HASTA QUE SE PUSO LAS PILAS LA SUPREMA CORTE

Rescate de la soberanía

Revista Siempre
Raúl Moreno Wonchee

La Suprema Corte rescató la soberanía, supremo atributo del Estado que le permite ser el ámbito de la nación y de la convivencia civilizada. Se dijo, acaso bajo el influjo de cierto conservadurismo, que por eludir las contradicciones sociales y sus consecuencias suele acudir a criterios moralistas, que la declaración de inconstitucionalidad de la ley Televisa es un revés a la indecencia que prevaleció en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión al aprobar una ley que favorece intereses particulares.

En efecto, la actuación de la Corte salvaguarda la moral pública y pone en evidencia a quienes desviaron su labor legislativa a favor de los monopolios informativos y contra la nación. Pero precisamente porque el conflicto muestra que hay una contradicción irreductible entre quienes concentran poder económico y político mediante el usufructo abusivo y contrario a la Constitución de concesiones estatales por un lado, y los intereses nacionales por el otro, es que la actuación de la Corte trasciende la moral y se instala de lleno en la defensa de la soberanía del Estado.

Porque el Estado es soberano o no es nacional, más aún en las condiciones de un país como el nuestro atenazado desde su origen y a lo largo de su historia por poderes fácticos que sistemáticamente han buscado reducir las capacidades decisorias del pueblo mexicano para imponer las suyas.

En este caso, significativamente fue en el Congreso de la Unión, depositario natural de la soberanía, donde se menguó el poder del Estado en los estratégicos renglones de la radio, la televisión y las telecomunicaciones.

Y así como es muy probable que haya habido algunos sinvergüenzas entre los legisladores que en su momento aprobaron la ley de marras, lo que se pone en evidencia es la atrocidad que significa el predominio incontrastable y aplastante de los monopolios no sólo en la economía sino en la vida pública toda.

Lo que reveló el match legislativo-judicial por la ley Televisa no fue tanto la corrupción de algunos legisladores como el ominoso sometimiento de partidos, candidatos, diputados y senadores a los designios de las gigantescas corporaciones que acaparan en México el poder mediático. Fue significativo que hayan sido senadores que se encontraban al margen de la disputa partidista por el poder los únicos que optaron por resistir.

Es indudable el valor civil y la solvencia política de Dulce María Sauri, Manuel Bartlett y Javier Corral, que además de enfrentar al poder mediático supieron hacerlo con habilidad política y pertinencia institucional. Este es el punto, porque las batallas presentes y las por venir exigen no sólo arrojo sino inteligencia y conocimiento.

Y el ejemplo es magnífico porque demuestra la viabilidad de la lucha social por la vía jurídica precisamente cuando el aventurerismo incontinente insiste en lanzar el descontento social contra las instituciones. Se sabe que luego las estupideces suelen parecer crímenes y a veces hasta serlo.

La nueva insidia que busca desconocer el alto sentido patriótico de la Suprema Corte y presentar a los ministros como instrumentos del Ejecutivo, hace el juego a los monopolios y a sus compañeros de viaje. Cuidado con las filtraciones y con el que en Bucareli se volvió adicto a filtrar.

En los hechos, la Corte le ha prestado un servicio eminente a la patria al salvaguardar la Constitución y fortalecer la soberanía frente a esa mezcla viciosa de poder económico y poder político que son los monopolios mediáticos.

Se dijo, acaso bajo el influjo de cierto conservadurismo, que por eludir las contradicciones sociales y sus consecuencias suele acudir a criterios moralistas, que la declaración de inconstitucionalidad de la ley Televisa es un revés a la indecencia que prevaleció en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión al aprobar una ley que favorece intereses particulares.

En efecto, la actuación de la Corte salvaguarda la moral pública y pone en evidencia a quienes desviaron su labor legislativa a favor de los monopolios informativos y contra la nación.

Pero precisamente porque el conflicto muestra que hay una contradicción irreductible entre quienes concentran poder económico y político mediante el usufructo abusivo y contrario a la Constitución de concesiones estatales por un lado, y los intereses nacionales por el otro, es que la actuación de la Corte trasciende la moral y se instala de lleno en la defensa de la soberanía del Estado.

Porque el Estado es soberano o no es nacional, más aún en las condiciones de un país como el nuestro atenazado desde su origen y a lo largo de su historia por poderes fácticos que sistemáticamente han buscado reducir las capacidades decisorias del pueblo mexicano para imponer las suyas.

En este caso, significativamente fue en el Congreso de la Unión, depositario natural de la soberanía, donde se menguó el poder del Estado en los estratégicos renglones de la radio, la televisión y las telecomunicaciones.

Y así como es muy probable que haya habido algunos sinvergüenzas entre los legisladores que en su momento aprobaron la ley de marras, lo que se pone en evidencia es la atrocidad que significa el predominio incontrastable y aplastante de los monopolios no sólo en la economía sino en la vida pública toda.

Lo que reveló el match legislativo-judicial por la ley Televisa no fue tanto la corrupción de algunos legisladores como el ominoso sometimiento de partidos, candidatos, diputados y senadores a los designios de las gigantescas corporaciones que acaparan en México el poder mediático. Fue significativo que hayan sido senadores que se encontraban al margen de la disputa partidista por el poder los únicos que optaron por resistir.

Es indudable el valor civil y la solvencia política de Dulce María Sauri, Manuel Bartlett y Javier Corral, que además de enfrentar al poder mediático supieron hacerlo con habilidad política y pertinencia institucional. Este es el punto, porque las batallas presentes y las por venir exigen no sólo arrojo sino inteligencia y conocimiento.

Y el ejemplo es magnífico porque demuestra la viabilidad de la lucha social por la vía jurídica precisamente cuando el aventurerismo incontinente insiste en lanzar el descontento social contra las instituciones. Se sabe que luego las estupideces suelen parecer crímenes y a veces hasta serlo.

La nueva insidia que busca desconocer el alto sentido patriótico de la Suprema Corte y presentar a los ministros como instrumentos del Ejecutivo, hace el juego a los monopolios y a sus compañeros de viaje.

Cuidado con las filtraciones y con el que en Bucareli se volvió adicto a filtrar. En los hechos, la Corte le ha prestado un servicio eminente a la patria al salvaguardar la Constitución y fortalecer la soberanía frente a esa mezcla viciosa de poder económico y poder político que son los monopolios mediáticos.