ASTILLERO
Astillero
Julio Hernández López
El Plan del Zócalo
Mafias de jurispericia organizada
IFE, más Trife, igual a FelIFE
Cinco puntos: reflexión y organización
Todo hace suponer que el tribunal electoral federal convalidará el fraude que pretende imponer a Felipe Calderón como presidente de la República. Hasta ahora los signos del Poder Judicial apuntan claramente a un contubernio con los estrategas y ejecutores directos del mencionado fraude: de entrada, y de manera discrecional, los magistrados escogieron una muestra de paquetes electorales (9.07 por ciento del total) para que en ellos se demostrara (previa incursión delictivamente manipuladora de empleados del IFE) que las cifras originalmente anunciadas eran ciertas aunque con algunas diferencias que serían meros "errores humanos"; luego, el citado tribunal electoral, también de manera discrecional, nombró para dirigir los recuentos distritales a una plantilla de funcionarios judiciales cuyas características más conocidas son la pertenencia a las mafias internas de la jurispericia organizada y, en muchos casos, una postura política abierta y totalmente contraria al lopezobradorismo; finalmente, los tales magistrados jugarán malabares de tiempos y tecnicismos jurídicos para transmutar el cochinero electoral en corrección aritmética y las evidencias del fraude en sustento legal para declarar presidente electo al beneficiario de todo ese criminal desbarajuste numérico.
La inminente confirmación judicial del fraude electoral colocará a México nuevamente en el conflicto entre lo legal y lo legítimo. Felipe Calderón podría ser declarado legalmente presidente de la República, pero no le acompaña la legitimidad y, frente a ese despropósito, organizan su inconformidad tanto los ciudadanos que se sienten despojados de su triunfo electoral como un flujo ciudadano creciente, que más allá de partidos y candidatos está convencido de la necesidad de luchar contra la imposición electoral, porque ella no es más que la expresión concreta del plan mayor de saqueo a la nación y de abolición de libertades que han diseñado los neofranquistas del yunque azul, la televisión imperial y los empresarios rapaces.
Ante los indicios que apuntan a la convalidación del falso triunfo felipense, López Obrador trazó ayer una ruta masiva de protesta que tocará varias estaciones institucionales altamente sensibles. Si el tribunal electoral decide validar los datos en favor de Felipe Calderón, el movimiento contra el fraude se manifestará en el marco de la ceremonia misma de entrega de constancia de esa mayoría impugnada. A Vicente Fox le tocarán dos tragos aparentemente amargos pero que en realidad son nada ante el tamaño de los agravios cometidos desde Los Pinos y ante los riesgos carcelarios que miembros de las familias presidenciales correrían si el futuro presidente no estuviese sometido a los turbios arreglos panistas: el sexto informe de Vicente Fox bien podría ser omitido sin que nada importante sucediera y, en cuanto al Grito de Independencia, los tórtolos bien podrían ir a Dolores Hidalgo para no pelear con López Obrador por el Zócalo capitalino.
Pero, siendo importantes esas muestras de inconformidad, los compromisos políticos de largo plazo ayer anunciados podrán congregar en su derredor a más mexicanos porque, en el fondo, los cinco puntos del Plan del Zócalo son la base de una confluencia política y social que puede ir más allá de los comicios y sus resultados adulterados (y no sólo en cuanto a la Presidencia; los mapaches magisteriales establecieron un esquema de Poder Legislativo en el que fue fabricada una mayoría panista que, junto al priísmo doblegado con la anuencia de los grupos contrarios a Roberto Madrazo, pretenderán impulsar en las cámaras las reformas jurídicas que abran paso a los nuevos negocios que compensarán las inversiones económicas y los empeños políticos de los empresarios fascistoides y de los políticos institucionales a su servicio. En los estados en que hubo elecciones de gobernador, el yunque azul ganó de forma igualmente tramposa, con candidatos impuestos a base de defraudación electoral, como sucedió en Jalisco, Morelos y Guanajuato).
Los riesgos del virtual golpe electoral y los sombríos pronósticos que es posible hacer a partir de los hechos hasta ahora vividos están generando una intensa reflexión en círculos como los universitarios (y no sólo en la UNAM, aunque será muy importante la definición que frente al fraude electoral tome la comunidad de la máxima casa de estudios). Tal vez por ello el punto más importante de los dados a conocer ayer por López Obrador sea el de la Convención Democrática Nacional, que se realizará el 16 de septiembre. Hasta ahora, el movimiento de oposición a los defraudadores ha dependido de la voluntad personal de Andrés Manuel López Obrador, a partir de la influencia y los intereses de grupos y personajes con visiones inmediatas en cuanto a obtención de cargos legislativos o gubernamentales. La estructura de apoyo de ese movimiento contra la defraudación ha sido un partido largamente infiltrado por el oportunismo y la corrupción (partido que no fue capaz de montar un eficaz mecanismo nacional de vigilancia el día de los comicios y que tampoco pudo desarrollar una adecuada defensa jurídica poselectoral).
De los cinco puntos propuestos, dos son una enunciación fácilmente compartible: combatir la pobreza y la desigualdad, y renovación de las instituciones y respeto a las garantías constitucionales. Pero otros tres son de urgente atención: pelear contra las privatizaciones que hacen frotarse las manos a los inversionistas nacionales y extranjeros, que para eso pagaron la campaña calderonista (en ese camino serán fundamentales los buenos oficios de Santiago Creel y Manlio Fabio Beltrones en el Senado, y de Emilio Gamboa y Héctor Larios en San Lázaro); combatir la corrupción y la impunidad (pues la pareja presidencial pretende pagarse los servicios prestados desde Los Pinos a la causa felipilla con la exigencia de que no sean tocados los familiares ladrones) y la preservación del derecho a la información, garantizando espacios plurales, veracidad y oportunidad.
El Plan del Zócalo puede dar paso a una nueva etapa de organización política y social, más allá de los comicios y sus resultados ponzoñosos, pero hace falta discutir, organizar y actuar. Y, mientras los propagandistas hispanos aprovechan la provocación (¿montada?) en Catedral para incendiar ánimos neocristeros, ¡hasta mañana!
EL ASTILLERO
Julio Hernández López
El Plan del Zócalo
Mafias de jurispericia organizada
IFE, más Trife, igual a FelIFE
Cinco puntos: reflexión y organización
Todo hace suponer que el tribunal electoral federal convalidará el fraude que pretende imponer a Felipe Calderón como presidente de la República. Hasta ahora los signos del Poder Judicial apuntan claramente a un contubernio con los estrategas y ejecutores directos del mencionado fraude: de entrada, y de manera discrecional, los magistrados escogieron una muestra de paquetes electorales (9.07 por ciento del total) para que en ellos se demostrara (previa incursión delictivamente manipuladora de empleados del IFE) que las cifras originalmente anunciadas eran ciertas aunque con algunas diferencias que serían meros "errores humanos"; luego, el citado tribunal electoral, también de manera discrecional, nombró para dirigir los recuentos distritales a una plantilla de funcionarios judiciales cuyas características más conocidas son la pertenencia a las mafias internas de la jurispericia organizada y, en muchos casos, una postura política abierta y totalmente contraria al lopezobradorismo; finalmente, los tales magistrados jugarán malabares de tiempos y tecnicismos jurídicos para transmutar el cochinero electoral en corrección aritmética y las evidencias del fraude en sustento legal para declarar presidente electo al beneficiario de todo ese criminal desbarajuste numérico.
La inminente confirmación judicial del fraude electoral colocará a México nuevamente en el conflicto entre lo legal y lo legítimo. Felipe Calderón podría ser declarado legalmente presidente de la República, pero no le acompaña la legitimidad y, frente a ese despropósito, organizan su inconformidad tanto los ciudadanos que se sienten despojados de su triunfo electoral como un flujo ciudadano creciente, que más allá de partidos y candidatos está convencido de la necesidad de luchar contra la imposición electoral, porque ella no es más que la expresión concreta del plan mayor de saqueo a la nación y de abolición de libertades que han diseñado los neofranquistas del yunque azul, la televisión imperial y los empresarios rapaces.
Ante los indicios que apuntan a la convalidación del falso triunfo felipense, López Obrador trazó ayer una ruta masiva de protesta que tocará varias estaciones institucionales altamente sensibles. Si el tribunal electoral decide validar los datos en favor de Felipe Calderón, el movimiento contra el fraude se manifestará en el marco de la ceremonia misma de entrega de constancia de esa mayoría impugnada. A Vicente Fox le tocarán dos tragos aparentemente amargos pero que en realidad son nada ante el tamaño de los agravios cometidos desde Los Pinos y ante los riesgos carcelarios que miembros de las familias presidenciales correrían si el futuro presidente no estuviese sometido a los turbios arreglos panistas: el sexto informe de Vicente Fox bien podría ser omitido sin que nada importante sucediera y, en cuanto al Grito de Independencia, los tórtolos bien podrían ir a Dolores Hidalgo para no pelear con López Obrador por el Zócalo capitalino.
Pero, siendo importantes esas muestras de inconformidad, los compromisos políticos de largo plazo ayer anunciados podrán congregar en su derredor a más mexicanos porque, en el fondo, los cinco puntos del Plan del Zócalo son la base de una confluencia política y social que puede ir más allá de los comicios y sus resultados adulterados (y no sólo en cuanto a la Presidencia; los mapaches magisteriales establecieron un esquema de Poder Legislativo en el que fue fabricada una mayoría panista que, junto al priísmo doblegado con la anuencia de los grupos contrarios a Roberto Madrazo, pretenderán impulsar en las cámaras las reformas jurídicas que abran paso a los nuevos negocios que compensarán las inversiones económicas y los empeños políticos de los empresarios fascistoides y de los políticos institucionales a su servicio. En los estados en que hubo elecciones de gobernador, el yunque azul ganó de forma igualmente tramposa, con candidatos impuestos a base de defraudación electoral, como sucedió en Jalisco, Morelos y Guanajuato).
Los riesgos del virtual golpe electoral y los sombríos pronósticos que es posible hacer a partir de los hechos hasta ahora vividos están generando una intensa reflexión en círculos como los universitarios (y no sólo en la UNAM, aunque será muy importante la definición que frente al fraude electoral tome la comunidad de la máxima casa de estudios). Tal vez por ello el punto más importante de los dados a conocer ayer por López Obrador sea el de la Convención Democrática Nacional, que se realizará el 16 de septiembre. Hasta ahora, el movimiento de oposición a los defraudadores ha dependido de la voluntad personal de Andrés Manuel López Obrador, a partir de la influencia y los intereses de grupos y personajes con visiones inmediatas en cuanto a obtención de cargos legislativos o gubernamentales. La estructura de apoyo de ese movimiento contra la defraudación ha sido un partido largamente infiltrado por el oportunismo y la corrupción (partido que no fue capaz de montar un eficaz mecanismo nacional de vigilancia el día de los comicios y que tampoco pudo desarrollar una adecuada defensa jurídica poselectoral).
De los cinco puntos propuestos, dos son una enunciación fácilmente compartible: combatir la pobreza y la desigualdad, y renovación de las instituciones y respeto a las garantías constitucionales. Pero otros tres son de urgente atención: pelear contra las privatizaciones que hacen frotarse las manos a los inversionistas nacionales y extranjeros, que para eso pagaron la campaña calderonista (en ese camino serán fundamentales los buenos oficios de Santiago Creel y Manlio Fabio Beltrones en el Senado, y de Emilio Gamboa y Héctor Larios en San Lázaro); combatir la corrupción y la impunidad (pues la pareja presidencial pretende pagarse los servicios prestados desde Los Pinos a la causa felipilla con la exigencia de que no sean tocados los familiares ladrones) y la preservación del derecho a la información, garantizando espacios plurales, veracidad y oportunidad.
El Plan del Zócalo puede dar paso a una nueva etapa de organización política y social, más allá de los comicios y sus resultados ponzoñosos, pero hace falta discutir, organizar y actuar. Y, mientras los propagandistas hispanos aprovechan la provocación (¿montada?) en Catedral para incendiar ánimos neocristeros, ¡hasta mañana!
EL ASTILLERO
posted by H2AGUA at
5:17 p.m.
