INDICADOR POLITICO

Carlos Ramírez


Yucatán, cochinero; anular elecciones

* Encuestas reflejaron las irregularidades

A pesar de la cortesía política de los candidatos del PAN y del PRI en Yucatán, el proceso electoral estuvo contaminado con irregularidades suficientes como para decretar la anulación de las elecciones.

Las autoridades electorales recibieron quejas sobre las anormalidades y presuntos delitos electorales como para dejarlos en la impunidad. La acusación del PRI de que el gobernador Patricio Patrón Laviada organizó una elección de Estado no fue retórica sino que tenía evidencias suficientes. Y la imputación del PAN de que hubo dinero oscuro en la campaña priísta también se basó en hechos reales.

Al final, la campaña para la gubernatura de Yucatán estuvo marcada por la guerra sucia entre los dos principales candidatos. Y fue lo suficientemente irregular como para impedir las condiciones que señala la Constitución para la realización de elecciones: legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.

Por tanto, el proceso electoral debe ser anulado como ya ocurrió en Tabasco y Colima. El resultado final de un proceso plagado de irregularidades disminuye la legitimidad de la candidata priísta Ivonne Ortega Pacheco. La percepción social sobre los resultados quedó en el espacio de una concertacesión política manejada desde Los Pinos y no resultado de un proceso electoral equitativo.

En este contexto, la candidata priísta no ganó realmente las elecciones, aunque haya acumulado votos reconocidos en el conteo preliminar. Por tanto, el proceso electoral yucateco estuvo lejos de haber sido democrático. Fue una de las tantas elecciones del viejo régimen priísta, con resultados negociados en lo oscurito, sólo que ahora operada por el gobierno panista.

Las irregularidades estuvieron a la vista: el gobernador Patrón Laviada metió no sólo las manos sino recursos públicos, al principio el gobierno federal envió a un ejército de delegados federales de corte panista para auxiliar al candidato Xavier Abreu, la candidata priísta Ivonne Ortega Pacheco recibió fondos de gobernadores priístas, asimismo tuvo el apoyo de muchos mapaches tricolores, hay datos suficientes de que el secretario general priísta Jesús Murillo Karam manejó operó en Yucatán.

En este sentido, los electores yucatecos carecieron de un ambiente democrático para ejercer el voto con libertad. Si partidos y grupos en pugna dejan el resultado como válido, entonces las elecciones estatales en el gobierno de Felipe Calderón serán ajenas a la democracia y se resolverán en negociaciones secretas que no tomen en cuenta a los electores.

Las encuestas de salida el día de las elecciones apoyan la versión de que fueron unas votaciones plagadas de irregularidades. Los encuestadores se percataron de acarreos, compra de votos, intimidaciones, operaciones cochinita pibil, amenazas, regalos electorales. Y fueron mecanismos usados por los dos partidos, el PAN y el PRD.

La tendencia electoral apuntaba, la víspera de las elecciones, a una competencia muy pareja, con resultado de fotografía y una solución en los tribunales electorales. Pero el 4 de mayo el presidente Calderón aceptó ante los gobernadores priístas ceder la gubernatura de Yucatán al PAN, a cambio del apoyo priísta a la reforma fiscal que viene. Por tanto, el candidato priísta abandonó la campaña y el operador calderonista Juan Camilo Muriño regresó a sus lugares a los operadores federales.

Las encuestadoras quedaron atrapadas en estos arreglos porque sus investigaciones no pudieron incluir los pactos cupulares en la ciudad de México. A las ocho de la noche del domingo las encuestadoras declinaron dar a conocer resultados por lo apretado de los resultados a la salida de las urnas, pero horas después todas le dieron una ventaja de 6-8 puntos a la candidata del PRI. ¿De dónde salieron esas cifras? ¿Cómo fue que las encuestadoras pasaron de un resultado empatado a una ventaja de 6.8 puntos al PRI?

La empresa encuestadora que marcó línea fue Arco, dirigida por Rafael Giménez. Organizó una encuesta robusta --hasta casi cuatro veces más de entrevistados que las demás-- y sus resultados fueron gelatinosos. Pero la información soltada por Arco --que realiza encuestas para la presidencia de la república-- tuvo dobles resultados: a México informó de una ventaja para el PRI, pero al líder panista Manuel Espino le dio datos de ventaja para el PAN. Las demás encuestadoras se paralizaron y prefirieron esperar cifras oficiales.

Las vacilaciones de las encuestadoras, la lentitud en el conteo preliminar y los resultados del conteo rápido dejaron la sensación de que las cifras de resultados atendían intenciones políticos y no el respeto al voto. Asimismo, la diferencia entre empresas encuestadoras también creó el ambiente de saldos maquillados: 4% y 7% a favor del PAN, a pesar de que las encuestas de salida debieran ser más o menos parejas porque entrevistan a electores.

Al final, el proceso electoral en Yucatán careció de certeza y fue producto de juegos de poder. Por tanto, las elecciones se deben anular o la priísta Ivonne Ortega Pacheco carecerá de legitimidad y de credibilidad y ejercerá una gubernatura pactada en Los Pinos.