La transición, la alternancia y la corrupción
Jorge Franco Jiménez
Oaxaca de Juárez.- En la época de las denuncias propiamente oficiales, dirigidas...
En la época de las denuncias propiamente oficiales, dirigidas bien o mal intencionadas, sobre el manejo de fondos públicos antes y durante de la época de la llamada “transición o alternancia”, según lo consideren los analistas, se desnuda en forma total al sistema político en nuestro país, mostrando las contradicciones en que vive el pueblo de México y que, en la práctica de la corrupción, no establece distinciones motivadas por origen étnico, de género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias o estado civil, que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, es decir, se trata del fiel cumplimiento y observancia del último párrafo del artículo 1° de la Constitución Federal, por parte de los que gobiernan y han gobernado este país, puesto que ahora el tema de la corrupción es el flota en la mente de todos los mexicanos.
La corrupción, según el diccionario, en términos generales referida a la política, es el mal uso público “gubernamental” del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada, a lo cual en la actualidad, se considera que se opone la transparencia, también prevista en la Constitución Federal y ampliamente utilizada, para encubrir la corrupción en forma legal y constitucional. Puedo afirmar que sucede lo mismo que con los derechos humanos, cuyo acatamiento presumimos aun cuando legalmente sean violados por las mismas ONG´S protectoras de esos derechos.
La corrupción se confirma, no distingue en su práctica, es decir, ahí cumplimos ese principio constitucional de igualdad, pues en ella conviven todos los géneros, opiniones, incluyendo las incapacidades, como la que Salinas le imputa a su acusador el ex Presidente de la Madrid, pues como se desprende de lo publicado, el último se llevó un poco menos del famoso fondo secreto de la presidencia que Carlos Salinas de Gortari.
Siguiendo el contenido del significado de la palabra corrupción y la descripción de su práctica en forma general, en el diccionario se refieren a los diversos tipos y sus diferencias, dependiendo del país o la jurisdicción en que ocurren. Se señala en lo siguiente: “Todos los tipos de gobierno son susceptibles a la corrupción política. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el pucherazo, el patrocinio, sobornos, extorsiones, influencias, fraudes, malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo y la impunidad. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el tráfico de drogas, lavado de dinero, y la prostitución, que no se restringe a estos crímenes organizados, y no siempre apoya o protege otros crímenes. El concepto de corrupción difiere dependiendo del país o la jurisdicción. Lo cierto es que algunas prácticas políticas pueden ser legales en un lugar e ilegales en otros. En algunos países, la policía y los fiscales deben mantener la discreción sobre a quien arrestan y acusan, y la línea entre discreción y corrupción puede ser difícil de dibujar. En países con fuertes intereses de grupos políticos, las prácticas de corrupción se dan con más facilidad, la corrupción política es una realidad mundial, su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez política de cada país. Por esta misma razón existen entidades nacionales e internacionales, oficiales y privadas, con la misión de supervisar el nivel de corrupción administrativa internacional. La corrupción, contrario a lo que podría pensarse inicialmente, no es solo responsabilidad del sector oficial, el estado o el gobierno de turno, sino que incluye muy especialmente al sector privado. En muchos países, como en Latinoamérica, el sector privado tiene una gran influencia estatal y por lo tanto el nivel de corrupción presente en dichos países tiene mucho que ver con la manera en la que comporta el sector privado en conjunto con los sistemas políticos.”
En México, se ha señalado que desde la época de los españoles, tuvimos como materia de conocimiento y de buen aprendizaje la corrupción, es decir, que los mexicanos desde esa época, fuimos alumnos destacados en esa materia y que hoy, con la ayuda de la tecnología y lo complejo del manejo financiero de los fondos públicos, hemos mejorado de manera tal que constitucionalmente hemos creado la transparencia como forma de autentificar la corrupción, no de disminuirla o suprimirla. Al igual que el Ministerio Público que lo presumimos como institución de buena fe y lo rodeamos de un ordenamiento legal que tiene ese objetivo, también le hemos dado las herramientas para que actúe en contrario, es decir, al margen de la buena fe; eso mismo sucede con los programas anticorrupción sustentados ahora, en la transparencia constitucional y legal.
Lo anterior, tiene que ver precisamente, con los gobiernos de la “transición o de la alternancia” que han surgido del PAN, iniciándose con el de Vicente Fox y ahora con el de Felipe Calderón. Ambos gobernantes, pregonaron en sus promesas y después en actos de gobiernos, la honestidad y la amplitud para garantizarla del ejercicio del derecho a la información y transparencia para todos los mexicanos, a fin de conocer esencialmente el manejo de los fondos públicos y la distribución de la contratación de la obra pública mediante licitaciones.
Hoy, circula el libro denominado “La corrupción azul” de Daniel Lizárraga, que es aconsejable leerlo para conocer lo que forma parte de su título y que denomina “el despilfarro en las transiciones presidenciales”, libro de reportaje 2008. En esta investigación o reportaje, se destaca precisamente que México es el único país, que tiene un periodo de transición presidencial de más de 4 meses, en el cual se pone a disposición del electo, una cantidad de dinero que en ningún otro país se otorga, para que desarrolle sus actividades preparatorias a la toma del poder, de manera tal que aún cuando no se trata de actividades públicas de gobernantes que aun no ejercen el poder, ya el pueblo de México, sin que exista una partida específica para ese objeto y, por ello, los que están por entregar el poder, recurren a la maniobra administrativa de encubrir como gasto público ese dinero destinado a ser manejado discrecionalmente por el gobernante electo y su equipo. La transparencia no logró doblegar lo secreto del manejo de estos fondos.
En dicha obra, se describe como Ernesto Zedillo dona a Vicente Fox, más de 24 millones de pesos, en un fideicomiso privado, que no permitió saber en qué se gastó ese dinero y que seis años después, Fox pone a disposición de Felipe Calderón, 130 millones de pesos y, además el estado mayor gastó 20 millones adicionales en restaurantes, banquetes, edecanes, estudios de imagen, servicios varios, compras irregulares, entre otros.
Lo interesante de todo ello es que Vicente Fox, el campeón de la transparencia, antes y durante todo su gobierno eludió en toda forma, que el Instituto Federal de Acceso a la Información, llegara a tener la información completa respecto del manejo de los fondos públicos y privados que obtuvo durante la época de los cuatro meses antes de tomar posesión del cargo. Se describe en el libro que: “una parte del dinero para apoyar la campaña de Vicente Fox se trianguló por medio del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia. Para investigar este caso, la Comisión de Fiscalización del IFE emprendió una investigación bancaria, rastreando cuentas, recibos y depósitos. Como coordinador de administración del equipo de transición, Carlos Rojas Magnon fue quien tomó las decisiones respecto al uso del dinero depositado en el fideicomiso de Inbursa. Los foxistas contrataron a 316 personas como parte de su equipo de transición. De este grupo 23 de ellos cobraron sueldos de entre 252 mil y 463 mil pesos en tres meses de trabajo, superando asó el supuesto tope de 78 mil pesos fijado por el exsecretario de Hacienda, José Ángel Gurría”.
Estos hechos ponen en evidencia la contradicción entre corrupción, transparencia y el sentido de la igualdad constitucional con que se practica la primera, dado que con lo hasta hoy publicado, dicho postulado contenido en el artículo 1° de la Constitución, se satisface con amplio sentido de equidad adecuado a la época en que ocurre y que hoy, en el “gobierno de la transición y la alternancia”, parece que se disimula con una mayor intensidad, y que la publicación de “la corrupción azul”, confirma que la honestidad pregonada hasta ahora, no corresponde a una realidad práctica.
Oaxaca de Juárez.- En la época de las denuncias propiamente oficiales, dirigidas...
En la época de las denuncias propiamente oficiales, dirigidas bien o mal intencionadas, sobre el manejo de fondos públicos antes y durante de la época de la llamada “transición o alternancia”, según lo consideren los analistas, se desnuda en forma total al sistema político en nuestro país, mostrando las contradicciones en que vive el pueblo de México y que, en la práctica de la corrupción, no establece distinciones motivadas por origen étnico, de género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias o estado civil, que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, es decir, se trata del fiel cumplimiento y observancia del último párrafo del artículo 1° de la Constitución Federal, por parte de los que gobiernan y han gobernado este país, puesto que ahora el tema de la corrupción es el flota en la mente de todos los mexicanos.
La corrupción, según el diccionario, en términos generales referida a la política, es el mal uso público “gubernamental” del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada, a lo cual en la actualidad, se considera que se opone la transparencia, también prevista en la Constitución Federal y ampliamente utilizada, para encubrir la corrupción en forma legal y constitucional. Puedo afirmar que sucede lo mismo que con los derechos humanos, cuyo acatamiento presumimos aun cuando legalmente sean violados por las mismas ONG´S protectoras de esos derechos.
La corrupción se confirma, no distingue en su práctica, es decir, ahí cumplimos ese principio constitucional de igualdad, pues en ella conviven todos los géneros, opiniones, incluyendo las incapacidades, como la que Salinas le imputa a su acusador el ex Presidente de la Madrid, pues como se desprende de lo publicado, el último se llevó un poco menos del famoso fondo secreto de la presidencia que Carlos Salinas de Gortari.
Siguiendo el contenido del significado de la palabra corrupción y la descripción de su práctica en forma general, en el diccionario se refieren a los diversos tipos y sus diferencias, dependiendo del país o la jurisdicción en que ocurren. Se señala en lo siguiente: “Todos los tipos de gobierno son susceptibles a la corrupción política. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el pucherazo, el patrocinio, sobornos, extorsiones, influencias, fraudes, malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo y la impunidad. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el tráfico de drogas, lavado de dinero, y la prostitución, que no se restringe a estos crímenes organizados, y no siempre apoya o protege otros crímenes. El concepto de corrupción difiere dependiendo del país o la jurisdicción. Lo cierto es que algunas prácticas políticas pueden ser legales en un lugar e ilegales en otros. En algunos países, la policía y los fiscales deben mantener la discreción sobre a quien arrestan y acusan, y la línea entre discreción y corrupción puede ser difícil de dibujar. En países con fuertes intereses de grupos políticos, las prácticas de corrupción se dan con más facilidad, la corrupción política es una realidad mundial, su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez política de cada país. Por esta misma razón existen entidades nacionales e internacionales, oficiales y privadas, con la misión de supervisar el nivel de corrupción administrativa internacional. La corrupción, contrario a lo que podría pensarse inicialmente, no es solo responsabilidad del sector oficial, el estado o el gobierno de turno, sino que incluye muy especialmente al sector privado. En muchos países, como en Latinoamérica, el sector privado tiene una gran influencia estatal y por lo tanto el nivel de corrupción presente en dichos países tiene mucho que ver con la manera en la que comporta el sector privado en conjunto con los sistemas políticos.”
En México, se ha señalado que desde la época de los españoles, tuvimos como materia de conocimiento y de buen aprendizaje la corrupción, es decir, que los mexicanos desde esa época, fuimos alumnos destacados en esa materia y que hoy, con la ayuda de la tecnología y lo complejo del manejo financiero de los fondos públicos, hemos mejorado de manera tal que constitucionalmente hemos creado la transparencia como forma de autentificar la corrupción, no de disminuirla o suprimirla. Al igual que el Ministerio Público que lo presumimos como institución de buena fe y lo rodeamos de un ordenamiento legal que tiene ese objetivo, también le hemos dado las herramientas para que actúe en contrario, es decir, al margen de la buena fe; eso mismo sucede con los programas anticorrupción sustentados ahora, en la transparencia constitucional y legal.
Lo anterior, tiene que ver precisamente, con los gobiernos de la “transición o de la alternancia” que han surgido del PAN, iniciándose con el de Vicente Fox y ahora con el de Felipe Calderón. Ambos gobernantes, pregonaron en sus promesas y después en actos de gobiernos, la honestidad y la amplitud para garantizarla del ejercicio del derecho a la información y transparencia para todos los mexicanos, a fin de conocer esencialmente el manejo de los fondos públicos y la distribución de la contratación de la obra pública mediante licitaciones.
Hoy, circula el libro denominado “La corrupción azul” de Daniel Lizárraga, que es aconsejable leerlo para conocer lo que forma parte de su título y que denomina “el despilfarro en las transiciones presidenciales”, libro de reportaje 2008. En esta investigación o reportaje, se destaca precisamente que México es el único país, que tiene un periodo de transición presidencial de más de 4 meses, en el cual se pone a disposición del electo, una cantidad de dinero que en ningún otro país se otorga, para que desarrolle sus actividades preparatorias a la toma del poder, de manera tal que aún cuando no se trata de actividades públicas de gobernantes que aun no ejercen el poder, ya el pueblo de México, sin que exista una partida específica para ese objeto y, por ello, los que están por entregar el poder, recurren a la maniobra administrativa de encubrir como gasto público ese dinero destinado a ser manejado discrecionalmente por el gobernante electo y su equipo. La transparencia no logró doblegar lo secreto del manejo de estos fondos.
En dicha obra, se describe como Ernesto Zedillo dona a Vicente Fox, más de 24 millones de pesos, en un fideicomiso privado, que no permitió saber en qué se gastó ese dinero y que seis años después, Fox pone a disposición de Felipe Calderón, 130 millones de pesos y, además el estado mayor gastó 20 millones adicionales en restaurantes, banquetes, edecanes, estudios de imagen, servicios varios, compras irregulares, entre otros.
Lo interesante de todo ello es que Vicente Fox, el campeón de la transparencia, antes y durante todo su gobierno eludió en toda forma, que el Instituto Federal de Acceso a la Información, llegara a tener la información completa respecto del manejo de los fondos públicos y privados que obtuvo durante la época de los cuatro meses antes de tomar posesión del cargo. Se describe en el libro que: “una parte del dinero para apoyar la campaña de Vicente Fox se trianguló por medio del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia. Para investigar este caso, la Comisión de Fiscalización del IFE emprendió una investigación bancaria, rastreando cuentas, recibos y depósitos. Como coordinador de administración del equipo de transición, Carlos Rojas Magnon fue quien tomó las decisiones respecto al uso del dinero depositado en el fideicomiso de Inbursa. Los foxistas contrataron a 316 personas como parte de su equipo de transición. De este grupo 23 de ellos cobraron sueldos de entre 252 mil y 463 mil pesos en tres meses de trabajo, superando asó el supuesto tope de 78 mil pesos fijado por el exsecretario de Hacienda, José Ángel Gurría”.
Estos hechos ponen en evidencia la contradicción entre corrupción, transparencia y el sentido de la igualdad constitucional con que se practica la primera, dado que con lo hasta hoy publicado, dicho postulado contenido en el artículo 1° de la Constitución, se satisface con amplio sentido de equidad adecuado a la época en que ocurre y que hoy, en el “gobierno de la transición y la alternancia”, parece que se disimula con una mayor intensidad, y que la publicación de “la corrupción azul”, confirma que la honestidad pregonada hasta ahora, no corresponde a una realidad práctica.
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12:04 a.m.
