DEL EDITORIAL DE DIARIO LIBERTAD

GOBERNACIÓN ¿PARA QUÉ?

Que a Francisco Ramírez Acuña lo hayan recibido con frialdad en Yucatán, durante la toma de protesta de la gobernadora de esa entidad, no es más que un muy tibio ejemplo de las reacciones de rechazo al errático del manejo de la política interna, que en el caso del pasado proceso electoral de la península, como antes el presidencial, estuvo plagado de irregularidades por el uso y abuso de recursos públicos con fines electorales.

Por donde quiera, en cualquier punto de la geografía nacional, existen problemas que no han sido resueltos, con el de la seguridad a la cabeza. El combate al narcotráfico solo esta evidenciando lo que muchos advirtieron sobre la incorporación del ejército en esta lucha: la vulnerabilidad a una eventual cooptación por parte de los enemigos que se supone van a enfrentar

Y de paso, permite ver con claridad porque el fenómeno del tráfico de estupefacientes no será fácil detenerlo, pues además de la corrupción presente en prácticamente todos los cuerpos policíacos, no hay instrumentos institucionales capacitados y equipados para hacer frente a este grave problema, cuyos más graves efectos son los miles de adictos, cuyo inicio en el consumo de drogas ronda las edades infantiles, esta desintegrando a la sociedad y destruyendo a generaciones enteras.

Hoy, en Colima, particularmente en el aeropuerto Playa de Oro, Felipe Calderón se convierte en la última instancia en la solución de un problema que amenaza ya con llegar a la violencia entre policías de Colima y Jalisco por el conflicto de límites, en donde la segunda entidad le reclama a la primera una porción de terreno equivalente al 10 por ciento de la superficie colimense, en donde estas ubicadas las principales riquezas minerales y turísticas, lo que verdaderamente se encuentra detrás de la apetencia jalisciense.

Desde hace meses se ha advertido de este problema, cuya solución esta en manos de la Comisión de Límites del Senado de la República. Debido al agravamiento de las relaciones, el gobierno de Colima solicita al gobierno federal la intervención del ejército para garantizar la paz que es amenazada por las continuas provocaciones a partir de las incursiones armadas del gobierno de Jalisco y sus policías.

Sospechosamente, la Secretaría de Gobernación ha anunciado para el cuatro de agosto el retiro del ejército de la zona en conflicto, a contrapelo de la opinión del gobierno de Colima, promotor de la presencia militar para detener las incursiones jaliscienses.

En el caso del conflicto de límites, el arbitraje de Calderón representa que el asunto llegó a su nivel más alto, por lo que si llegara a fracasar, las consecuencias son incalculables, y entonces, la literal conquista de Jalisco en contra de su vecino, será un asunto consumado.