EL YUNQUISTA DE LA SEGOB INCUMPLE ACUERDOS
Miembros de la APPO protestan en Bucareli para exigir liberación de presos políticos
Incumple SG acuerdo con maestros de Oaxaca
FABIOLA MARTINEZ
La Secretaría de Gobernación (SG) no ha cumplido a cabalidad la minuta firmada hace dos meses con el magisterio oaxaqueño, con base en la cual, Carlos Abascal Carranza, entonces titular de la dependencia, logró el regreso a las aulas de más de 70 mil trabajadores de la educación en aquella entidad.
Tras la jornada de violencia del pasado viernes 27 de octubre, previo a la llegada al estado de fuerzas federales, la SG prometió la liberación de cuatro presos: Erangelio Mendoza González, ex dirigente del magisterio oaxaqueño; Germán Mendoza, del Frente Popular Revolucionario; Ramiro Aragón, biólogo, y Catalino Torres Pereda, líder del Comité de Defensa Ciudadano (Codeci).
Las cuatro organizaciones anteriores participan activamente en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) por lo que, en ese momento, consideraron la excarcelación como una "moneda de cambio" para desactivar este movimiento, a partir del regreso a clases.
En efecto, el lunes siguiente como resultado de una negociación política salieron tres, pero el cuarto, Catarino Torres, campesino chinanteco de la región del Papaloapan, permanece en el penal federal El Altiplano, antes La Palma.
Ayer, un grupo de integrantes y simpatizantes de la APPO se manifestó en la SG para exigir la liberación de Torres, petición que no encontró interlocutor, toda vez que la mayoría de los funcionarios incluido el titular de la dependencia, Francisco Ramírez Acuña tomaron unos días de descanso.
A Catarino Torres originalmente se le acusó de despojo y robo calificado, robo específico de vehículo, privación ilegal de la libertad y motín. Sobre el primer delito, el juzgado segundo de lo penal del fuero común, con sede en Tuxtepec, le dictó libertad absoluta; del segundo también se le dictó libertad por desvanecimiento de datos para procesar. Ambas resoluciones ocurrieron el 21 de noviembre pasado, fecha prometida por la SG para liberarlo.
En el caso de privación ilegal de la libertad, cuyos ofendidos fueron Edgar Guzmán, delegado de la Sagarpa en el estado, y otros, el juzgado cuarto de distrito, con sede en Oaxaca, fijó fianza de 20 mil pesos, la cual se pagó el 28 de noviembre.
Sin embargo, en el cargo de motín "en perjuicio de la sociedad, el delegado estatal de la PGR en Oaxaca, el Ministerio Público de Tuxtepec, la Agencia Federal de Investigaciones de Tuxtepec y el defensor público federal adscrito al Ministerio Público de Tuxtepec", la juez fijó una fianza, pero al informarle al fiscal, éste se inconformó, con el argumento de que el campesino chinanteco "es dirigente de una organización y un delincuente de alta peligrosidad que representa un riesgo para la sociedad".
Por lo anterior, un centenar de representantes de diversos grupos simpatizantes de la APPO exigieron a Gobernación la liberación de "todos los presos políticos" y, en el caso particular de Catarino Torres, el cumplimiento de la minuta con el magisterio. "El acuerdo, por supuesto, fue político y firmado por Carlos Abascal", dijo Gudencio Torres, quien encabezaba diversas organizaciones, como el Frente Popular Francisco Villa "México Siglo XXI" y el Sindicato Mexicano de Electricistas, entre otros.
Minuta incumplida
Aunque el dirigente de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Enrique Rueda, ha afirmado que en el transcurso de enero llamará a una asamblea estatal (máxima instancia de decisión del gremio en Oaxaca), integrantes del sindicato anuncian que reclamarán a su líder el visto bueno para el regreso a clases sin vigilar el cumplimiento del acuerdo con el gobierno federal.
Además del preso no liberado, tampoco se ha pagado a familiares de caídos en los más de siete meses de conflicto en aquella entidad.
Por supuesto, no se ha cumplido la principal demanda enarbolada por la APPO, incluido el magisterio, respecto a la salida del gobernador Ulises Ruiz.
Tampoco se ha aclarado el monto de los recursos aprobados para iniciar la homologación salarial de los trabajadores de la educación en todo el país, y aspectos secundarios, como la entrega a la sección 22 de un inmueble ubicado en Huatulco.
De igual forma, "no hay certeza respecto a la manera en que se discutirán reformas legislativas, institucionales y administrativas" encaminadas a la transformación profunda de la entidad.
En la última fase de negociación con la SG, en octubre pasado, el magisterio propuso la instalación de seis mesas especiales que evaluarían las medidas de distensión para Oaxaca, mismas que iban desde la liberación de presos y cancelación de órdenes de aprehensión, hasta crear un fideicomiso en favor de las familias de "nuestros muertos y heridos", así como castigo a los culpables de los hechos de represión.
FABIOLA MARTINEZ
La Secretaría de Gobernación (SG) no ha cumplido a cabalidad la minuta firmada hace dos meses con el magisterio oaxaqueño, con base en la cual, Carlos Abascal Carranza, entonces titular de la dependencia, logró el regreso a las aulas de más de 70 mil trabajadores de la educación en aquella entidad.
Tras la jornada de violencia del pasado viernes 27 de octubre, previo a la llegada al estado de fuerzas federales, la SG prometió la liberación de cuatro presos: Erangelio Mendoza González, ex dirigente del magisterio oaxaqueño; Germán Mendoza, del Frente Popular Revolucionario; Ramiro Aragón, biólogo, y Catalino Torres Pereda, líder del Comité de Defensa Ciudadano (Codeci).
Las cuatro organizaciones anteriores participan activamente en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) por lo que, en ese momento, consideraron la excarcelación como una "moneda de cambio" para desactivar este movimiento, a partir del regreso a clases.
En efecto, el lunes siguiente como resultado de una negociación política salieron tres, pero el cuarto, Catarino Torres, campesino chinanteco de la región del Papaloapan, permanece en el penal federal El Altiplano, antes La Palma.
Ayer, un grupo de integrantes y simpatizantes de la APPO se manifestó en la SG para exigir la liberación de Torres, petición que no encontró interlocutor, toda vez que la mayoría de los funcionarios incluido el titular de la dependencia, Francisco Ramírez Acuña tomaron unos días de descanso.
A Catarino Torres originalmente se le acusó de despojo y robo calificado, robo específico de vehículo, privación ilegal de la libertad y motín. Sobre el primer delito, el juzgado segundo de lo penal del fuero común, con sede en Tuxtepec, le dictó libertad absoluta; del segundo también se le dictó libertad por desvanecimiento de datos para procesar. Ambas resoluciones ocurrieron el 21 de noviembre pasado, fecha prometida por la SG para liberarlo.
En el caso de privación ilegal de la libertad, cuyos ofendidos fueron Edgar Guzmán, delegado de la Sagarpa en el estado, y otros, el juzgado cuarto de distrito, con sede en Oaxaca, fijó fianza de 20 mil pesos, la cual se pagó el 28 de noviembre.
Sin embargo, en el cargo de motín "en perjuicio de la sociedad, el delegado estatal de la PGR en Oaxaca, el Ministerio Público de Tuxtepec, la Agencia Federal de Investigaciones de Tuxtepec y el defensor público federal adscrito al Ministerio Público de Tuxtepec", la juez fijó una fianza, pero al informarle al fiscal, éste se inconformó, con el argumento de que el campesino chinanteco "es dirigente de una organización y un delincuente de alta peligrosidad que representa un riesgo para la sociedad".
Por lo anterior, un centenar de representantes de diversos grupos simpatizantes de la APPO exigieron a Gobernación la liberación de "todos los presos políticos" y, en el caso particular de Catarino Torres, el cumplimiento de la minuta con el magisterio. "El acuerdo, por supuesto, fue político y firmado por Carlos Abascal", dijo Gudencio Torres, quien encabezaba diversas organizaciones, como el Frente Popular Francisco Villa "México Siglo XXI" y el Sindicato Mexicano de Electricistas, entre otros.
Minuta incumplida
Aunque el dirigente de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Enrique Rueda, ha afirmado que en el transcurso de enero llamará a una asamblea estatal (máxima instancia de decisión del gremio en Oaxaca), integrantes del sindicato anuncian que reclamarán a su líder el visto bueno para el regreso a clases sin vigilar el cumplimiento del acuerdo con el gobierno federal.
Además del preso no liberado, tampoco se ha pagado a familiares de caídos en los más de siete meses de conflicto en aquella entidad.
Por supuesto, no se ha cumplido la principal demanda enarbolada por la APPO, incluido el magisterio, respecto a la salida del gobernador Ulises Ruiz.
Tampoco se ha aclarado el monto de los recursos aprobados para iniciar la homologación salarial de los trabajadores de la educación en todo el país, y aspectos secundarios, como la entrega a la sección 22 de un inmueble ubicado en Huatulco.
De igual forma, "no hay certeza respecto a la manera en que se discutirán reformas legislativas, institucionales y administrativas" encaminadas a la transformación profunda de la entidad.
En la última fase de negociación con la SG, en octubre pasado, el magisterio propuso la instalación de seis mesas especiales que evaluarían las medidas de distensión para Oaxaca, mismas que iban desde la liberación de presos y cancelación de órdenes de aprehensión, hasta crear un fideicomiso en favor de las familias de "nuestros muertos y heridos", así como castigo a los culpables de los hechos de represión.
posted by H2AGUA at
6:36 p.m.
