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jueves, 27 de septiembre de 2007

UNA ESTRELLA EN EL SEXENIO DE FOX

La Estrella Blanca del sexenio (pasado)

Martín Morales

Múltiples anomalías en el Grupo Estrella Blanca ponen en evidencia la injerencia de la ex familia presidencial en más negocios al amparo del poder, mismos que ahora se exige sean investigados por comisiones legislativas y autoridades federales

Entre todo lo que pudo hacer con su sueldo de 167 mil 255. 94 pesos mensuales como Presidente de México, Vicente Fox pudo invertir también en la compra de “unos camioncitos” para su hijo Vicentillo a fin de que éste empezara a crear su capital una vez casado con su novia Paulina (en el año 2002). Pero esa inversión en camioncitos pudiera ser la operación de hasta unas 180 unidades en el Grupo Estrella Blanca (GEB), según comentan trabajadores de esa empresa con más de 20 años de servicio.

GEB fue la única empresa no financiera intervenida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en 1995 durante el rescate bancario, porque su deuda vencida podía quebrar a varios bancos a la vez, pero consolidada la cercanía del principal accionista Salvador Sánchez Alcántara con Fox y su esposa Martha a partir del 2000, este hombre pudo sortear sus líos legales, renegociar los adeudos de la empresa con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y hasta dar donativos a Vamos México, aunque con el dinero de accionistas que ahora lo tienen con un pie en la cárcel por administración fraudulenta.

Sánchez Alcántara es amigo íntimo de los Fox, estuvo en la boda de Vicentillo, y con ellos acordó inversiones del ex Presidente en beneficio de su hijo, quien incluso trabajó algunos meses en la dirección general del corporativo camionero que también funcionó como transportadora de productos incautados en las aduanas del país para la organización civil de Marta Sahagún. Es amplia la historia de Estrella Blanca y la estrecha la relación del principal accionista con los Fox.

Pero en todo el sexenio foxista el GEB estuvo rodeada de problemas, pues la Agencia Federal de Investigación (AFI) ha detectado desde entonces cargas de precursores de pseudoefedrina en instalaciones de paquetería como en unidades de envío y autobuses de pasajeros.

Algunas de estas intervenciones de la PGR son mencionadas por Anabel Hernández, investigadora de las peripecias foxistas, en la revista electrónica Reporte Indigo. La periodista también ha publicado libros como Fin de Fiesta en los Pinos y La Familia Presidencial, el Gobierno del Cambio bajo sospecha de corrupción, donde describe las remodelaciones de las posesiones territoriales de los Fox en San Cristóbal, Guanajuato que ahora saltan a la luz pública.


EL CONGRESO, A INVESTIGAR

Esos y otros pendientes constituyen la materia de investigación de abrirse la comisión especial para indagar el enriquecimiento del ex Presidente y su esposa en el Congreso de la Unión que en su caso deberá dar vista de sus hallazgos a la Procuraduría General de la República (PGR).

La lista de dudas sobre Fox y Marta es larga, y se adiciona aquella relacionada con la sustracción de documentación oficial y material gráfico para nutrir su Centro de Estudios, Biblioteca y Museo, lo cual es un delito previsto en el Código Penal Federal.

La formación de ese equipo legislativo fue propuesto incluso por el ex tesorero de los Amigos de Fox, Lino Korrodi, en una entrevista de David Aponte para El Universal del miércoles 19 de septiembre, al calificar la fortuna de los Fox como “cínica” y “descarada”, y luego en una conversación de radio como “un acto soez, insultante para los mexicanos. Estas cosas deben acabar, el Congreso debe investigar”.

El diputado Elías Cárdenas, presidente de la comisión que investiga las operaciones de los hijos de Martha Sahagún, convocó a Korrodi para que se reuniera por estos días con los legisladores de ese grupo de trabajo, a fin de que aporte información que pudiera nutrir las averiguaciones en curso, las cuales el Congreso podría ampliar en breve para analizar la situación patrimonial del matrimonio Fox-Sahagún.

Por la tarde de ese miércoles 19 de septiembre, en entrevista con José Cárdenas en Radio Fórmula, Korrodi mostró sentirse consternado y molesto por la “burda y grotesca actitud” asumida por Vicente Fox y Marta Sahagún al exhibir sin pena alguna (en la revista Quien) el lujo en el cual viven, aunque poco antes de llegar a Los Pinos “no tenían un centavo”.

Puso de manifiesto que los empresarios que respaldaron a Fox lo hicieron porque creían en “el otro Fox” del proyecto del cambio, esa persona que se desvaneció particularmente “cuando se casó con Marta” a quien definió como una persona sumamente sagaz “y muy ambiciosa”.

En la entrevista con El Universal, Korrodi exhibió al matrimonio Fox y resalta que como tesorero de la agrupación, de lo cual dice tener constancias, llegó a pagar la tarjeta de crédito de Marta porque ésta no tenía recursos, y lo mismo apoyó a Fox al comprarle unas camionetas para él y su hijo Vicentillo, un Jetta para su ex esposa Lilian de la Concha, así como liquidar el pago de los servicios domésticos.

Aseguró con toda contundencia que Fox amasó la fortuna que ahora exhibe durante su gestión como presidente, e insistió en que no podrá comprobar su origen lícito, en el momento en que lo investigue el Congreso, la Secretaría de la Función Pública, y la PGR en su caso.

Lino Korrodi señaló que Fox llegó sin dinero a Los Pinos, con sus empresas Grupo Fox quebradas y endeudadas, incluso, dentro del IPAB.

Tenía la posesión de un rancho sumamente deteriorado que ahora luce una enorme remodelación y es sinónimo de confort y lujo, tal y como el matrimonio Fox lo presumió en una entrevista tipo Jet- Set internacional otorgada a la revista Quién.


EL GEB, OTRA ESTRELLA FOXISTA


Grupo Estrella Blanca (GEB) fue la empresa de autobuses de pasajeros favorita del ex presidente y de su esposa Marta Sahagún como directora de la agrupación Vamos México. Apapacharon durante todo el sexenio al principal accionista, Salvador Sánchez Alcántara padre de Carlos, René y Arturo, a quien la Procuraduría capitalina le pisa los talones con una averiguación por el delito de administración fraudulenta en detrimento de unas 40 familias de inversionistas el Grupo camionero, quienes ahora le exigen la devolución de unos 100 millones de pesos.

Con la protección de San Vicente o de algún otro benefactor, Salvador Alcántara pudo sortear hasta ahora las acusaciones que le hace el Ministerio Público por administración fraudulenta. La denuncia de los inversionistas consta en la Averiguación Previa AZC4/T3/812/03-06

Estratégicamente, Alcántara se alejó de la directiva de la empresa justo al terminó la administración foxista en diciembre de 2006, aunque pesan sobre el una decena de señalamientos como responsable de la empresa, por el presunto transporte de artículos de procedencia extranjera y varios pleitos laborales con mas de 200 choferes desde hace 12 años.

La citada denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) es por la retención indebida de unos 100 millones de pesos a una 40 familias accionistas, y según dice a QUEHACER POLÍTICO el abogado de los afectados, Hugo Becerra, podría sumar hasta 800 millones de pesos.

La relación política le funciona todavía, porque Sánchez Alcántara goza de un sorprendente manto protector que le ayuda a no ser tocado por la mano de la justicia, pese al cúmulo de evidencias que existen sobre los mencionados casos.

El abogado Becerra resalta que la PGJDF ya considera responsable de administración fraudulenta a Salvador Sánchez Alcántara por la denuncia que interpuso desde 2003. “Este asunto se ha tardado cantidad de tiempo (cuatro años) porque estas gentes cuentan con mucho poder definitivamente. Han ocurrido cosas, raras, fuera de lo normal, que no suceden en asuntos ordinarios”, dice.

La acusación se origina a partir de que el Consejo de Administración del GEB, cuyo presidente era Salvador Sánchez, empezó a hacer peripecias financieras entre 2001 y 2002 en medio de lo cual hizo pagos y ordenó retenciones a las ganancias de los inversionistas que llegaron a sumar, de manera comprobada, unos 100 millones de pesos, mientras el daba hasta aportaciones a Vamos México. Lo demandaron en 2003.

Sánchez decidió alejarse del Consejo de Administración y de la vista pública en diciembre de 2006, justo cuando terminaba el sexenio de Fox, y delegó en parte –aunque mantiene financieramente el control– la operación del grupo de autotransportes en el cual siguen los pleitos internos por la operación de los autobuses de las distintas empresas y las rutas correspondientes.

En entrevista, el abogado Hugo Becerra señala que “se está reclamando la retención del orden de 100 millones de pesos, pues consideramos que no existe ninguna razón que la justifique. Además, estas personas tienen inversiones cuantiosas en la empresa, que en total serían del orden de los 800 millones de pesos”.

Los 100 millones de pesos están calculados al 2002 cuando se comenzaron a hacer las retenciones, las cuales han continuado aparentemente hasta la fecha.

“Mis clientes no son lo que uno cataloga como inversionistas de capitales para ponernos en un lugar u otro, es gente que tiene invertido su patrimonio, que viven de eso, de trabajar varios autobuses en esta empresa y que de eso viven; es ese tipo de inversionista, no estamos hablando de personas con grandes posibilidades económicas”.

Salvador Sánchez Alcántara “era el presidente del Consejo de administración y, junto con el, hay varias gentes más que integraban el consejo, que podrían resultar con responsabilidades, y la PGJDF ha determinado hasta este momento que el presunto responsable de estas retenciones es el ex presidente del GEM, Salvador Sánchez Alcántara, quien fue presidente del Consejo hasta finales de 2006”.

Al comentar la forma en que se retuvo su dinero a los afectados, expuso que fue “de repente, a raíz del endeudamiento tan exorbitante en que incurrió esta empresa, que obedece fundamentalmente a compromisos que asumió para apoyar a personas muy determinadas dentro de la empresa (aparentemente los tres hijos de Sánchez Alcántara), y para poder hacer frente a esos adeudos, se le empieza a retener una parte de ingresos del autobús al accionista, para destinarlos al pago de la deuda, les llamaron remanentes detenidos, ahí están las retenciones de 100 millones de pesos, hasta el año 2002”.

Hugo Becerra señala que los inversionistas que exigen la devolución de su dinero retenido tienen el objetivo de fondo de “salirse de la empresa, porque es muy difícil continuar trabajando dentro de una corporación con la que se tuvo un problema de esta magnitud; ellos quieren retirarse”.

El abogado indica que entre los denunciantes están Jesús Lozano Romero, Ezequiel Estrada González, Pedro Quezada Escobedo, Everardo Quezada Medina e Israel Silva Díaz, entre otros.


DE LOS ADEUDOS A ESTRELLA DEL SEXENIO


Y de la misma forma milagrosa con que Vicente Fox, Marta Sahagún y sus hijos resolvieron sus problemas económicos, Salvador Sánchez Alcántara pudo obtener unos 300 contratos de servicios al gobierno y renegociar la deuda de la empresa con el IPAB por cinco mil 767.6 millones de pesos, para concluir en 2006 con un pendiente de mil 700 millones de pesos.

El abogado Hugo Becerra, representante legal de las casi 40 familias de inversionistas del GEM afectadas por retenciones irregulares de sus ganancias, explica que sus clientes no tienen responsabilidad alguna en los adeudos de la empresa con los bancos que terminaron en el Fobaproa.

“Lo que entró al Fobaproa es lo que la empresa venía arrastrando de pasivos desde 1995, fue la única empresa no bancaria o financiera que fue intervenida por el Fobaproa porque la magnitud de sus deudas era tan grande que podía provocar la quiebra de varios bancos”.

Pero “mis clientes no dejaron de pagar ninguno de los adeudos que habían contraído para la adquisición de autobuses, lo que debían, todo lo pagaron. El problema de lo que cayó en la panza del Fobaproa fue más que nada gentes muy señaladas, identificadas dentro de la empresa que tuvieron un crecimiento desproporcionado al número de autobuses con los que contaban en un inicio”.

En esta ultima situación de personas que contrataron deuda para comprar autobuses y no tenían una flotilla para sostener el adeudo, “están personajes del Consejo de Administración de esa época y sus familiares (era la época de Sánchez Alcántara y sus hijos).

“Esas deudas avaladas por la empresa no se pudieron pagar, y eso es lo que acabó en el Fobaproa y lo que originó toda la debacle en Estrella Blanca. De ahí salen los miles y miles de millones que debían y no podían pagar, fueron adeudos que indebidamente se le cargaron a la empresa, siendo deudas privadas, de particulares, no tenía porque asumirlas”, precisa.


LA VENTAJAS DE SER FOXISTA

En un arranque de oportuna humildad, Salvador Sánchez Alcántara obsequió a Vamos México unos 100 precarios autobuses de entre los que comenzaba a sacar de circulación para que fueran usados como camiones-aula en regiones pobres del país, y mostró la cercanía y disposición que mantenía hacia los Fox.

Con una empresa que se dirigía a la quiebra, endeudada desde 1995, Sánchez Alcántara se acercó al fogón del poder político para calentarse, recibió los respaldos necesarios. Incluso Fox tenía autobuses de Estrella Blanca como vehículos oficiales.

Los accionistas mayoritarios de GEB, Salvador Sánchez Alcántara y su hijo Arturo Sánchez de la Peña, fueron invitados especiales a la boda de Vicentillo con Paulina Rodríguez Dávila, de 19 años de edad, en ese momento estudiante de Psicología de la Universidad Iberoamericana de León.

La influencia de Vicentilllo en el grupo camionero obedece a que su padre no sólo era el Presidente de la República en turno, intocable todavía hoy como “ex”, sino que le había comprado autobuses –extraoficialmente se menciona que son alrededor de 180 unidades–, lo cual fue reconocido públicamente por el ex mandatario, quien dijo que su hijo ya trabajaba y se dedicaba al negocio de los camiones.

Y alcanzó la cercanía necesaria con Vicente por medio de Martha Sahagún, tan es así que uno de los principales inversionistas de GEB Arturo Sánchez, hijo de Sánchez Alcántara, es miembro del Consejo de Vamos México.

Múltiples anomalías en el Grupo Estrella Blanca ponen en evidencia la injerencia de la ex familia presidencial en más negocios al amparo del poder, mismos que ahora se exige sean investigados por comisiones legislativas y autoridades federales.

Entre todo lo que pudo hacer con su sueldo de 167 mil 255. 94 pesos mensuales como Presidente de México, Vicente Fox pudo invertir también en la compra de “unos camioncitos” para su hijo Vicentillo a fin de que éste empezara a crear su capital una vez casado con su novia Paulina (en el año 2002). Pero esa inversión en camioncitos pudiera ser la operación de hasta unas 180 unidades en el Grupo Estrella Blanca (GEB), según comentan trabajadores de esa empresa con más de 20 años de servicio.

GEB fue la única empresa no financiera intervenida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en 1995 durante el rescate bancario, porque su deuda vencida podía quebrar a varios bancos a la vez, pero consolidada la cercanía del principal accionista Salvador Sánchez Alcántara con Fox y su esposa Martha a partir del 2000, este hombre pudo sortear sus líos legales, renegociar los adeudos de la empresa con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y hasta dar donativos a Vamos México, aunque con el dinero de accionistas que ahora lo tienen con un pie en la cárcel por administración fraudulenta.

Sánchez Alcántara es amigo íntimo de los Fox, estuvo en la boda de Vicentillo, y con ellos acordó inversiones del ex Presidente en beneficio de su hijo, quien incluso trabajó algunos meses en la dirección general del corporativo camionero que también funcionó como transportadora de productos incautados en las aduanas del país para la organización civil de Marta Sahagún. Es amplia la historia de Estrella Blanca y la estrecha la relación del principal accionista con los Fox.

Pero en todo el sexenio foxista el GEB estuvo rodeada de problemas, pues la Agencia Federal de Investigación (AFI) ha detectado desde entonces cargas de precursores de pseudoefedrina en instalaciones de paquetería como en unidades de envío y autobuses de pasajeros.

Algunas de estas intervenciones de la PGR son mencionadas por Anabel Hernández, investigadora de las peripecias foxistas, en la revista electrónica Reporte Indigo.