Otra más de Fox y López
Vladimir Galeana
Pues ahora resulta que las ansias de notoriedad han comenzado a aflorar entre quienes colaboraron en el gobierno de Vicente Fox Quesada. El anonimato parece caerles mal a muchos y están buscando la manera de compartir esa notoriedad que ha venido acompañando al señor de las botas. No sé si sea una estrategia diseñada para quitarle reflectores a Fox, pero lo que se sabe del libro escrito por Jorge Castañeda, que es parte de lo que mejor sabe hacer, y Rubén Aguilar, ex vocero y ex corrector de estilo del ex presidente, es algo que siempre sospechamos. Ante la nula respuesta popular que provocaron los intentos por desprestigiar al entonces jefe de Gobierno de la ciudad de México, Manuel Andrés López Obrador, al panismo hecho gobierno no le quedo otro camino que agarrarse de un endeble fundamento legal para detener su cada vez más seguro sendero hacia la Presidencia de la República.
El presunto incumplimiento de un mandato judicial, o más bien la violación de un amparo concedido en el asunto del terreno ubicado en El Encino fue el pretexto, y aunque argumento endeble se decidió utilizarlo porque los flancos débiles de quien solicitaba que lo dieran por muerto escaseaban. Cualquier cosa que de él se decía se convertía en un artilugio inservible nada más con que saliera ante los medios y asumiera su papel de victima de las oligarquías, de los saqueadores de la nación, de las mafias del poder. Hay que reconocer que el señor López supo construir una coraza que resultaba difícil de penetrar, lo que violentó la decisión de los estrategas de Presidencia de la república como el único pretexto para separarlo de la competencia.
Pues según afirman los ahora expertos creadores de un nuevo capítulo de la tragicomedia política mexicana, en la última semana de abril de 2005 el presidente Vicente Fox Quesada ofreció a Manuel Andrés López Obrador una tregua y una negociación en torno al caso del desafuero que iniciara la Procuraduría General de la República por esa violación de amparo al que me he referido. La oferta era tentadora: cancelar la investigación. Ese fue el consejo del cuarto de guerra integrado por lo más granado de los funcionarios foxistas. El contacto se estableció por intermediación de Rubén Aguilar quien llamó al entonces secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Agustín Ortiz Pinchetti, el día 23 de abril de 2005. La respuesta no tardó en llegar veinte minutos después: ¡No¡, de ninguna manera.
No se necesita ser muy ducho en las lides políticas para determinar el porqué de la pronta respuesta: López Obrador necesitaba seguir en el papel de victima para seguir siendo el bueno y que los de enfrente fueran percibidos por los electores como los malosos. El complot requería mantener vigencia hasta que llegaran los tiempos establecidos por el calendario electoral. Haber aceptado la propuesta en abril del 2005 le arrebataría la bandera, la causa y el discurso, y eso no lo podían permitir los estrategas del Jefe de Gobierno.
Lo que siguió fue una de las confrontaciones más encarnizadas que registra la historia electoral del país, y marcó para siempre el resultado del que todavía se discute su legalidad. Según narran los autores, en el rancho de Fox estaba su equipo más cercano: Eduardo Sojo, Secretario de Economía; Ramón Muñoz, Jefe de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental , ahora cuestionado por Lino Korrodi; Daniel Cabeza de Vaca, Consejero Jurídico; y Manuel Espino, Presidente del PAN. Después llegarían Santiago Creel y su asesora María Amparo Casar, y el propio Rubén Aguilar.
Lo curioso del relato que hacen Aguilar y Castañeda es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, contraviniera la percepción de los estrategas foxistas apoyado por el procurador Rafael Macedo de la Concha , quienes estimaban que de no seguir con el procedimiento legal se podría incurrir en un desacato. Mes y medio después la PGR solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de López Obrador para procesarlo penalmente por no cumplir el amparo del juez federal Álvaro Tovilla León a favor del presunto propietario de El Encino.
Este cínico episodio que ahora sacan a la luz quienes debieran callar para no seguir enrareciendo el clima político que rodea al actual presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, es una muestra más del desprecio que los políticos mexicanos sienten por la letra de la ley, pues por muy presidente que un individuo sea no puede intentar incumplir la ley en aras de una negociación política. Ese intento de vulneración del estado de derecho es otra rayita más que hay que colocar en el expediente de uno de los gobiernos más oscuros de la historia moderna del país, encabezado por un hombre al que solamente se puede calificar como corrupto, porque la corrupción no es únicamente la sustracción de recursos públicos, sino tomar decisiones contrarias al derecho, ese que todos estamos obligados a acatar. Pero no solamente es Fox, sino sus colaboradores entre los que se debe incluir los literatos a que me he referido en líneas anteriores, quienes actuaron como una pandilla de facinerosos para proteger intereses de grupo antes que el interés de la nación. Tanto López como los de enfrenta están cortados por la misma tijera. Que desgracia para México con este tipo de políticos que violan la ley para satisfacer sus ambiciones personales, y me refiero tanto a Fox como a López. Cuándo despertarán los mexicanos para tirar al bote de basura a quienes tanto daño provocan. Ya me imagino la letanía que nos tendremos que echar cuando hable López. Al tiempo.
Pues ahora resulta que las ansias de notoriedad han comenzado a aflorar entre quienes colaboraron en el gobierno de Vicente Fox Quesada. El anonimato parece caerles mal a muchos y están buscando la manera de compartir esa notoriedad que ha venido acompañando al señor de las botas. No sé si sea una estrategia diseñada para quitarle reflectores a Fox, pero lo que se sabe del libro escrito por Jorge Castañeda, que es parte de lo que mejor sabe hacer, y Rubén Aguilar, ex vocero y ex corrector de estilo del ex presidente, es algo que siempre sospechamos. Ante la nula respuesta popular que provocaron los intentos por desprestigiar al entonces jefe de Gobierno de la ciudad de México, Manuel Andrés López Obrador, al panismo hecho gobierno no le quedo otro camino que agarrarse de un endeble fundamento legal para detener su cada vez más seguro sendero hacia la Presidencia de la República.
El presunto incumplimiento de un mandato judicial, o más bien la violación de un amparo concedido en el asunto del terreno ubicado en El Encino fue el pretexto, y aunque argumento endeble se decidió utilizarlo porque los flancos débiles de quien solicitaba que lo dieran por muerto escaseaban. Cualquier cosa que de él se decía se convertía en un artilugio inservible nada más con que saliera ante los medios y asumiera su papel de victima de las oligarquías, de los saqueadores de la nación, de las mafias del poder. Hay que reconocer que el señor López supo construir una coraza que resultaba difícil de penetrar, lo que violentó la decisión de los estrategas de Presidencia de la república como el único pretexto para separarlo de la competencia.
Pues según afirman los ahora expertos creadores de un nuevo capítulo de la tragicomedia política mexicana, en la última semana de abril de 2005 el presidente Vicente Fox Quesada ofreció a Manuel Andrés López Obrador una tregua y una negociación en torno al caso del desafuero que iniciara la Procuraduría General de la República por esa violación de amparo al que me he referido. La oferta era tentadora: cancelar la investigación. Ese fue el consejo del cuarto de guerra integrado por lo más granado de los funcionarios foxistas. El contacto se estableció por intermediación de Rubén Aguilar quien llamó al entonces secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Agustín Ortiz Pinchetti, el día 23 de abril de 2005. La respuesta no tardó en llegar veinte minutos después: ¡No¡, de ninguna manera.
No se necesita ser muy ducho en las lides políticas para determinar el porqué de la pronta respuesta: López Obrador necesitaba seguir en el papel de victima para seguir siendo el bueno y que los de enfrente fueran percibidos por los electores como los malosos. El complot requería mantener vigencia hasta que llegaran los tiempos establecidos por el calendario electoral. Haber aceptado la propuesta en abril del 2005 le arrebataría la bandera, la causa y el discurso, y eso no lo podían permitir los estrategas del Jefe de Gobierno.
Lo que siguió fue una de las confrontaciones más encarnizadas que registra la historia electoral del país, y marcó para siempre el resultado del que todavía se discute su legalidad. Según narran los autores, en el rancho de Fox estaba su equipo más cercano: Eduardo Sojo, Secretario de Economía; Ramón Muñoz, Jefe de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental , ahora cuestionado por Lino Korrodi; Daniel Cabeza de Vaca, Consejero Jurídico; y Manuel Espino, Presidente del PAN. Después llegarían Santiago Creel y su asesora María Amparo Casar, y el propio Rubén Aguilar.
Lo curioso del relato que hacen Aguilar y Castañeda es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, contraviniera la percepción de los estrategas foxistas apoyado por el procurador Rafael Macedo de la Concha , quienes estimaban que de no seguir con el procedimiento legal se podría incurrir en un desacato. Mes y medio después la PGR solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de López Obrador para procesarlo penalmente por no cumplir el amparo del juez federal Álvaro Tovilla León a favor del presunto propietario de El Encino.
Este cínico episodio que ahora sacan a la luz quienes debieran callar para no seguir enrareciendo el clima político que rodea al actual presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, es una muestra más del desprecio que los políticos mexicanos sienten por la letra de la ley, pues por muy presidente que un individuo sea no puede intentar incumplir la ley en aras de una negociación política. Ese intento de vulneración del estado de derecho es otra rayita más que hay que colocar en el expediente de uno de los gobiernos más oscuros de la historia moderna del país, encabezado por un hombre al que solamente se puede calificar como corrupto, porque la corrupción no es únicamente la sustracción de recursos públicos, sino tomar decisiones contrarias al derecho, ese que todos estamos obligados a acatar. Pero no solamente es Fox, sino sus colaboradores entre los que se debe incluir los literatos a que me he referido en líneas anteriores, quienes actuaron como una pandilla de facinerosos para proteger intereses de grupo antes que el interés de la nación. Tanto López como los de enfrenta están cortados por la misma tijera. Que desgracia para México con este tipo de políticos que violan la ley para satisfacer sus ambiciones personales, y me refiero tanto a Fox como a López. Cuándo despertarán los mexicanos para tirar al bote de basura a quienes tanto daño provocan. Ya me imagino la letanía que nos tendremos que echar cuando hable López. Al tiempo.