PUES QUE EL CHAPULIN COLORADO LO AYUDE
Aunque el gobierno de Felipe Calderón le achaca la creciente ola de ejecuciones al crimen organizado y a la falta de cooperación del gobierno estadunidense para contener el tráfico de armas y el consumo de drogas, no puede probar fehacientemente la corresponsabilidad de Washington, destaca Proceso en su número 1590.
En Mérida, durante la vista del presidente estadunidense George W. Bush el pasado 14 de marzo, Calderón le reclamó una mayor participación de su gobierno para reducir el consumo de drogas de sus ciudadanos y contener el tráfico de armas, que en su mayor parte llegan a los miembros de los cárteles mexicanos del narcotráfico.
Nueve días después de la reunión de Calderón y Bush, Arturo Sarukhán –recién nombrado embajador mexicano en Washington el 27 de febrero– declaró en una entrevista para The Washington Post: “De manera significativa, vamos a necesitar más cooperación de parte de los Estados Unidos” para reducir el consumo de drogas y el flujo de armas hacia México.
Y es que “el 70% de las armas aseguradas en México son manufacturadas en Estados Unidos. El resto son procedentes de Europa y Asia”, afirmó un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), quien advirtió al reportero que sólo podía publicar este comentario “tan delicado” si omitía su nombre.
Ni la ola de narcoviolencia que padece México ni la matanza de estudiantes en Virginia han quebrado la resistencia a transformar las leyes que regulan la venta de armas en el país vecino, publica Proceso este domingo 22 de abril.