MIRADOR

Raúl Moreno Wonchee
viernes, 15 de junio de 2007


¿Quién mató al dragón?

Ahora resulta que no fue la Suprema la que mató al dragón sino el Presidente. En la nota principal de La Jornada del lunes, hecha con insinuaciones y conjeturas sin otra base que supuestas filtraciones, se afirma que la declaración de inconstitucionalidad de los artículos clave de la Ley Televisa fue avalada por el Presidente de la República cuyo secretario de Gobernación fue el primero en recibir el proyecto de dictamen que lo turnó al primer mandatario quien le dio su visto bueno.

El cabildeo fue del senador Santiago Creel (con lo que se anotó su primer éxito en su meteórica carrera) quien por lo visto fue también el filtrador, oficio que aprendió a su paso por Bucareli. Los gritos en el cielo de legisladores y personeros de las oposiciones acusando a Calderón de violar la división de poderes no se hicieron esperar. Tampoco sendos desmentidos de la Suprema y Gobernación.

Suponiendo sin conceder que la nota de marras corresponde a la verdad, la actuación del presidente Calderón alcanzaría perfiles épicos y sin duda sería el paso conclusivo de su plena legitimación. Así, sería el primero en vencer a los monopolios de la información electrónica en más de medio siglo aunque fuera a costa de la dignidad de la Suprema. Total, qué tanto es tantito si con ello se daría un aporte decisivo a la restauración del presidencialismo al demostrar palmariamente que en este irredento país sólo el Presidente puede con las grandes broncas.

Como era de esperarse fue Manuel Bartlett quien comenzó a poner las tildes sobre las eñes. El que sabe, sabe, y lejos de extrañarse advirtió que pudo haber habido "peloteo" pero que el proyecto del ministro Aguirre Anguiano fue sustancialmente mejorado gracias al trabajo en el pleno y a las aportaciones de los demandantes. Las deliberaciones públicas transmitidas en vivo y en directo por la televisora de la Corte, precedidas por la publicación del proyecto en la Internet dieron un ejemplo de verdadera transparencia, superior por supuesto a la del propio IFAI enturbiado de origen por su, ese sí ilegítimo, presidente.

A las precisiones hay que añadir las intenciones. Nadie tan interesado en demeritar a la Suprema como los monopolios y sus aliados aunque sean, como el soldado de caballería, de levita. Por encima de las especulaciones están los hechos: la Suprema rescató la soberanía del Estado vulnerada cuando el Congreso se sometió al dictado de los monopolios y legisló para servirlos contraviniendo la Constitución. En ese oscuro y lamentable episodio, el Ejecutivo, los candidatos, los partidos y el Congreso de la Unión fueron avasallados. Que el proceso legislativo haya tenido lugar en pleno proceso electoral fue una obscenidad mayúscula admitida de manera servil por todos los actores políticos. Es muy significativo que hayan sido los entonces senadores Dulce María Sauri, Manuel Bartlett, Javier Corral y César Raúl Ojeda, que por diversas razones se encontraban al margen de compromisos electorales en sus respectivos partidos, quienes resistieron el embate y emprendieron la lucha que a la postre dio lugar a la actuación redentora de la Suprema.

Dos enseñanzas importantes aunque contradictorias deja el lance. Primero la mala: el lamentable estado de la República luego del quebranto institucional que sufrió a manos de Fox con el consentimiento de todas las fuerzas políticas que durante seis años se desentendieron de los problemas nacionales para ocuparse únicamente de los juegos de una sucesión adelantada ayuna de sustancia y de proyectos. La buena: la actuación patriótica y responsable de la Suprema Corte de Justicia que hizo honor a su tradición republicana. No se olvide que la Suprema, por medio de su presidente Benito Juárez, salvó a la Constitución amenazada por el golpe de Comonfort. Y defendió a la Patria cercada por los monopolios extranjeros agraviados por la expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas.

Con todo respeto para don Salvador Aguirre Anguiano, seguramente él y sus compañeros están hechos de carne y hueso como todos los mortales; la que está hecha de una sustancia histórica republicana, liberal y por lo tanto laica, es la institución a la que han servido con tan ejemplar pulcritud. Por el bien de México, ojalá los ministros mantengan invariable su lealtad a sus terrenales y por tanto constitucionales compromisos ahora que con motivo de la despenalización del aborto el presidente Calderón los quiere despojar de su investidura republicana para convertirlos en sacerdotes, ministros del derecho divino. Para que todos podamos confirmar, agradecidos, que a la Suprema no hay dragón que se le resista.