INDICE POLITICO
FRANCISCO RODRÍGUEZ
SE LOS DIJE: FRAUDE EN EL SEGURO POPULAR
HACE POCO MÁS de un año, el 15 de mayo de 2006, le pedí aquí que anotara el nombre de Juan Antonio Fernández Ortiz, a quien Vicente y Marta le encargaron el Seguro Popular.
Le decía entonces que el tipo, actuario de profesión, había iniciado ese que fue el proyecto consentido del foxismo, sin reservas actuariales, cual una muestra más del surrealismo que enmarca la actuación de los funcionarios públicos en México.
Para más precisión, también la actividad que profesa: es actuario. Y si quiere, también su cargo: es comisionado nacional en protección de Salud, encargado del Seguro Popular.
¿Por qué le pedía entonces que anotara tal nombre?
Pues porque, le avisaba, iba a ser muy mencionado en los días siguientes a los comicios federales.
Fernández Ortiz, de quien en 2004 y 2005 le platiqué aquí también, salía de paseo por el mundo de la mano de su novia, con cargo al erario público, fue funcionario del gobierno guanajuatense, cuando Fox cobraba ahí sus quincenas haciéndola de gobernador, y durante la campaña del 2000 coordinador nacional de Los Amigos de Fox, el organismo para-político acusado de promover patrocinios ilegales a la campaña presidencial foxista.
Le contaba hace más de un año que en el Congreso había peticiones para que se fiscalizaran los recursos que se han empleado en el Seguro Popular. Los diputados de oposición impugnaban el uso de los datos particulares de las familias más desprotegidas del país, que en diciembre de 2005 llegaron a los 3.5 millones, y advertían que este proceso podría significar un fichaje electoral y poner en riesgo la seguridad de cada uno de los afiliados.
"Todo empezó cuando el 20 de diciembre de 2005 los representantes de la empresa Técnica Comercial Vilsa se inconformaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por supuestas manipulaciones en el otorgamiento del contrato de credencialización del Seguro Popular --que implica recursos por 320 millones 400 mil pesos-- a la empresa Image Technology, por lo que se abrió el expediente 779/2005."
Para no variar, la denuncia no prosperó en las oficinas de la SFP, que encabezaba Eduardo Romero Ramos, pues el encargado provisional del despacho de la Dirección General de Inconformidades, Mario Alberto Massé Alemán, y la directora de Inconformidades, Martha Cristina Herrera Terrazas, resolvieron que la empresa quejosa carecía de "interés jurídico" y concluyeron que la inconformidad era "infundada".
El expediente, empero, fue reabierto a instancias de la secretaria de Salud del gobierno alterno encabezado por AMLO, Asa Cristina Laurel, y ahora sí se ha encontrado a Fernández Ortiz responsable de fraude.
Y ya lo "castigaron". Por haberse robado más de 300 millones de pesos. Devolvió al erario menos de medio millón. Y lo inhabilitaron 10 años.
Aquí, pues, le pedí que anotara el nombre del pillo.
¿Ya lo verificó?
HACE POCO MÁS de un año, el 15 de mayo de 2006, le pedí aquí que anotara el nombre de Juan Antonio Fernández Ortiz, a quien Vicente y Marta le encargaron el Seguro Popular.
Le decía entonces que el tipo, actuario de profesión, había iniciado ese que fue el proyecto consentido del foxismo, sin reservas actuariales, cual una muestra más del surrealismo que enmarca la actuación de los funcionarios públicos en México.
Para más precisión, también la actividad que profesa: es actuario. Y si quiere, también su cargo: es comisionado nacional en protección de Salud, encargado del Seguro Popular.
¿Por qué le pedía entonces que anotara tal nombre?
Pues porque, le avisaba, iba a ser muy mencionado en los días siguientes a los comicios federales.
Fernández Ortiz, de quien en 2004 y 2005 le platiqué aquí también, salía de paseo por el mundo de la mano de su novia, con cargo al erario público, fue funcionario del gobierno guanajuatense, cuando Fox cobraba ahí sus quincenas haciéndola de gobernador, y durante la campaña del 2000 coordinador nacional de Los Amigos de Fox, el organismo para-político acusado de promover patrocinios ilegales a la campaña presidencial foxista.
Le contaba hace más de un año que en el Congreso había peticiones para que se fiscalizaran los recursos que se han empleado en el Seguro Popular. Los diputados de oposición impugnaban el uso de los datos particulares de las familias más desprotegidas del país, que en diciembre de 2005 llegaron a los 3.5 millones, y advertían que este proceso podría significar un fichaje electoral y poner en riesgo la seguridad de cada uno de los afiliados.
"Todo empezó cuando el 20 de diciembre de 2005 los representantes de la empresa Técnica Comercial Vilsa se inconformaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por supuestas manipulaciones en el otorgamiento del contrato de credencialización del Seguro Popular --que implica recursos por 320 millones 400 mil pesos-- a la empresa Image Technology, por lo que se abrió el expediente 779/2005."
Para no variar, la denuncia no prosperó en las oficinas de la SFP, que encabezaba Eduardo Romero Ramos, pues el encargado provisional del despacho de la Dirección General de Inconformidades, Mario Alberto Massé Alemán, y la directora de Inconformidades, Martha Cristina Herrera Terrazas, resolvieron que la empresa quejosa carecía de "interés jurídico" y concluyeron que la inconformidad era "infundada".
El expediente, empero, fue reabierto a instancias de la secretaria de Salud del gobierno alterno encabezado por AMLO, Asa Cristina Laurel, y ahora sí se ha encontrado a Fernández Ortiz responsable de fraude.
Y ya lo "castigaron". Por haberse robado más de 300 millones de pesos. Devolvió al erario menos de medio millón. Y lo inhabilitaron 10 años.
Aquí, pues, le pedí que anotara el nombre del pillo.
¿Ya lo verificó?
posted by H2AGUA at
1:59 a.m.
