DEL EDITORIAL DE LA JORNADA

Escenas de la descomposición

No es fácil para un régimen hallar la anhelada credibilidad a sus prédicas sobre el estado de derecho cuando un individuo como Carlos Ahumada afirma, horas después de protagonizar uno más de sus conocidos shows mediáticos, que él puso, con la difusión de sus célebres videos, "su granito de arena el 2 de julio", es decir, cuando reconoce la existencia de aquel célebre complot contra la candidatura de la izquierda, lo declara parte de un proceso comicial particularmente desaseado y coloca su nombre entre los artífices del impugnado triunfo que llevó a Los Pinos al actual titular del Ejecutivo federal. Formado ante la ventanilla de cobro de facturas, al igual que Elba Esther Gordillo -aunque en el lado opuesto de la rueda de la fortuna-, Ahumada aporta, con sus declaraciones, muchísimo más que un granito de arena al fardo de ilegitimidad que arrastra, a ojos de importantes sectores de la ciudadanía, el presente gobierno.

Por mucho que algunos medios se complazcan en convertir en personaje estrella a una persona que aún se encuentra sujeta a proceso, la excarcelación del empresario produce un efecto análogo en el sistema de procuración e impartición de justicia del país: es la prueba palpable de que ésta se aplica con dos varas muy diferentes a individuos acaudalados acusados de fraudes, pero con padrinos en el grupo gobernante, y al resto de la ciudadanía. Los aparatos policiales y judiciales, obsecuentes con empresarios, banqueros y funcionarios corruptos y corruptores, se refocilan en el exceso y en la desmesura contra los obreros de Sicartsa o contra los dirigentes sociales de San Salvador Atenco y Oaxaca. Desde procuradurías y tribunales se alienta la impunidad y el encubrimiento contra los violadores de atenquenses, los asesinos de activistas oaxaqueños o los agresores de una anciana de Zongolica. El dinero y las complicidades constituyen, al parecer, la única protección ante un manejo institucional desviado y corrompido que deja en la total indefensión a la gran mayoría de los ciudadanos.

"La fuerza del Estado" de la que habló Felipe Calderón ayer en Querétaro no fue suficiente para impedir un atentado criminal contra la comunicadora Lydia Cacho, quien ha sido víctima notoria de autoridades públicas supeditadas al poder económico de los pederastas. En cambio, se busca imponer el "ambiente de certeza y seguridad para mexicanos e inversionistas" sustituyendo la capacidad policial por el bombardeo a una casa en pleno centro de Apatzingán. El Ejército, cuya presencia debiera ser un factor de tranquilidad, es convertido así en elemento de terror y zozobra para la población, y las autoridades, con esa demostración de fuerza desmesurada e innecesaria, dan cuenta de sus debilidades: el propio gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, al ensayar una justificación de la desmesura, afirma que la institución castrense "es la única fuerza capaz de enfrentar esto": después de 12 años de inversiones multimillonarias en la creación de la Policía Federal Preventiva, se admite que no existen comandos especiales de la policía y equipos de manejo de crisis, de esos que en cualquier otro país toman en sus manos una situación como la que se produjo en la localidad de la Tierra Caliente michoacana. Se da por natural y lógico que en vez de resolver la coyuntura con negociación, inteligencia, uso proporcional de fuerza o, a lo sumo, con gases lacrimógenos, se monte una operación de aniquilamiento con armamento de guerra, como si México fuera Irak, y Apatzingán, Fallujah. Para mayor desconcierto, al sancionar el exceso, el gobierno michoacano, emanado de un proyecto progresista y con sentido social, se somete una vez más a las tendencias autoritarias y represivas que imperan en el gobierno federal.

La compilación de estos y otros hechos indica que, lejos de contribuir a la vigencia del estado de derecho, la oligarquía gobernante distorsiona y desvirtúa, en una escala nunca antes vista, la legislación nacional. Y, desde luego, no tiene el menor sentido hablar de democracia en un país cuyas autoridades políticas son las primeras en pasar por encima del cuerpo y el espíritu de las leyes.