El vendedor y las violaciones a los derechos de los indocumentados
Cambio de Michoacan / Carlos Enrique Tapia
* La postura Calderón-Mouriño confirma la política de exclusión en boga, la alianza cómplice y corrupta entre PRI y PAN, la aversión a la movilización social, la apuesta por una guerra disfrazada contra el narcotráfico y la delincuencia.
El gabinetito de Calderón estrenó vendedor. Por un lado, se deshizo de los mediocres encargados de la política interna y social del país, posiciones entregadas en pago de favores, y por el otro, arribaron a ambas dos integrantes de su círculo íntimo que tampoco superan a los despedidos, pero que llegan, uno, a dar forma a sus intereses personales, los de la iniciativa privada y de los consorcios extranjeros para acelerar la privatización del sector energético, y el otro, para terminar de desmantelar la política social de la derecha.
Calderón despidió a un represor y convenenciero, sin oficio político, pero quien llegó tampoco parece ser políticamente perspicaz: rechazó dialogar con el movimiento social encabezado por AMLO; condenó a priori al EPR, grupo al que en lo personal no apoyo, y reconoció como interlocutores únicamente a diputados y senadores, lo que no es gratuito, pues anuncia las complicidades y concertaciones por venir.
La postura Calderón-Mouriño confirma la política de exclusión en boga, la alianza cómplice y corrupta entre PRI y PAN, la aversión a la movilización social, la apuesta por una guerra disfrazada contra el narcotráfico y la delincuencia, pero que también tiene como objetivos la protesta social y política contra los agravios y las desigualdades, y la adhesión acrítica y oportunista con la política antiterrorista de Bush.
Entre las atribuciones de la Secretaría de Gobernación está garantizar la gobernabilidad democrática, pero la anterior postura revela que no van por acuerdos, sino por complicidades para finalmente privatizar el sector energético. El hecho de calificar al EPR como un simple grupo subversivo que desafía al Estado y la exclusión de AMLO como interlocutor, refleja una política de confrontación en marcha.
El PRI apoyó el arribo de Mouriño, el PAN celebró los cambios porque fortalece su relación con los sectores fascistas del priísmo y la derecha. Pero Mouriño es un personaje que carece de oficio político y se desenvuelve de manera natural en las intrigas palaciegas, mostrando así la supina ignorancia panista sobre una posición que debe propiciar entendimientos, negociaciones y acuerdos políticos. Pero fue puesto inequívocamente para hacer negocios y para reprimir.
Durante la primera semana del señor Mouriño, con todo y que ha estado trabajando en fin de semana, han corrido ríos de sangre en el norte, centro y sur del país y la economía se ha convulsionado: ejecuciones, enfrentamientos entre delincuentes y policías y el Ejército, toma ilegal de éste de funciones de investigación, captura de capos para agradar al gobierno de Bush, y la caída de la Bolsa de Valores, en consonancia con los sucesos en Europa y Estados Unidos, anuncio de una recesión de proporciones incalculables.
Y mientras nuestro país se convulsiona, la National Network for Immigrant and Refugee Rights, publicó un informe donde acusa al gobierno de Bush de estar construyendo un marco gubernamental, político y social que atenta contra los derechos de los inmigrantes y los refugiados (Over-raided, under siege. U.S. Immigration Laws and Enforcement Destroy the Rights of Immigrants A report on human rights violations perpetrated against immigrant and refugee families, workers and communities in the U.S., january 2008).
El informe afirma que el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), lleva a cabo un nuevo tipo de asalto a los derechos, vidas y bienestar de las familias, trabajadores y comunidades de inmigrantes en Estados Unidos. Somete a las comunidades de inmigrantes y refugiados deliberadamente a un castigo colectivo, que viola principios constitucionales y derechos humanos.
El reporte analiza 100 historias de violaciones a los derechos humanos, 206 incidentes en redadas en 2006-2007, entrevista a líderes, y colecta información para entender los recientes patrones de violencia.
Así, el gobierno estadounidense está diseñando programas, políticas, estrategias y leyes que sistemáticamente violan los derechos humanos de las comunidades de inmigrantes y refugiados. Trabajando en acuerdo con gobiernos locales, de condados y estatales, agencias judiciales, empleadores y grupos privados de ciudadanos, avanza en cientos de nuevas medidas que niegan procesos justos a inmigrantes y refugiados, un ingreso para vivir, protección laboral y seguridad y salud.
La estrategia estadounidense justifica el endurecimiento de las medidas antiinmigrantes y otorga miles de millones de dólares a empresas privadas de seguridad. Las agencias inmigratorias y las políticas de control se dirigen a expandir medidas policiacas, la construcción de prisiones y criminalización, detención, encarcelamiento y deportación de los inmigrantes con impunidad, implicando una crisis humanitaria que golpea a inmigrantes y refugiados. Y Calderón, bien gracias.
Fragmentos: 1. En lo que va del calderonato (2007), la desocupación abierta llegó a 3.72 por ciento de la PEA del país, mientras en 32 ciudades la tasa alcanzó 4.82 por ciento: ¿Presidente del (des)empleo? 2. No conformes con sus privilegios presupuestales, los priístas michoacanos quieren que el IEM los corone como «primera» fuerza política del estado, por obtener más votos en las elecciones de ayuntamientos. 3. Ahora resulta que la ausencia de «cultura» es la culpable de la corrupción de los funcionarios, según el titular de la Secretaría de la Función Pública. 4. Mientras Calderón espanta los efectos de la recesión estadounidense con declaraciones para el consumo mediático, Bush busca aplicar algunas medidas no ortodoxas para paliar la caída recesiva de su país.
* La postura Calderón-Mouriño confirma la política de exclusión en boga, la alianza cómplice y corrupta entre PRI y PAN, la aversión a la movilización social, la apuesta por una guerra disfrazada contra el narcotráfico y la delincuencia.
El gabinetito de Calderón estrenó vendedor. Por un lado, se deshizo de los mediocres encargados de la política interna y social del país, posiciones entregadas en pago de favores, y por el otro, arribaron a ambas dos integrantes de su círculo íntimo que tampoco superan a los despedidos, pero que llegan, uno, a dar forma a sus intereses personales, los de la iniciativa privada y de los consorcios extranjeros para acelerar la privatización del sector energético, y el otro, para terminar de desmantelar la política social de la derecha.
Calderón despidió a un represor y convenenciero, sin oficio político, pero quien llegó tampoco parece ser políticamente perspicaz: rechazó dialogar con el movimiento social encabezado por AMLO; condenó a priori al EPR, grupo al que en lo personal no apoyo, y reconoció como interlocutores únicamente a diputados y senadores, lo que no es gratuito, pues anuncia las complicidades y concertaciones por venir.
La postura Calderón-Mouriño confirma la política de exclusión en boga, la alianza cómplice y corrupta entre PRI y PAN, la aversión a la movilización social, la apuesta por una guerra disfrazada contra el narcotráfico y la delincuencia, pero que también tiene como objetivos la protesta social y política contra los agravios y las desigualdades, y la adhesión acrítica y oportunista con la política antiterrorista de Bush.
Entre las atribuciones de la Secretaría de Gobernación está garantizar la gobernabilidad democrática, pero la anterior postura revela que no van por acuerdos, sino por complicidades para finalmente privatizar el sector energético. El hecho de calificar al EPR como un simple grupo subversivo que desafía al Estado y la exclusión de AMLO como interlocutor, refleja una política de confrontación en marcha.
El PRI apoyó el arribo de Mouriño, el PAN celebró los cambios porque fortalece su relación con los sectores fascistas del priísmo y la derecha. Pero Mouriño es un personaje que carece de oficio político y se desenvuelve de manera natural en las intrigas palaciegas, mostrando así la supina ignorancia panista sobre una posición que debe propiciar entendimientos, negociaciones y acuerdos políticos. Pero fue puesto inequívocamente para hacer negocios y para reprimir.
Durante la primera semana del señor Mouriño, con todo y que ha estado trabajando en fin de semana, han corrido ríos de sangre en el norte, centro y sur del país y la economía se ha convulsionado: ejecuciones, enfrentamientos entre delincuentes y policías y el Ejército, toma ilegal de éste de funciones de investigación, captura de capos para agradar al gobierno de Bush, y la caída de la Bolsa de Valores, en consonancia con los sucesos en Europa y Estados Unidos, anuncio de una recesión de proporciones incalculables.
Y mientras nuestro país se convulsiona, la National Network for Immigrant and Refugee Rights, publicó un informe donde acusa al gobierno de Bush de estar construyendo un marco gubernamental, político y social que atenta contra los derechos de los inmigrantes y los refugiados (Over-raided, under siege. U.S. Immigration Laws and Enforcement Destroy the Rights of Immigrants A report on human rights violations perpetrated against immigrant and refugee families, workers and communities in the U.S., january 2008).
El informe afirma que el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), lleva a cabo un nuevo tipo de asalto a los derechos, vidas y bienestar de las familias, trabajadores y comunidades de inmigrantes en Estados Unidos. Somete a las comunidades de inmigrantes y refugiados deliberadamente a un castigo colectivo, que viola principios constitucionales y derechos humanos.
El reporte analiza 100 historias de violaciones a los derechos humanos, 206 incidentes en redadas en 2006-2007, entrevista a líderes, y colecta información para entender los recientes patrones de violencia.
Así, el gobierno estadounidense está diseñando programas, políticas, estrategias y leyes que sistemáticamente violan los derechos humanos de las comunidades de inmigrantes y refugiados. Trabajando en acuerdo con gobiernos locales, de condados y estatales, agencias judiciales, empleadores y grupos privados de ciudadanos, avanza en cientos de nuevas medidas que niegan procesos justos a inmigrantes y refugiados, un ingreso para vivir, protección laboral y seguridad y salud.
La estrategia estadounidense justifica el endurecimiento de las medidas antiinmigrantes y otorga miles de millones de dólares a empresas privadas de seguridad. Las agencias inmigratorias y las políticas de control se dirigen a expandir medidas policiacas, la construcción de prisiones y criminalización, detención, encarcelamiento y deportación de los inmigrantes con impunidad, implicando una crisis humanitaria que golpea a inmigrantes y refugiados. Y Calderón, bien gracias.
Fragmentos: 1. En lo que va del calderonato (2007), la desocupación abierta llegó a 3.72 por ciento de la PEA del país, mientras en 32 ciudades la tasa alcanzó 4.82 por ciento: ¿Presidente del (des)empleo? 2. No conformes con sus privilegios presupuestales, los priístas michoacanos quieren que el IEM los corone como «primera» fuerza política del estado, por obtener más votos en las elecciones de ayuntamientos. 3. Ahora resulta que la ausencia de «cultura» es la culpable de la corrupción de los funcionarios, según el titular de la Secretaría de la Función Pública. 4. Mientras Calderón espanta los efectos de la recesión estadounidense con declaraciones para el consumo mediático, Bush busca aplicar algunas medidas no ortodoxas para paliar la caída recesiva de su país.
posted by H2AGUA at
9:37 p.m.
