NO VINO A OFRECER, VINO A LLEVARSE EL PETROLEO
leticia puente beresford
Nueva York, 14 de de marzo (apro-cimac).- Más allá del enfático apretón de manos y la fotografía en las ruinas mayas, enmarcados por multitudinarias demostraciones "antinorteamericanas", el presidente George W. Bush tiene muy poco que ofrecer a Felipe Calderón, sostienen analistas de The New York Times.
Las manifestaciones contra la visita de Bush, que se sucedieron durante toda su gira por varios países de América Latina, fueron también el marco de recepción en México del presidente norteamericano. El sentimiento antinorteamericano es alto, señalan.
Según los analistas, Bush "enfrenta un problema": es un presidente fracasado que confronta una oposición controlada por el Congreso.
De acuerdo con una encuesta de la BBC, más de la mitad de los mil entrevistados manifiesta una posición negativa frente a Estados Unidos.
Los temas clave entre Calderón y Bush son tráfico de drogas, tratados comerciales, seguridad fronteriza y migración.
El rechazo hacia la relación México-Estados Unidos se hizo evidente en medios como el Times y la televisora pública PBS, donde se mostraron imágenes con quemas de banderas estadunidenses, protestas y carteles que decían: "Fuera Bush, persona non grata" y "La patria no se vende", entre otras.
Pero Bush no entiende el sentimiento antinorteamericano, dice el Times, que señala que “el ala izquierda está crecida”.
En otros países visitados por Bush no fue diferente. En Guatemala, por ejemplo, ese diario señala que la mayoría de los medios de comunicación locales recordó las acciones anti inmigrantes realizadas recientemente contra guatemaltecos en Massachussets, donde hubo redadas y deportaciones, que separaron familias y dejaron sin protección a las hijas e hijos de los detenidos.
Añade que, por eso, en respuesta, la prensa local cuestionó seriamente a Bush. Pero en sus respuestas, éste dijo que "la gente será tratada con respeto, pero Estados Unidos reforzará su ley". Dijo también que la difusión de lo ocurrido con los infantes que quedaron solos tras la detención de sus padres, era "una conspiración".
“No es verdad”, dijo Bush en español. “Ese no es el modo en que América opera. Somos decentes, somos un país compasivo. Creemos en las familias y tratamos a la gente con dignidad”, señala.
Afirma que, por su parte, Calderón desea ver una “comprensiva reforma migratoria aprobada, que incluya un programa de trabajadores huéspedes y la legalización de por los menos 6.4 millones de mexicanas y mexicanos que viven sin documentos en Estados Unidos”.
Añade que “la división entre los republicados hace difícil una respuesta favorable a Calderón. Por eso, el profesor Miguel Tinker-Salas, de Pomona College en California, había dicho: `Bush llega a México con las manos vacías`".
En tanto, en esta ciudad, continúa el cabildeo para poner en la mesa la tan anhelada reforma migratoria, que daría la legalización a por lo menos 12 millones de trabajadoras y trabajadores indocumentados.
A diferencia del plan presentado en mayo pasado, que dividía a las y los inmigrantes indocumentados en tres grandes grupos y a cada uno lo trataba de manera diferente, "el proyecto final no segmentará a la población indocumentada, sino que tratará a todos de la misma manera", de acuerdo con la oficina de prensa del Partido Demócrata.
Al mismo tiempo, directivos del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM, por sus siglas en inglés) anunciaron a Univisión un cabildeo en Washington para pedir a los congresistas "que apoyen una reforma migratoria justa y amplia".
Cheryl Aguilar, vocero del Center for Community Change, afirmó que la movilización es parte de una estrategia nacional.
El movimiento, que cuenta con el apoyo de decenas de organizaciones nacionales a favor de los derechos de inmigrantes, también contempla marchas pacíficas similares a las celebradas en la primavera de 2006.
Las convocatorias para realizar esas acciones se mantendrán "hasta que haya una solución real" por parte del Congreso y de la administración del presidente Bush, dijo FIRM la semana pasada en un comunicado.
El plan de mayo de 2006 (aprobado por 62 votos a favor y 32 en contra) incluyó severas medidas de seguridad en las fronteras y un plan de legalización para las y los indocumentadas, a los que dividió en tres grupos y a cada uno de ellos lo trataba de forma diferente.
El primer grupo, compuesto por unos 7.8 millones de personas, lo integraban migrantes que llevaban cinco años o más en el país, quienes accederían a una residencia temporal de seis años y luego a la residencia permanente, y 11 años más tarde podrían solicitar la ciudadanía.
El segundo grupo, compuesto por al menos 3.5 millones, lo integraban quienes llevaban más de dos años y menos de cinco en Estados Unidos. Deberían registrarse en un puesto fronterizo y calificarían para un permiso temporal de trabajo hasta que cumplieran cinco años de estadía. A los cinco años de permanencia recibirían una residencia temporal.
El tercer grupo, de al menos 1.4 millones, lo integraban migrantes sin documentos que llevaban menos de dos años en Estados Unidos, quienes no calificarían para ningún tipo de beneficio y deberían irse del país.
Además de las tres categorías o divisiones dadas a conocer sobre la población indocumentada, la versión amplia incluiría: el inglés como idioma oficial de Estados Unidos.
Además, el envío a la frontera de 6 mil soldados de la Guardia Nacional; prohibiría la legalización a las y los indocumentados que tuvieran un delito grave (aquellos que recibieron condena de un año o más de prisión en una cárcel estatal o federal) o tres faltas menores en su récord criminal.
También, permitiría la construcción de muros en las zonas urbanas de la frontera; aumentaría el presupuesto de la Patrulla Fronteriza para la contratación de nuevo personal; otorgaría presupuesto adicional para el incremento de la vigilancia en la frontera (cámaras de televisión, sensores, helicópteros y aviones tripulados y no tripulados, éstos últimos similares a los usados por los servicios de espionaje).
Así mismo, impondría una multa de hasta 20 mil dólares a los empleadores que contrataran trabajadores no autorizados. Los reincidentes podrían ser sentenciados a 3 años en prisión.
Los empleadores tendrían que verificar los números de Seguro Social y el estado migratorio de sus nuevos trabajadores. La verificación se haría por Internet.
Quienes no usen el nuevo sistema pagarían multas de entre 200 y 600 dólares, y se ordenaría la creación de un Programa de Trabajadores
Temporales (PTT).
Además, crearía una visa especial para obreros extranjeros, e impondría una multa de dos mil dólares a indocumentados que llevan más de cinco años en Estados Unidos y calificarían para recibir una visa de residencia.
También, establecería una multa adicional de 500 dólares que debía pagar cada indocumentada o indocumentado al iniciar el proceso de legalización, y modificaría el sorteo de la Lotería de Visas.
Dos terceras partes de las 50 mil visas en juego cada año fiscal serían distribuidas entre inmigrantes con altos niveles de educación y capacitación en matemáticas, ciencias, tecnología o ingeniería.
Además, severas sanciones a quienes resultaran culpables de construir túneles a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, y establecería en 650 mil la cuota anual de visas de residencia patrocinadas por empresarios.
Pese a que la versión bipartidista de 2006 contó con el respaldo del presidente Bush, el liderazgo republicano la suspendió el 3 de septiembre pasado, al considerar que no era congruente con la política de seguridad nacional.
En su reemplazo, el Legislativo aprobó, dos semanas después, la “Ley del Muro”, pese al rechazo de los países latinoamericanos, encabezados por México.
Bush promulgó esta legislación el 28 de octubre de 2006 y otorgó una partida presupuestal inicial de dos mil millones de dólares.
Pero en los comicios intermedios del 7 de noviembre pasado, los republicanos perdieron el control de ambas cámaras del Congreso, con lo que las negociaciones sobre una reforma migratoria se hicieron más complejas.