DETRAS DE LA NOTICIA

Ricardo Rocha
28 de junio de 2007


La sospechosa Corte

Por supuesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está bajo sospecha. En esta condición se ha puesto a sí misma por su insólita determinación de ayer. Resulta que la comisión investigadora encabezada por el ministro Juan Silva Meza concluye que hay pruebas más que suficientes para determinar que -como es público y notorio- el tristemente célebre góber precioso de Puebla, Mario Marín, se confabuló con otros altos funcionarios estatales y judiciales contra los derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho, secuestrándola, torturándola, encarcelándola y amenazándola de violación y muerte.

Más aún, que el gobernador operó estas acciones a pedido del magnate textilero Kamel Nacif, señalado por Cacho como protector del pederasta de Cancún Jean Succar Kuri, en su libro Los demonios del Edén. Peor todavía, esa misma comisión ha establecido con toda claridad que el Poder Judicial de Puebla trabaja a las órdenes del gobernador Marín. Pero lo más grave del caso es que en su indagatoria sobre este asunto particular el equipo de Silva Meza "descubrió" la impunidad con que son explotados sexualmente miles de niños en todo el país por redes criminales de pederastas. Tan sólo en Cancún se toparon con más de 800 denuncias, de las cuales únicamente seis están siendo investigadas.

Lo estremecedor de este asunto es que a pesar del cúmulo de evidencias y de la irrepetible posibilidad de sentar un enérgico precedente en este doloroso caso de moral pública, la Corte se haya echado para atrás. Como bien consigna EL UNIVERSAL, el Pleno se negó a revisar el informe que podría haber derivado en la apertura de un juicio político contra Mario Marín en el Congreso y, en un giro inesperado, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo se sacó de la toga una propuesta para posponer indefinidamente una resolución sobre este caso paradigmático.

Ocho de los 11 ministros se pronunciaron sospechosamente por la petición de la defensa de Marín de un nuevo plazo para presentar supuestas pruebas y argumentos en su favor, al tiempo que revisa las atribuciones y alcances de este tipo de comisiones, lo cual es un absurdo gigantesco y un atentado a la lógica más elemental, pero sobre todo un enorme motivo de sospecha. Porque ahora resulta que la Corte crea una comisión para luego negarse a revisar sus conclusiones, condenando ese trabajo al ostracismo. Como bien dijo el propio ministro Silva Meza al expresar su inconformidad, ahora se corre el riesgo de que las nuevas reglas que emita la Corte sean hechas ad hoc para desestimar las investigaciones de la comisión que él encabezó y beneficiar al mandatario poblano.

Por eso la pregunta obligada es qué fue lo que motivó este drástico cambio de actitud de los ocho ministros que congelan su propia indagatoria y ahora abren un periodo indefinido de incertidumbre en un asunto que parecía tan claro que el mismo ministro Silva Meza, antes del aplazamiento, expuso contundentemente ante sus colegas los argumentos y pruebas por los que llegó a una conclusión que parecía inobjetable: que la Corte recomendase al Congreso un juicio político contra el gobernador Marín. Conclusión que rechazaron sus pares sin revisar siquiera el trabajo del ministro ponente.

Si los ministros cedieron a presiones políticas de priístas poderosos, malo. Si se trata de componendas interpartidistas con el gobierno federal, peor. Y si lo que estamos presenciando es un caso de corrupción, sería terrible. Un retroceso histórico que nos remitiría a esos tiempos oscuros de aquel esperpento de ministro Ernesto Díaz Infante, que recibió medio millón de dólares por evitarle la cárcel al Chacal de Acapulco Alejandro Braun, que violó y mató a una niña de tan sólo seis años. Por cierto, es bien sabido que el señor Marín ha sacado verdaderas fortunas del erario poblano para pagar una execrable -y a veces ridícula- campaña para lavar su imagen. Como si algún día pudiera quitarse el estigma de su perversidad y estulticia.

Lo patético es que, aun así, el góber precioso tiene ahora un aliado: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.