OFICIO DE PAPEL

La corrupción de un cachorro del foxismo

Miguel Badillo

Si es despreciable que un servidor público se enriquezca con el presupuesto generado con los impuestos que pagan los mexicanos, mucho más despreciable es aquel burócrata que desvía el dinero destinado a la población que vive en la extrema pobreza. Éste es el caso de Juan Antonio Fernández Ortiz, quien al frente del “programa estrella” del gobierno de Vicente Fox, denominado Seguro Popular, se enriqueció ilícitamente y utilizó recursos públicos en beneficio propio, de su familia y de empresas privadas, con lo cual cometió el delito de abuso de poder, según determinó la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Al mando del joven panista Germán Martínez, esa secretaría responsable de prevenir, vigilar y controlar el uso eficiente del gasto público, determinó que el actuario Fernández Ortiz, pieza clave en la campaña presidencial que llevó a Vicente Fox a Los Pinos, a través de la asociación Amigos de Fox, cometió irregularidades administrativas en el proceso de credencialización de la población más pobre del país, que costó al erario público 368 millones de pesos, y desvió recursos en beneficio propio y para las empresas Grupo Inbursa e Image Technology.

Ante ese abuso de poder, la Función Pública resolvió el 31 de mayo pasado inhabilitar por 10 años a Fernández Ortiz para ejercer cualquier cargo en la administración pública federal y una multa por 454 mil 528 pesos por los recursos desviados; sin embargo, se trata sólo de sanciones administrativas, por lo que habrá de esperar las sanciones penales que el caso amerita, pues el abuso cometido por el desvío de recursos está más que probado y no puede quedarse sólo en una simple inhabilitación que al final de 10 años le permitiría volver a robar dinero a los mexicanos.

Este caso de evidente corrupción foxista ha sido un trabajo seguido durante más de un año por la reportera Erika Ramírez, quien mediante sus investigaciones logró que la Secretaría de la Función Pública reabriera el caso después de considerar que no había elementos suficientes para sancionar a Fernández.

Como ha sido costumbre desde que fue creada, la SFP sólo ha servido en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón como tapadera de las corruptelas de la burocracia, es un ente que oculta, archiva y guarda expedientes sin sancionar a los responsables, y sólo cuando se trata de algún ajuste político utiliza la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos como un instrumento de venganza, al más puro estilo de la mafia.

Según el expediente 15/2007–BIS de la SFP, el mal uso de los más de 300 millones de pesos fue para la elaboración de 3.7 millones de tarjetas inteligentes, cuyo contrato fue asignado en medio de múltiples irregularidades a la empresa Image Technology. Pero éste no fue el único convenio que hizo Juan Antonio Fernández para la elaboración de tarjetas, que ahora son inservibles y que Felipe Calderón ha anunciado que continuará con dicho programa.

De acuerdo con el trabajo periodístico de Erika Ramírez, previo a la licitación pública 1216100–004–05 el ex coordinador de campaña de los Amigos de Fox convino la entrega de 161 mil 281 tarjetas electrónicas con altos directivos de Grupo Inbursa, con un cargo superior a los 14 millones de pesos, según consta en la auditoría 15/06 que se anexa en el expediente del ahora ex funcionario público.

En el “resumen de reuniones de trabajo que tuvieron las empresas que licitaron el servicio de credencialización”, el informe de actividades del 16 al 23 de diciembre de 2004 evidencia que la base de datos de los afiliados al Seguro Popular fue entregada a Inbursa –filial financiera del Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim–, “quienes ya están informados para proceder a la elaboración de las credenciales”.

Según muestra la auditoría 15/06, el 4 de marzo de 2005 el coordinador general de Procesos de Credencialización, Manuel Martínez Olguín, gira el oficio CGPC/046/2005 al subdirector técnico operativo de Tarjeta Inteligente Banco Inbursa, Armando Magaña Aguado, para realizar la “preimpresión” de tarjeta inteligente y así “alcanzar las metas del programa de credencialización del Seguro Popular”.

Un mes más tarde (20 de abril de 2005), Martínez Olguín envía al mismo directivo de Inbursa 17 discos compactos con los registros de los afiliados al sistema en Chihuahua, para realizar la impresión de las credenciales correspondientes.

Luego, el 7 de Julio de 2005, a cinco meses de haberse hecho público el concurso de credencialización, el titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Juan Antonio Fernández Ortiz, solicita al subdirector Técnico Operativo de Inbursa la instrumentación de un plan de enrolamiento para generar 15 mil credenciales que serían distribuidas entre los afiliados al Seguro Popular en las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa, en el Distrito Federal, según consta en el oficio CNPSS/233/2005.

Ese mismo día, Fernández Ortiz envía el oficio CNPSS/234/2005 a Magaña Aguado para la elaboración de otras 150 mil credenciales de personas enroladas en Aguascalientes, Colima y Chihuahua.

Toda esta operación significó para el erario público la erogación de 14 millones 313 mil 334 pesos, con un costo unitario por tarjeta de más de 86 pesos, mismas que en diciembre de 2005 se pretendieron sustituir con un nuevo sistema de credencialización que echaría a andar Image Tecnology.

Historia del fraude llamado Seguro Popular
Desde febrero de 2006 se dio a conocer una serie de investigaciones que evidenciaban el manejo irregular de los recursos públicos en la producción de la tarjeta inteligente “Tu Salud” (Contralínea 50).

Mediante convocatoria abierta, el 10 de noviembre de 2005 la CNPSS que encabezaba Juan Antonio Fernández Ortiz otorgó, en un amañado proceso, un contrato de 324 millones de pesos a Image Technology para la elaboración de 3.7 millones de tarjetas inteligentes.

Una vez concluido el concurso, las quejas no se hicieron esperar y el fallo de la licitación a favor de Image Technology fue impugnado por otro de los concursantes. Las denuncias presentadas ante la Dirección General de Inconformidades de la SFP señalaban que se habían dado todas las ventajas a la empresa ganadora para dejar fuera a los demás interesados, por lo que se abrió el expediente 779/2005.

Sin embargo, esa investigación no prosperó, pues el encargado provisional de la Dirección General de Inconformidades, Mario Alberto Massé Alemán, y la directora de Inconformidades, Martha Cristina Herrera Terrazas, resolvieron que la empresa quejosa carecía de “interés jurídico” y concluyeron que la inconformidad era “infundada” en diciembre de 2005.

Pero las investigaciones de la revista Contralínea motivaron que se reabriera el expediente en Función Pública ante las nuevas evidencias de la corrupción en la administración del Seguro Popular, pero dos meses antes de que se abriera el concurso para realizar la credencial inteligente Tu Salud, funcionarios del Seguro Popular se reunieron con los representantes de la empresa que resultó ganadora el 1de diciembre de 2005.

El 13 de octubre de 2004, Manuel Martínez Olguín, coordinador general del Seguro Popular; Pedro Espinoza Ramos, director área, y Rosendo Páramo Ramos, subdirector de área, recibieron en las oficinas de la CNPSS a Víctor Hugo Calleja, gerente de Desarrollo de la empresa Interlogic, que representaba a Image Technology; Gabriel Pérez, director Comercial; Marcelo Damián, director de Operaciones de Inbursa; José Samuel Leyva Pérez, líder del proyecto; Juan Meza Iturbide, director y Arturo Castillo, gerente, para coordinar el plan piloto del Seguro Popular que se echó a andar en Colima, lo que revela las componendas y las ventajas para esa empresa le dispensó al equipo de funcionarios corruptos.

Fuentes del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud confirman que la licitación sólo fue abierta para “formalizar” las negociaciones que se habían dado con antelación y que se había hecho una emisión previa de tarjetas, sin licitación con el grupo financiero Inbursa.

Luego de dar carpetazo a una primera investigación, seis funcionarios de la SFP se vieron obligados a reabrir los expedientes del Seguro Popular para evitar que fueran acusados de negligencia y omisión por negarse a investigar a Juan Antonio Fernández Ortiz y a sus colaboradores más cercanos, por supuestos actos de corrupción, prácticas de nepotismo, captación de votos y lavado de dinero, entre otras irregularidades.