SI O NO MEXICO ES EL PAIS DE LA IMPUNIDAD? CLARO QUE LO ES!!

Masacre de Aguas Blancas: 12 años de impunidad

PE Por Esto
Por Julio Pimentel Ramírez
miércoles, 27 de junio de 2007

Este 28 de junio se cumplen doce años de la masacre del vado de Aguas Blancas, Guerrero, hecho en el que perdieron la vida 17 campesinos. Después de cuatro gobernadores y tres presidentes de la República, de diferente afiliación política en ambos ámbitos del poder público, y a pesar de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en su momento atrajo e investigó ese grave crimen, la impunidad persiste y los responsables intelectuales y materiales de enlutar hogares campesinos siguen libres, al tiempo que no se han modificado las condiciones que dan origen a la aplicación de una política de Estado que hostiga y criminaliza a las organizaciones sociales independientes y a las luchas populares.

En México, al igual que el asesinato de los integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), son varios los expedientes abiertos que al encontrarse sin solución mantienen sin cicatrizar heridas sociales cuya única cura es la verdad y la justicia, la reivindicación de las víctimas y sus luchas, el resarcimiento del daño a sus familiares, la sanción a los responsables intelectuales y materiales de esos delitos de lesa humanidad, así como el establecimiento de medidas que eviten la repetición de hechos de esa gravedad.

Ahora que la violencia desatada por el crimen organizado se extiende a lo largo y ancho del país y que la presencia del Ejército, de verde olivo o de gris, como usted prefiera, se vuelve cotidiana en nuestras calles y campos, recordar hechos como los de la masacre de Aguas Blancas pareciera tener trascendencia únicamente para aquellos que los padecieron directamente. Nada más falso e inexacto, pues después de esa fecha cada vez más lejana siguen presentándose casos de represión a los movimientos sociales, tales como los sucedidos en Atenco, Guadalajara, Lázaro Cárdenas, Oaxaca, Mérida.

Es necesario rescatar el significado de lo sucedido hace doce años en el combativo Estado sureño, acontecimiento cuyos efectos aún están presentes en nuestra realidad, a pesar de que se trate de extender un manto que lo oculte a los ojos de una opinión pública obnubilada por una intensa campaña de medios que pretende, al final vanamente, instalar en la memoria colectiva la impresión de que en México ya no hay lugar para movimientos sociales auténticos, fuera del control del sistema político vigente.

Recordemos que el miércoles 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, agentes de la Policía Motorizada y Judicial del Estado de Guerrero emboscaron a una camioneta que transportaba a miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, (OCSS), quienes desde diversas comunidades se dirigían a Atoyac de µlvarez, también en el Estado de Guerrero.

Los policías acribillaron a los campesinos. Los sobrevivientes aseguran que los heridos fueron ejecutados con un tiro de gracia en la cabeza. Diecisiete campesinos muertos, dieciséis ahí mismo, (otro fue asesinado posteriormente camino al hospital, pues en el video se ve cómo iba caminando) y 23 heridos de bala.

En el lugar de los hechos se encontraba un helicóptero en el cual estaban a bordo el secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy. En el momento que se escuchó el primer disparo, el helicóptero levantó el vuelo. El comandante Manuel Moreno González, director de Protección y Vialidad del Estado, responsable de la Policía Motorizada, dirigía el operativo. Todos bajo las órdenes del entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer.

En 2007, 12 años después de la masacre de Aguas Blancas, a pesar de que la responsabilidad de los funcionarios en mención es clara, y así lo dice las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), éstos continúan impunes, en libertad.

La masacre de Aguas Blancas fue resultado de una decisión política que se propuso, aparentemente, frenar el nacimiento de un nuevo grupo guerrillero. En realidad, la masacre aceleró la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR), agrupación que después se dividió en varias organizaciones que se mantienen en estado latente y que de vez en cuando se manifiestan abiertamente, la mayoría de las veces por medio de comunicados, pero también a través de acciones como la ejecución del ex secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán, reivindicado por uno de los desprendimientos del EPR.

El Estado mexicano no ha creado las condiciones económicas, políticas y sociales que eviten el surgimiento de expresiones políticas que optan por la vía armada y continúa con la pretensión de desactivar a los grupos guerrilleros a partir de aplicar mecanismos de represión que vulneran la legalidad vigente, tal como queda de manifiesto con la detención en Oaxaca, el 25 de mayo pasado, de dos militantes del EPR: Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya, quienes hasta la fecha no han sido presentados ante autoridades competentes y permanecen en calidad de desaparecidos.

Organizaciones de derechos humanos, como la Liga Mexicana por la Defensa de la Derechos Humanos, AFADEM y la Fundación Diego Lucero, expresan que el gobierno mexicano mantiene un doble discurso mostrándose en el exterior preocupado y por la defensa de los derechos humanos mientras que en todo el territorio mexicano a lo largo y ancho del país se actúa con la más flagrante impunidad como se muestra con los casos de Jorge Gabriel Cerón Silva (detenido desaparecido el 14 de abril de 2007 en Chilpancingo); Baltasar López Pita (detenido desaparecido el 9 de mayo de 2007 en Acapulco); y los casos mencionados anteriormente.

Demandan que el gobierno mexicano, deje de lado esas prácticas de lesa humanidad y respete los derechos humanos, presente con vida y someta a los detenidos desaparecidos a juicio apegado a derecho.