LA CASCARA DE LA HISTORIA

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Los órganos electorales federales del país se encuentran en una grave crisis de credibilidad. Las razones son claras: su incapacidad para transparentar su funcionamiento, principalmente su administración, y porque en los procesos más recientes no han sabido estar a la altura de las circunstancias que el momento político e histórico exigía. El último escándalo de presumible corrupción en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha contribuido a incrementar los cuestionamientos sobre la viabilidad de estas instituciones.

Por lo que toca al Instituto Federal Electoral y como se sabe, el origen de su actual Consejo General obedeció al concierto de voluntades del PAN y del PRI, con la exclusión del resto de las fuerzas políticas. En la negociación para la designación de este Consejo tuvo un papel fundamental la profesora Elba Esther Gordillo, quien en los últimos años ha estado muy cerca del gobierno panista.

Esto significa para muchos priístas la existencia de una hegemonía del PAN en el Consejo General del IFE, hegemonía que se extiende a funcionarios del primer nivel del IFE y a muchos asesores de los consejeros electorales y de los directores ejecutivos. La queja priísta es que no existe pluralidad en el IFE, que prevalece un control por parte de una de las fuerzas políticas.

Para el PRD y los partidos que integran el Frente Amplio Progresista, las quejas tienen que ver, sobre todo, con la actuación de los consejeros durante el pasado proceso electoral. El Consejo no actuó a tiempo para detener las campañas negras que prevalecieron; el Consejo no fue lo suficientemente contundente para impedir la obvia injerencia del ex presidente Vicente Fox y se rompió con ello la equidad electoral; el IFE no actuó con suficiencia ante el gasto de mil 700 millones de pesos que el gobierno federal utilizó en campañas gubernamentales, lo que implicó en los hechos una campaña paralela; el IFE no empleó ningún mecanismo para rechazar la contratación de tiempos en radio y televisión efectuadas por el Consejo Coordinador Empresarial y otros grupos empresariales que violaron abiertamente el artículo 48.13 del Cofipe; el IFE no se comportó como autoridad para supervisar las contrataciones en radio y televisión de los partidos —artículo 48.8 del Cofipe— y no exigió el cumplimiento de la Ley de Radio y Televisión para insistir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la difusión de las tarifas en los medios de comunicación electrónica; el IFE no reguló el derecho de réplica que establece el Cofipe; el IFE no sancionó a tiempo al PAN por la interferencia indebida del ex presidente español José María Aznar en la campaña electoral mexicana; el IFE tuvo graves errores de comunicación con la ciudadanía para transmitir completos los resultados electorales, entre ellos los del PREP; las oficinas centrales del IFE recomendaron a los presidentes de los Consejos Distritales que se evitara abrir paquetes electorales a partir del miércoles siguiente al día de la elección. En fin, para los dirigentes del Frente Amplio Progresista, el Consejo General del IFE no cumplió con sus obligaciones legales.

En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cabe decir que la percepción de muchos sectores de la población y políticos es que tampoco estuvo a la altura de las circunstancias en el pasado proceso electoral; que no se comportó debidamente, entre otras cosas, porque a su principal resolución, la que declaró la validez de la elección, siendo jurisdiccional le dio un carácter administrativo para autolimitarse y no ejercer las atribuciones que la ley establece, como la de ordenar la práctica de medidas para mejor proveer, requerir pruebas a las autoridades que habían sido ofrecidas por la Coalición por el Bien de Todos, y resolver con plena jurisdicción. En estos momentos, y después del nombramiento de sus nuevos titulares, el Tribunal Electoral pasa por una crisis que difícilmente sería superable en una sociedad democrática. El escándalo de corrupción derivado de la presunta compra de un inmueble previo pago de una comisión probablemente ilegal, debió dar lugar a la renuncia de los magistrados electorales implicados. Como ello difícilmente se producirá, la ilegitimidad de esa institución se profundizará.

La solución a las dudas que suscitan estos órganos pasa por una reforma constitucional y legal de carácter electoral que diseñe instituciones con más competencias y con más transparencia.

Es verdad que el asunto de la salida de los funcionarios de estas instituciones no es lo más importante, pero es fundamental. La autonomía e independencia de los órganos electorales constituye, desde luego, un principio constitucional, pero es un principio inferior al de la legitimidad de las instituciones. Si las autoridades no son legítimas no abonan a la gobernabilidad ni a la consolidación del estado de derecho y deben por ello ser sustituidas.