LA DERECHA Y LA JERARQUIA CATOLICA
Edgar González Ruiz
Se pretende introducir en la Constitución la llamada libertad religiosa como una forma disfrazada de autorizar la educación confesional, el acceso del clero a los medios electrónicos y su mayor participación política, entre otras prerrogativas
Está en marcha un nuevo ataque contra el Estado laico por parte de la jerarquía católica y de la derecha en el poder.
Se pretende introducir en la Constitución la llamada libertad religiosa como una forma disfrazada de autorizar la educación confesional, el acceso del clero a los medios electrónicos y su mayor participación política, entre otras prerrogativas.
En el sexenio pasado, funcionarios como Fox y Abascal elogiaban en sus discursos el Estado laico, a la vez que en sus actos y decisiones favorecían los intereses clericales. Pese a ello, Fox dejó inconforme a la jerarquía por no haber cumplido el decálogo que le prometió en campaña y que incluía, entre otros aspectos, la política antiaborto, el control de medios y la educación religiosa.
Pero Calderón tiene un mayor compromiso con sus raíces católicas, ademá! s que la jerarquía, aliada histórica del PAN, le brindó un gran apoyo en las elecciones y en el conflicto subsecuente, por lo cual ahora se dispone a cobrar las facturas correspondientes, en el marco de un Gobierno esencialmente autoritario y derechista.
El pasado 17 de noviembre, con motivo de la visita de Calderón a la 82 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el nuevo presidente de ese organismo, Carlos Aguiar Retes, dijo que el panista “tiene un concepto acertado de lo que la libertad religiosa significa”, es decir, un concepto afín al del clero.
Ante los jerarcas católicos, con quienes se reunió a puerta cerrada, el panista Felipe Calderón Hinojosa asumió el compromiso de luchar porque en el Artículo 24 de la Constitución se cambie la frase “libertad de culto y de creencias” por “libertad religiosa”, porque se plasme como derech! o humano, aseguró el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes.
Empero, conscientes, al parecer, de la impopularidad del ataque al laicismo mediante la libertad religiosa, los panistas en el poder rectificaron rápidamente la información anterior, divulgada por varios medios de comunicación y emanada de la jerarquía, de tal suerte que en una carta firmada por el entonces vocero del equipo de transición, Maximiliano Cortazar Lara, y difundida el domingo 19, se dijo que Calderón Hinojosa “no hizo mención alguna a los contenidos del Artículo 24 de la Constitución”, pero enfatiza que el Presidente electo reiteró que su Gobierno mantendrá una “relación respetuosa con todas las instituciones religiosas y refrendó su compromiso por mantener el Estado laico en nuestro país”.
Sin embargo, de la reunión de la CEM trascendió que los obispos de México promoverán con los legisladores de to! dos los partidos en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, una reforma constitucional al Artículo 24 de la Carta Magna, a fin de cambiar el término actual de “libertad de culto” por “libertad religiosa”.
Panistas como Federico Döring, desde hace varios años, han tratado de introducir en la Constitución la noción de “libertad religiosa”, que entendida de una manera favorable a la jerarquía, tiene implicaciones como la implantación de la educación religiosa en las escuelas públicas, la participación abierta del clero en los medios de comunicación, la “asistencia espiritual” en los centros hospitalarios e incluso, lo que es muy grave, la presencia institucional del clero en las filas del Ejército y de las fuerzas de seguridad mediante las vicarías militares, como existen en otros países de América Latina.
Al margen de los implausibles desmentidos del equipo presidencial y del todavía menos cre&i! acute;bl e compromiso del Gobierno panista con el Estado laico, en el ámbito religioso no es ningún secreto que es inminente la escalada de la derecha para impulsar los mencionados proyectos y que desde hace tiempo funcionarios católicos involucrados con los asuntos religiosos, tanto en el nivel federal, como en gobiernos estatales, no simpatizan con el Estado laico, promueven los intereses clericales y prodigan un trato discriminatorio a las minorías religiosas.
En su toma de posesión, en diciembre de 1988, Carlos Salinas anunció reformas en materia religiosa e hizo visible la alianza del Gobierno con la jerarquía que en ese tiempo se prestó, al igual que el PAN, a respaldar al nuevo mandatario, a pesar del fraude electoral que se cometió ese año y que hoy incluso los prianistas reconocen.
Los frutos de ese contubernio fueron el restablecimiento de relaciones con el V! aticano, encabezado entonces por Juan Pablo II y, sobre todo, una serie de reformas constitucionales, de las que fue entusiasta partidario el entonces diputado Felipe Calderón, y que le otorgaron reconocimiento jurídico a las iglesias, legalizaron sus bienes así como la educación religiosa en las escuelas privadas Aunque esas reformas llevaban dedicatoria para el clero católico, e incluso algunos jerarcas se opusieron al reconocimiento de otras iglesias, tuvieron el efecto de evidenciar la pluralidad religiosa existente en el país, donde a la fecha se cuentan más de seis mil asociaciones religiosas, reconocidas como tales por la Secretaría de
Gobernación, tanto de filiación católica como protestantes, evangélicos y otras.
A la vez, el salinismo, que recurrió profusamente a la figura del Papa para apuntalar un Gobierno autoritario y represivo, estimuló a niveles sin prec! edentes desde hacía décadas el activismo pol&iac! ute;tico de la jerarquía y de grupos conservadores, como Provida y otros, que siguen sus directrices.
Pronto llegaron al poder, lo mismo en gobiernos municipales que estatales y en el nivel federal, políticos panistas que eran a la vez militantes o ex dirigentes de esos grupos conservadores.
Durante el Gobierno de Zedillo, la jerarquía dejó de mostrar la abierta simpatía que tuvo hacia Salinas de Gortari e intensificó su activismo para que el Gobierno adoptara posiciones retardatarias en reuniones internacionales como la Cumbre de Población de El Cairo, en 1994, y la de la mujer, en 1995.
Fox, por el contrario, tuvo el perfil de un partidario entusiasta, pero igualmente ignorante, de las reivindicaciones del clero. Educado por la Iglesia y por Coca-Cola, de la que fue director, enunció durante su campaña un decálogo que incluía, con formulaciones engañosas correspondientes a consignas derec! histas, la instauración de una política antiaborto y moralista, de la educación religiosa, el acceso de la Iglesia a los medios de comunicación, etcétera.
Es decir, era una escalada contra el Estado laico, que no reconoce privilegios para ninguna Iglesia, ni alienta su participación política, pero ese proyecto clerical fracasó por su propia impopularidad.
Cabe recordar como ahora sucede con Calderón, Fox tuvo que retractarse casi inmediatamente de su decálogo, pues evidentemente en México sólo algunos sectores fanatizados y la propia jerarquía apoyarían dicho proyecto.
Incapaz de vivir de acuerdo con preceptos religiosos que al parecer ignora, Fox, divorciado y casado en segundas nupcias, sólo por el juarista matrimonio civil con la controvertida Marta Sahagún, colocó en puestos de primer nivel a funcionarios comprometidos con el activismo cat&oac! ute;lico, y que promovieron desde sus cargos los proyectos del! conserv adurismo: Carlos Abascal, Ana Teresa Aranda y Francisco Xavier Salazar Saénz, entre otros.
Ahora Calderón pretende institucionalizar la injerencia del clero en asuntos políticos y en todos los ámbitos de la vida pública con la bandera de la libertad religiosa, que enarbolan igualmente algunas iglesias de otras denominaciones, y apoyaron al panista en su campaña y cuyos dirigentes han mostrado, en algún caso, un gran protagonismo político, y que en todo caso ansían que sus grupos obtengan los mismos beneficios que la Iglesia católica, con la cual a veces comparten posiciones conservadoras en temas referentes a la sexualidad y a la familia.
En el plano latinoamericano, entre las naciones que comparten una tradición cultural con raíces en la Conquista española y la evangelización, la intervención de la jerarquía ha representado un formidable obstáculo para la vigencia de muchas libertades individuales.
Baste observar a Chile, donde esa influencia ha sido muy grande, hasta hace algunos años no estaba permitido el divorcio, instaurado en México desde 1914, simplemente porque no era del agrado de la jerarquía de sus aliados, que en Sudamérica suelen incluir a sectores determinantes de las Fuerzas Armadas, cuyo contubernio con el clero ha sido denunciado muchas veces.
En Perú, la jerarquía tiene innumerables privilegios, incluidos salarios elevados, el nombramiento de profesores de religión pagados por el Estado, y la injerencia en diversas instituciones y dependencias, que ha llevado a sus críticos a hablar de un “totalitarismo católico” en ese país, donde los grupos de la derecha católica actúan de manera mucho más abierta y destructiva que en México.
En Ecuado! r existe un concordato con el Vaticano que otorga una amplia i! nfluenci a a la jerarquía en el sector castrense, mientras en Colombia, la jerarquía ha llegado a ejercer una influencia determinante en muchos ámbitos de la vida institucional.
En Costa Rica, donde el Artículo 75 de la Constitución prescribe el carácter oficial del catolicismo, los esfuerzos por impartir una educación sexual a los adolescentes, incluso a un nivel muy básico, choca con la demoledora oposición política del clero. A fines de la década pasada, la entonces primera dama Lorena Clare trató de impulsar un programa de este tipo, que fue eliminado por una jerarquía que sólo acepta la promoción de la abstinencia sexual.
En fin, lo mismo en Venezuela que en Bolivia, jerarcas católicos y fuerzas derechistas han formado parte de la oposición a los gobiernos de Hugo Chávez y de
Evo Morales, y han lanzado feroces campañas contra la posibilidad d! e que se implante la educación laica en las escuelas públicas, que en muchos países no ha existido, debido al contubernio del clero con el Gobierno.
La penalización del aborto en casi todos los países de América Latina es hoy en día resultado de las presiones de la jerarquía y de algunas iglesias evangélicas, y no una demanda popular de las respectivas sociedades.
En un plano internacional, en España, todavía no pueden liberarse totalmente de los vestigios de la dictadura católica de Franco, especialmente en la educación religiosa.
A la fecha, en América Latina, sólo México, Cuba y Nicaragua conservan un marco jurídico que respeta el Estado laico; Uruguay ha tenido una fuerte tradición laicista pero hoy en día su Constitución otorga, por ejemplo, a la Iglesia católica la propiedad de los templos construidos con dinero del erario.
En los tres casos esas situaciones están en peligro, en Nicaragua, por el acercamiento de sectores del sandinismo con la jerarquía; en Cuba por la amenaza que pende sobre el régimen y el fanatismo religioso de muchos sectores anticastristas; y en México por la continuidad de la derecha en el poder. desde luego, ante el anuncio de reformar la Constitución para homologar la situación de México a la de otros países donde es determinante la injerencia del clero, es previsible que del debate sobre el tema surgirán inesperados apologistas de la medida y, como en la época de Salinas, habrá quien diga “no ver” los problemas que puede ocasionar a México esa reforma, pero son evidentes las consecuencias de que la ausencia de un marco jurídico del Estado laico han tenido y tienen en otras naciones.
posted by H2AGUA at
6:47 p.m.
