidades.
Una de las víctimas de Velasco y Félix fue el impresor Armando Prida Huerta, editor de importantes medios de información en varias entidades del país y quien además se desempeña como presidente de la Comisión Defensora de los propietarios y directores que integran la Asociación Mexicana de Editores (a la que pertenecen más de 140 periódicos del país). Prida Huerta, que fue objeto de una severa campaña de calumnias y agravios, resistió los embates de la mafia capitaneada por Velasco y Félix y después de varios litigios en los tribunales ha demostrado las tropelías y corruptelas en que incurrió el ex titular de la Conaliteg.
Durante el gobierno de Fox, Jorge Velasco y Félix utilizó las relaciones de su hermano el magistrado Guillermo Velasco y Félix en el Poder Judicial para asesorar a la señora Marta Sahagún en su demanda contra la revista Proceso y la periodista Olga Wornat. Esa demanda prosperó por la influencia del magistrado Guillermo Velasco y Félix y por el hecho de que el asunto se llevó en el despacho de su esposa, Ligia Cuevas.
En este caso han salido a relucir el cruce de intereses entre servidores públicos corruptos tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo.
Mientras funcionarios ligados a grupos de presión actúan con negligencia, decenas de miles de expedientes se encuentran "archivados".
Tan sólo en los juzgados de primera instancia la situación es escandalosa. Por lo menos se encuentran "rezagados" 21 mil 239 expedientes penales; 21 mil 579 asuntos familiares y 45 mil 332 civiles.
Para algunos abogados no obstante esas cifras el rezago no se puede medir con exactitud ya que el volumen de dichos expedientes se proporciona de manera gruesa y no se detalla en qué casos el desinterés de las partes en el proceso sea tal que propicie la existencia de un expediente sin movimiento, y aquellos otros casos en que la incapacidad o la incuria de los propios funcionarios generan el desaliento del justiciable, todo lo cual conduce a un ocultamiento del rezago real, que en esencia sería el que se demuestre con un retraso auténtico, es decir, en aquellos asuntos en que ya se agotaron los trámites y sólo falta pronunciar los fallos.
Existen expedientes que simplemente les queman las manos a los jueces, como el de Enrique Rafael Estévez Sandoval, quien se desempeñó como director de Recursos Materiales de la Conaliteg y denunció las tropelías cometidas por Jorge Velasco y Félix.
"En los concursos por las licitaciones se invitaba a participar a aquellas empresas que tenían relación con el señor director y se les hacían adjudicaciones directas", denunció Estévez ante la Contraloría y la Auditoría Superior de la Federación. Él laboró en esa dependencia del gobierno federal del 24 de abril del 2001 al 31 de mayo de 2002 a invitación del propio Jorge Velasco y Félix.
"Como muchos mexicanos, asistí a colaborar con gran orgullo, porque soy un ferviente convencido de que las cosas van a mejorar en nuestro país. Sin embargo, al poco tiempo el director empezó a manifestar que manejaba los asuntos hacia su voluntad...
En diferentes ocasiones le manifesté al señor director que no estaba de acuerdo en los diferentes procederes que él nos instruía a los directivos, lógicamente hubo fricción entre nosotros y ahí vino el cese".
Estévez aduce que se negó rotundamente a avalar las irregularidades que se cometían en la Conaliteg, y como no se prestó a los ilícitos dice que: "entones fui llamado a la dirección en donde se me dijo que el secretario de Educación Reyes Tamez Guerra estaba pidiendo mi puesto. Decidí denunciar porque no quiero verme inmiscuido en algo con lo cual no estuve de acuerdo y que, lógicamente, no trajo para mí un beneficio, sino al contrario". Por esa razón Estévez contrató los servicios del abogado Manuel Castro Fuentes, quien presentó el 31 de julio de 2002 una denuncia ante la Secodam para deslindar responsabilidades.
Intereses de grupos amafiados en el Poder Judicial han obstaculizado el trabajo de investigación de la Procuraduría General de la República.
Cada año la Judicatura Federal sanciona en promedio a mil jueces y magistrados, y de acuerdo con estadísticas oficiales al menos el 10 por ciento de estos funcionarios judiciales se ve envuelto en delitos relacionados con el crimen organizado.
Como muchos de ellos la jueza Verónica Sánchez Valle, titular del décimo juzgado penal federal, pasará a formar parte de las "estadísticas" de la corrupción que carcome al Poder Judicial.
La jueza Verónica Sánchez Valle se ha negado a ejecutar (obsequiar en términos jurídicos) una orden de aprehensión solicitada por la PGR desde noviembre último en contra de Jorge Velasco y Félix, ex director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, junto con una docena de sus ex colaboradores, los que asumieron sus cargos en el sexenio de Vicente Fox como un auténtico botín.
A pesar de las pruebas contundentes en contra de Velasco y Félix y sus cómplices, la titular del décimo juzgado federal, con sede en el Reclusorio Oriente, se ha negado a firmar la orden para detener y procesar al ex titular de la Conaliteg.
Velasco y Félix fue uno de los impulsores de la campaña presidencial de Vicente Fox y se relacionó directamente con la señora Sahagún a quien sirvió desviando recursos públicos en beneficio de la Fundación Vamos México.
Los expedientes criminales de Velasco y Félix son más que voluminosos, apabullantes, entre ellos se encuentra una denuncia entregada en la Secretaría de la Contraloría, hoy de la Función Pública, y en la Auditoría Superior de la Federación por parte de Enrique Rafael Estévez Sandoval, quien había sido director de Recursos Materiales de la Conaliteg. La denuncia fue entregada, con pruebas anexas, en mayo de 2002.
Estévez evidenciaba que Velasco y Félix lo quiso obligar a firmar contratos asignados sin licitación, en franca violación de la ley. Estévez se negó a ser cómplice de la corrupción y entregó a las autoridades documentos probatorios de las irregularidades.
Una de las víctimas de Velasco y Félix fue el impresor Armando Prida Huerta, editor de importantes medios de información en varias entidades del país y quien además se desempeña como presidente de la Comisión Defensora de los propietarios y directores que integran la Asociación Mexicana de Editores (a la que pertenecen más de 140 periódicos del país). Prida Huerta, que fue objeto de una severa campaña de calumnias y agravios, resistió los embates de la mafia capitaneada por Velasco y Félix y después de varios litigios en los tribunales ha demostrado las tropelías y corruptelas en que incurrió el ex titular de la Conaliteg.
Durante el gobierno de Fox, Jorge Velasco y Félix utilizó las relaciones de su hermano el magistrado Guillermo Velasco y Félix en el Poder Judicial para asesorar a la señora Marta Sahagún en su demanda contra la revista Proceso y la periodista Olga Wornat. Esa demanda prosperó por la influencia del magistrado Guillermo Velasco y Félix y por el hecho de que el asunto se llevó en el despacho de su esposa, Ligia Cuevas.
En este caso han salido a relucir el cruce de intereses entre servidores públicos corruptos tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo.
Mientras funcionarios ligados a grupos de presión actúan con negligencia, decenas de miles de expedientes se encuentran "archivados".
Tan sólo en los juzgados de primera instancia la situación es escandalosa. Por lo menos se encuentran "rezagados" 21 mil 239 expedientes penales; 21 mil 579 asuntos familiares y 45 mil 332 civiles.
Para algunos abogados no obstante esas cifras el rezago no se puede medir con exactitud ya que el volumen de dichos expedientes se proporciona de manera gruesa y no se detalla en qué casos el desinterés de las partes en el proceso sea tal que propicie la existencia de un expediente sin movimiento, y aquellos otros casos en que la incapacidad o la incuria de los propios funcionarios generan el desaliento del justiciable, todo lo cual conduce a un ocultamiento del rezago real, que en esencia sería el que se demuestre con un retraso auténtico, es decir, en aquellos asuntos en que ya se agotaron los trámites y sólo falta pronunciar los fallos.
Existen expedientes que simplemente les queman las manos a los jueces, como el de Enrique Rafael Estévez Sandoval, quien se desempeñó como director de Recursos Materiales de la Conaliteg y denunció las tropelías cometidas por Jorge Velasco y Félix.
"En los concursos por las licitaciones se invitaba a participar a aquellas empresas que tenían relación con el señor director y se les hacían adjudicaciones directas", denunció Estévez ante la Contraloría y la Auditoría Superior de la Federación. Él laboró en esa dependencia del gobierno federal del 24 de abril del 2001 al 31 de mayo de 2002 a invitación del propio Jorge Velasco y Félix.
"Como muchos mexicanos, asistí a colaborar con gran orgullo, porque soy un ferviente convencido de que las cosas van a mejorar en nuestro país. Sin embargo, al poco tiempo el director empezó a manifestar que manejaba los asuntos hacia su voluntad...
En diferentes ocasiones le manifesté al señor director que no estaba de acuerdo en los diferentes procederes que él nos instruía a los directivos, lógicamente hubo fricción entre nosotros y ahí vino el cese".
Estévez aduce que se negó rotundamente a avalar las irregularidades que se cometían en la Conaliteg, y como no se prestó a los ilícitos dice que: "entones fui llamado a la dirección en donde se me dijo que el secretario de Educación Reyes Tamez Guerra estaba pidiendo mi puesto. Decidí denunciar porque no quiero verme inmiscuido en algo con lo cual no estuve de acuerdo y que, lógicamente, no trajo para mí un beneficio, sino al contrario". Por esa razón Estévez contrató los servicios del abogado Manuel Castro Fuentes, quien presentó el 31 de julio de 2002 una denuncia ante la Secodam para deslindar responsabilidades.
posted by H2AGUA at
9:28 p.m.
