DESAFIO

Diario Libertad: Rafael Loret de Mola

* Los Otros Peligros
* Brújula Extraviada
* La “Leyenda” Habló

Contra lo que algunos creen, motivados por su incondicional apoyo al panismo gobernante al cual consideran menos infectado que las administraciones antecesoras pese a todo, México está situado como el segundo país latinoamericano entre los más peligrosos para ejercer el periodismo. Así lo han determinado organizaciones internacionales solventes al confrontar las evidencias sobre asesinatos, desaparecidos y amenazas prodigadas en el campo informativo para someter voluntades a cualquier costo. El apunte es de gran importancia porque confronta, de manera tajante, la falacia sobre una mayor apertura democrática tras la arribazón de la derecha al poder presidencial en 2000.

No hace mucho, en Irapuato, una amable señora, militante de Acción Nacional desde hace varios lustros, recriminó al columnista porque “había cambiado mucho” y cuestionaba con severidad a un “buen hombre”, a su entender así calificaba a Vicente Fox, aun cuando “gracias a él” los periodistas podíamos “hasta” criticar al presidente lo que estaba vedado antes:

--En otros tiempos, los mataban –puntualizó-. Como a su padre...

Pese al temerario aserto, la realidad es otra. Durante la administración anterior se registraron veinticuatro asesinatos contra periodistas, una cifra mayor a la que se dio durante el amargo tiempo del salinato cuando brotó la barbarie política si bien inferior al trágico recuento del sexenio de Miguel de la Madrid (1982-88) cuando la cifra de homicidios en el sector llegó a setenta y cuatro. Los parámetros señalan, por tanto, hacia un retroceso para situarnos dentro de la amarga secuela que siguió, precisamente, al “boom” del narcotráfico en los ochenta y al reacomodo de los grandes intereses multinacionales en territorio nacional.

Así las cosas el Centro para la Apertura y el Desarrollo en América Latina (CADAL), elaboró un acucioso ensayo, difundido ampliamente, en el cual se asientan los riesgos que corren los informadores en el continente situando a Cuba como la nación de mayores obstáculos y riesgos, luego a México y enseguida a la Venezuela del mesiánico Hugo Chávez en donde cada vez es más evidente la intervención gubernamental contra los medios que no le son afines y bajo el alegato, claro, de garantizar la “seguridad del Estado”. Siempre la falacia aparece.

Los hechos hablan por sí mismos. No sólo el listado de crímenes exhibe la intolerancia galopante de la nueva clase política ni la perversidad de las mafias que no admiten, en ciudades y regiones bajo su dominio como si ejercieran una especie de soberanía del delito, contrapeso alguno. En la frontera norte, por ejemplo, en donde se ha llegado al extremo de que algunos diarios claudiquen –obsérvese el caso de Nuevo Laredo-, para no incordiar a los violentos dispuestos a cobrarse con las vidas de reporteros y directores de periódicos.

Para algunos defensores a ultranza del estado de cosas, el problema no está del todo en el aparato gubernamental sino en la delincuencia organizada. Sin embargo, ¿acaso no es la administración pública la que debe garantizar el ejercicio de la libre expresión?¿No son los gobernantes, elegidos supuestamente bajo las reglas de la democracia, quienes tienen el deber de preservar libertades y justicia? A menos, claro, que se reconozca la preeminencia de la anarquía sobre las pobres, buenas intenciones de un conjunto de funcionarios torpes, ineficaces e inútiles. ¿Qué les viene mejor?

Debate

Por otra parte, es menester insistir en la ausencia de recursos, legales sobre todo, para que los periodistas puedan preservar su derecho a comunicar noticias y el derecho de todos a estar informados. El hostigamiento oficial hacia los medios incómodos y opositores, por ejemplo, no se tipifica como delito a diferencia de cuanto se señala contra los informadores para cercarlos, incluso cuando divulgan verdades que, bajo la óptica esquemática de juzgadores integrantes del aparato gubernativo, causan “daño moral” a los señalados. Esto es: si se dice que un político, cualquiera, es defraudador, éste puede alegar que se le ocasiona un severo perjuicio en su prestigio público y proceder en consecuencia... ¡aun cuando lo divulgado esté comprobado! La tendencia nos lleva, sin remedio, al silencio cómplice.

La diferencia es evidente y lastima la imagen de una democracia supuestamente en vías de madurez. No se logrará el objetivo mientras se tema al debate y se condicione la información o, peor aún, se mantenga bajo los siete candados de una “transparencia” selectiva, esto es a criterio de cerrados grupúsculos de consejeros con sueldos jugosos, que tiende a preservar los derechos de las fuentes gubernamentales y no los de una población que, en democracia, debería contar con mayores elementos de juicio sobre las grandes decisiones. Los periodistas, casi siempre, estamos permanentemente bajo la lupa de los censores. Ayer y hoy.

Tal es la razón del tremendo rezago que hoy se convierte en denuncia, desde fuera, no sólo sobre los obstáculos permanentes sino también por las terribles consecuencias que conlleva informar sobre las prevaricaciones públicas o la expansión del narcotráfico obviamente coludido con no pocos funcionarios públicos, militares y policías dentro de una maraña de intereses cupulares –con u, no con o, señores correctores-, que dejan a la comunidad nacional en sostenido estado de indefensión.

Pero no es eso lo peor. Lo más grave es la insensibilidad, más bien el desdén de los funcionarios públicos, de aquellos que en corto se solazan cuando tienen noticias de agravios en contra de los periodistas o facilitan cuanto está en sus manos para amedrentarlos o intentarlo, cuando menos. ¿Cuántas veces nos hemos topado con el gesto sarcástico de procuradores diversos y de sus jefes, los ejecutivos, cada que se plantea el amargo tema de las relaciones infectadas entre el poder y la prensa?

Parecen que olvidan una premisa básica: su paso por los cargos públicos es y será siempre perentorio; no así la verdadera vocación periodística que pervive hasta más allá de la muerte, como en la leyenda del Mío Cid.

El Reto

Por un lado, las estadísticas fatales que exhiben la vulnerabilidad de los periodistas en una nación en donde, supuestamente, estamos mejor que antes y que otras regiones. No es así, por lo visto. Sólo nos ganan los cubanos, vistos bajo la óptica tantas veces prejuiciada de los enemigos del castrismo aun cuando sean evidentes allí las tremendas limitaciones de la prensa, cernida toda al culto reverencial al dictador.

Por el otro, los partidos políticos bajo el acecho de sus propios cismas que ya obligan a algunos de sus militantes renombrados a pensar en la “refundación”. Los priístas llevan años deshojando la margarita; los perredistas, quienes no desean seguir en el doble juego de estar a salto de mata y al mismo tiempo jugar a las instituciones, comienzan a planteárselo; y los panistas, aunque no lo han hecho público, también debieran considerarla ante el extravío evidente de la mayor parte de sus banderas históricas.

¿Podrían imaginarse, los amables lectores, en perspectiva así, cómo se darían las cosas sin los escasos contrapesos críticos? Escasos, sí, en un panorama dominado por no sé cuantos mercenarios que se dicen “responsables” cuando descalifican a los críticos. Ya va siendo hora de desnudarlos.

La Anécdota

Cuando Fernando Gutiérrez Barrios, fallecido en 2000, insistió en la necesidad de abrevar en una reforma integral del Estado, moción que luego sería bandera de Luis Donaldo Colosio, señaló hacia Carlos Salinas, su jefe durante cuatro años en los que el veracruzano fue secretario de Gobernación –1988-1992-, acusándole de haber roto las reglas del juego político, no imaginó que, pasados dos sexenios, el poderoso e intocado señor ocuparía la palestra para fijar las normas para la diplomacia mexicana, sobre todo en cuanto a las relaciones con Cuba y los Estados Unidos.

--Es necesario –expresó Don Fernando-, pensar en la refundación del PRI antes de que perdamos el poder.

Tal era su criterio en 1993, esto es meses después de haber dejado el influyente despacho de Bucareli. Hoy, a catorce años de distancia, la refundación parece ser imperativo para todos los cuadros políticos con representación nacional.
Esto es: ya vamos como en la cuarta llamada sin que abran los ojos los atildados miembros de la superioridad política quienes creen que bastan unos sondeos inducidos para consolidar el mandato de Felipe Calderón