INDICE POLITICO
FRANCISCO RODRÍGUEZ
EL 7 DE ABRIL de 2006 se dotó de autonomía al INEGI, lo cual constituye sin duda un tema importante para garantizar la independencia de ese Instituto en el Sistema Nacional Estadístico y de Información Geográfica.
Hace unos días, con 32 votos a favor, del PAN y del PRI, y 11 en contra, particularmente del PRD, y ninguna abstención, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobaron sin modificación alguna el dictamen de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), a través del cual se le dará mayor autonomía técnica y de gestión, pero no presupuestal.
Tal vez porque los legisladores están al tanto de los malos manejos económicos que, particularmente desde el foxiato, se dan al seno de esa institución que, aparentemente, tiene su sede en Aguascalientes.
Dentro del INEGI se vive una crisis interna desde el año 2000, cuando por problemas de corrupción, abuso de autoridad y por la violación de los derechos laborales se emprendieron una serie de denuncias y demandas de tipo laboral contra esta institución.
Y es obvio que esta crisis no se resolverá con la simple promulgación de la Ley Reglamentaria del nuevo INEGI. Se necesita cambiarle "el modito" de funcionar.
Porque el INEGI es el mejor ejemplo de subcontratación y pérdida de los derechos laborales básicos, como la estabilidad en el empleo y la seguridad social.
Dentro del INEGI hay dos tipos de trabajadores, los eventuales y los denominados por el instituto como tradicionales (base y confianza), las labores encomendadas a los eventuales y los tradicionales son las mismas desde el año 1983 hasta la fecha, pero los derechos que reciben no son los mismos.
De 1992 a 2007 el INEGI contó en promedio con 27 mil trabajadores eventuales y sólo 5 mil 200 de base o confianza. Los trabajadores eventuales cada año pueden ser despedidos por decisiones unilaterales de parte del titular del instituto –o del coordinador administrativo, cual sucede--, aun cuando los programas que se realizan son permanentes.
En 1998 un ciento de trabajadores eventuales inició la lucha por el reconocimiento de su calidad de trabajadores de base, la incorporación al ISSSTE y la conformación de un sindicato autentico. Para el año 2000 el grupo inconforme rebasaba los 4 mil trabajadores.
Con la llegada del dizque "gobierno del cambio" se reprimió el movimiento con un despido masivo que incluyó a todos los trabajadores del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede).
Para evitar una revuelta mayor la Secretaria de Hacienda destinó recursos presupuestales para un programa especial de conclusión de Procede, por lo que en noviembre del 2000 se destinaron más de 310 millones de pesos para liquidar a trabajadores cuyas plazas fueron cubiertas por personal de nuevo ingreso en días o semanas siguientes, en su mayoría el nuevo personal fue contratado por honorarios.
Pero en 2001 la Auditoria Superior de la Federación realizó una observación al Instituto en la que mencionaba que no había razón para la contratación por honorarios. En la actualidad hay 2 mil 300 trabajadores en juicio vigente y en espera de una solución
Hace unos días, con 32 votos a favor, del PAN y del PRI, y 11 en contra, particularmente del PRD, y ninguna abstención, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobaron sin modificación alguna el dictamen de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), a través del cual se le dará mayor autonomía técnica y de gestión, pero no presupuestal.
Tal vez porque los legisladores están al tanto de los malos manejos económicos que, particularmente desde el foxiato, se dan al seno de esa institución que, aparentemente, tiene su sede en Aguascalientes.
Dentro del INEGI se vive una crisis interna desde el año 2000, cuando por problemas de corrupción, abuso de autoridad y por la violación de los derechos laborales se emprendieron una serie de denuncias y demandas de tipo laboral contra esta institución.
Y es obvio que esta crisis no se resolverá con la simple promulgación de la Ley Reglamentaria del nuevo INEGI. Se necesita cambiarle "el modito" de funcionar.
Porque el INEGI es el mejor ejemplo de subcontratación y pérdida de los derechos laborales básicos, como la estabilidad en el empleo y la seguridad social.
Dentro del INEGI hay dos tipos de trabajadores, los eventuales y los denominados por el instituto como tradicionales (base y confianza), las labores encomendadas a los eventuales y los tradicionales son las mismas desde el año 1983 hasta la fecha, pero los derechos que reciben no son los mismos.
De 1992 a 2007 el INEGI contó en promedio con 27 mil trabajadores eventuales y sólo 5 mil 200 de base o confianza. Los trabajadores eventuales cada año pueden ser despedidos por decisiones unilaterales de parte del titular del instituto –o del coordinador administrativo, cual sucede--, aun cuando los programas que se realizan son permanentes.
En 1998 un ciento de trabajadores eventuales inició la lucha por el reconocimiento de su calidad de trabajadores de base, la incorporación al ISSSTE y la conformación de un sindicato autentico. Para el año 2000 el grupo inconforme rebasaba los 4 mil trabajadores.
Con la llegada del dizque "gobierno del cambio" se reprimió el movimiento con un despido masivo que incluyó a todos los trabajadores del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede).
Para evitar una revuelta mayor la Secretaria de Hacienda destinó recursos presupuestales para un programa especial de conclusión de Procede, por lo que en noviembre del 2000 se destinaron más de 310 millones de pesos para liquidar a trabajadores cuyas plazas fueron cubiertas por personal de nuevo ingreso en días o semanas siguientes, en su mayoría el nuevo personal fue contratado por honorarios.
Pero en 2001 la Auditoria Superior de la Federación realizó una observación al Instituto en la que mencionaba que no había razón para la contratación por honorarios. En la actualidad hay 2 mil 300 trabajadores en juicio vigente y en espera de una solución
posted by H2AGUA at
8:13 a.m.
