MEXICO, S.A.
Carlos Fernández-Vega
Rescata Calderón cadáver foxista
* Reduce la oferta de crudo para la refinería de Centroamérica
* Negocio garantizado para trasnacionales
La "continuidad" decidió rescatar uno de los cadáveres del foxismo, el Plan Puebla-Panamá, y para ello el inquilino de Los Pinos intenta retomar una de las fallidas promesas que el gerente de las botas largas y las ideas cortas hiciera a sus homólogos centroamericanos: construir una refinería en "algún país" de esa región para alcanzar la "independencia" energética mesoamericana.
Originalmente, la propuesta del "cambio" para los gerentes centroamericanos consistió en la siguiente fórmula: esquema mixto, en el que México tendría 40 por ciento del control de la refinería, los inversionistas privados otro 40 por ciento y los denominados gobiernos de América Central el porcentaje restante; la construcción de la planta comenzaría en 2007, concluiría en 2011 y procesaría cotidianamente 365 mil barriles de petróleo crudo, de los que Pemex aportaría 230 mil barriles.
Se optó por el esquema mixto (participación gubernamental y empresarial), porque -decían sus promotores- permitiría a los gerentes participantes (léase gobiernos), entre otras bondades, controlar y regular el abasto y refinación de crudo (en su mayoría mexicano) para Centroamérica y República Dominicana, así como la construcción de una refinería y la selección del país en el que ésta se establecería. En tanto, el capital privado pondría su capital, a cambio del cual obtendría determinada tasa de ganancia y las consabidas garantías gubernamentales.
Más allá de los discursos y las pomposas reuniones de "alto nivel", nada de lo previsto sucedió. Por el contrario, se modificó radicalmente el esquema en un principio anunciado: reunidos a principios de junio de 2006 en La Romana, República Dominicana, en declaración conjunta los gerentes participantes acordaron que "será el inversionista privado (quien) tome la decisión final de ubicación" (de la refinería), aporte el capital, y controle y regule el abasto y refinación de crudo para Centroamérica, República Dominicana y México (una pequeña porción).
Ese es el cadáver rescatado por Felipe Calderón para "fortalecer" su hipotética influencia política y económica en Centroamérica, es decir, promover y garantizar, como hiciera Fox, los negocios para las trasnacionales energéticas que operan en la región (México incluido). La única salvedad es que, tras la cumbre en el búnker de Campeche, el gobierno mexicano ya no surtirá los prometidos 230 mil barriles de crudo; el nuevo "compromiso" se limita a 80 mil, un volumen 65 por ciento inferior al originalmente pactado.
Se trata, dijo Calderón, de "poder anclar un proyecto que le dé viabilidad a la región". ¿Viabilidad? La Cepal (que participa como asesor en el PIEM) nos ayuda a comprender de qué se trata: las direcciones generales de hidrocarburos son los entes encargados por los gobiernos centroamericanos para supervisar y/o regular los mercados de derivados del petróleo, y en este sentido "se detecta en la mayoría de los países una debilidad de estas direcciones ante empresas y grupos de interés muy poderosos: trasnacionales, gremios de transportistas y de estaciones de servicio. La experiencia ha demostrado que (...) los ministros responsables de este subsector están expuestos a fuertes presiones de tipo político, diplomático, gremial popular, entre otros, lo que ha permitido que en algunas naciones las empresas petroleras hayan conseguido beneficios de las autoridades que no hubieran obtenido en un mercado con mayor nivel de competencia".
En mercados de hidrocarburos tan concentrados como el centroamericano (monopolios y oligopolios), con una industria tradicionalmente propicia a los cárteles y a las colusiones, el Estado debe contar con leyes antimonopolio para la defensa del bienestar de la sociedad. Así, "la falta de una legislación adecuada o su correcta aplicación ha favorecido en algunos países las colusiones entre las firmas existentes, o el mantenimiento de márgenes elevados con respecto a un mercado más competitivo".
Sobre los altos índices de concentración de la industria petrolera en Centroamérica, la Cepal detalla que en Costa Rica la Recope, en su calidad de monopolio estatal, maneja la totalidad de los combustibles que se importan. En El Salvador, el mayor importador de hidrocarburos, es la refinería privada Rasa. Si se consideran las participaciones de Esso y Shell en la propiedad de esta refinería, dichas trasnacionales tienen casi 71 por ciento del mercado (6 puntos porcentuales más que en 1998). Chevron-Texaco alcanzó 15 por ciento del mercado. Por su parte, los importadores pequeños, de reciente ingreso, representaron 2.5 por ciento.
Guatemala reporta los principales cambios en el periodo 1998-2004. En 2004 las tres trasnacionales participaron con 50.6 por ciento. Ese año las empresas extranjeras y las nacionales participaban casi en partes iguales, mientras en Honduras los tres principales consorcios nacionales participaron con 53.7 por ciento de las importaciones totales, contra 46.3 por ciento de las foráneas.
En Nicaragua, Esso es propietaria de la refinería y controla 80.7 por ciento del mercado; la otra trasnacional que también realiza importaciones es Petronic, con una participación de 12.2 por ciento. La Shell ha reducido su participación.
En Panamá, Chevron-Texaco continúa como agente principal, con 71 por ciento de la importación. Las empresas locales representaron 16.1 por ciento, Shell 7.6 y Esso 5.3.
Esa es la "viabilidad" e "independencia" energética que defiende el inquilino de Los Pinos.
Las rebanadas del pastel
Si el temeroso inquilino de Los Pinos insiste en militarizar y cercar las ciudades que pisa, sería más práctico y, sobre todo, más barato para el erario, que despachara en el Campo Militar Número Uno. Allí puede recibir a quien desee, sin alterar la vida cotidiana, el hígado de los ciudadanos, ni desplazar a miles de militares para que le cuiden la sombra. De cualquier suerte los baños de pueblo no son su fuerte.
* Reduce la oferta de crudo para la refinería de Centroamérica
* Negocio garantizado para trasnacionales
La "continuidad" decidió rescatar uno de los cadáveres del foxismo, el Plan Puebla-Panamá, y para ello el inquilino de Los Pinos intenta retomar una de las fallidas promesas que el gerente de las botas largas y las ideas cortas hiciera a sus homólogos centroamericanos: construir una refinería en "algún país" de esa región para alcanzar la "independencia" energética mesoamericana.
Originalmente, la propuesta del "cambio" para los gerentes centroamericanos consistió en la siguiente fórmula: esquema mixto, en el que México tendría 40 por ciento del control de la refinería, los inversionistas privados otro 40 por ciento y los denominados gobiernos de América Central el porcentaje restante; la construcción de la planta comenzaría en 2007, concluiría en 2011 y procesaría cotidianamente 365 mil barriles de petróleo crudo, de los que Pemex aportaría 230 mil barriles.
Se optó por el esquema mixto (participación gubernamental y empresarial), porque -decían sus promotores- permitiría a los gerentes participantes (léase gobiernos), entre otras bondades, controlar y regular el abasto y refinación de crudo (en su mayoría mexicano) para Centroamérica y República Dominicana, así como la construcción de una refinería y la selección del país en el que ésta se establecería. En tanto, el capital privado pondría su capital, a cambio del cual obtendría determinada tasa de ganancia y las consabidas garantías gubernamentales.
Más allá de los discursos y las pomposas reuniones de "alto nivel", nada de lo previsto sucedió. Por el contrario, se modificó radicalmente el esquema en un principio anunciado: reunidos a principios de junio de 2006 en La Romana, República Dominicana, en declaración conjunta los gerentes participantes acordaron que "será el inversionista privado (quien) tome la decisión final de ubicación" (de la refinería), aporte el capital, y controle y regule el abasto y refinación de crudo para Centroamérica, República Dominicana y México (una pequeña porción).
Ese es el cadáver rescatado por Felipe Calderón para "fortalecer" su hipotética influencia política y económica en Centroamérica, es decir, promover y garantizar, como hiciera Fox, los negocios para las trasnacionales energéticas que operan en la región (México incluido). La única salvedad es que, tras la cumbre en el búnker de Campeche, el gobierno mexicano ya no surtirá los prometidos 230 mil barriles de crudo; el nuevo "compromiso" se limita a 80 mil, un volumen 65 por ciento inferior al originalmente pactado.
Se trata, dijo Calderón, de "poder anclar un proyecto que le dé viabilidad a la región". ¿Viabilidad? La Cepal (que participa como asesor en el PIEM) nos ayuda a comprender de qué se trata: las direcciones generales de hidrocarburos son los entes encargados por los gobiernos centroamericanos para supervisar y/o regular los mercados de derivados del petróleo, y en este sentido "se detecta en la mayoría de los países una debilidad de estas direcciones ante empresas y grupos de interés muy poderosos: trasnacionales, gremios de transportistas y de estaciones de servicio. La experiencia ha demostrado que (...) los ministros responsables de este subsector están expuestos a fuertes presiones de tipo político, diplomático, gremial popular, entre otros, lo que ha permitido que en algunas naciones las empresas petroleras hayan conseguido beneficios de las autoridades que no hubieran obtenido en un mercado con mayor nivel de competencia".
En mercados de hidrocarburos tan concentrados como el centroamericano (monopolios y oligopolios), con una industria tradicionalmente propicia a los cárteles y a las colusiones, el Estado debe contar con leyes antimonopolio para la defensa del bienestar de la sociedad. Así, "la falta de una legislación adecuada o su correcta aplicación ha favorecido en algunos países las colusiones entre las firmas existentes, o el mantenimiento de márgenes elevados con respecto a un mercado más competitivo".
Sobre los altos índices de concentración de la industria petrolera en Centroamérica, la Cepal detalla que en Costa Rica la Recope, en su calidad de monopolio estatal, maneja la totalidad de los combustibles que se importan. En El Salvador, el mayor importador de hidrocarburos, es la refinería privada Rasa. Si se consideran las participaciones de Esso y Shell en la propiedad de esta refinería, dichas trasnacionales tienen casi 71 por ciento del mercado (6 puntos porcentuales más que en 1998). Chevron-Texaco alcanzó 15 por ciento del mercado. Por su parte, los importadores pequeños, de reciente ingreso, representaron 2.5 por ciento.
Guatemala reporta los principales cambios en el periodo 1998-2004. En 2004 las tres trasnacionales participaron con 50.6 por ciento. Ese año las empresas extranjeras y las nacionales participaban casi en partes iguales, mientras en Honduras los tres principales consorcios nacionales participaron con 53.7 por ciento de las importaciones totales, contra 46.3 por ciento de las foráneas.
En Nicaragua, Esso es propietaria de la refinería y controla 80.7 por ciento del mercado; la otra trasnacional que también realiza importaciones es Petronic, con una participación de 12.2 por ciento. La Shell ha reducido su participación.
En Panamá, Chevron-Texaco continúa como agente principal, con 71 por ciento de la importación. Las empresas locales representaron 16.1 por ciento, Shell 7.6 y Esso 5.3.
Esa es la "viabilidad" e "independencia" energética que defiende el inquilino de Los Pinos.
Las rebanadas del pastel
Si el temeroso inquilino de Los Pinos insiste en militarizar y cercar las ciudades que pisa, sería más práctico y, sobre todo, más barato para el erario, que despachara en el Campo Militar Número Uno. Allí puede recibir a quien desee, sin alterar la vida cotidiana, el hígado de los ciudadanos, ni desplazar a miles de militares para que le cuiden la sombra. De cualquier suerte los baños de pueblo no son su fuerte.
posted by H2AGUA at
8:17 a.m.
