Muertos de pena
Julio Hernández López
■ Rebatiña electoral
■ Elogio gringo del narco
El impetuoso crecimiento de la delincuencia se ha convertido en un pastel político y electoral. El primero en buscar tajada del tema ha sido el ocupante de Los Pinos, quien ha fundado su actuar administrativo en una presunta guerra al narcotráfico que ha dejado miles de muertos en este año y ha formalizado la división del país en parcelas controladas por determinados bandos de criminalidad explícita (la implícita, o no confesa, es la “institucional”), que actúan por encima del poder de lo que queda de Estado. Rédito político y electoral se busca, por ejemplo, cuando a todas horas resuena en el país la cantaleta sombría, cavernosa, con que se propicia el miedo colectivo al anunciar en espots oficiales ciertas detenciones o “éxitos” en el “combate a la delincuencia organizada” (propaganda que violenta derechos constitucionales de quienes son señalados públicamente por el gobierno federal como inequívocos responsables de hechos que jurídicamente están sujetos a un proceso que sólo a su final permite a alguna autoridad establecer culpas formales).
El ejemplo federal de ordeña publicitaria de las fallidas tareas de prevención y castigo de la delincuencia es imitado en las entidades federativas por gobernadores que en una gran mayoría se han alineado con alguno de los bandos de máxima criminalidad, a veces con alegre disposición a ser llenados de plata, a veces con genuino temor al plomo. Los rumores populares citan en varios estados presuntas historias en las que los déspotas mandatarios locales habrían sido doblegados por algún cártel que sin problema habría hecho a un lado al amenazado o cooptado equipo de seguridad del gobernador o la gobernadora de que se tratara, para que narcotraficantes de gran peso establecieran reglas y cuotas a los disminuidos encargados de las jefaturas políticas locales que luego habrían sido liberados en condiciones penosas, aunque sin maltrato físico directo.
Uno de los más recientes buscadores de raja política con el tema de la delincuencia desbordada ha sido el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, que ha propuesto al congreso estatal, en el que tiene sobrada mayoría, y por tanto su iniciativa fue aprobada, la instauración de la pena de muerte contra secuestradores que asesinen a sus rehenes. Coahuila y Durango viven situaciones de constante riesgo social debido a que parte de sus regiones, sobre todo La Laguna, se ha convertido en campo de batalla de cárteles que además de pelear cruelmente entre ellos han fijado a los ciudadanos sistemas de recaudación obligatoria, sobre todo entre quienes tienen algún tipo de negocio y conforme al nivel del cual son establecidos los narcoimpuestos, bajo amenaza cumplida de ejecución ejemplar de los desidiosos u omisos (el mismo esquema rige en muchos estados, sobre todo los norteños).
En Coahuila, desde la autorizada voz del propio gobernador Moreira, se ha dicho que panistas destacados estarían metidos en el rejuego que busca controlar el gran negocio del tráfico de drogas (recuérdese que en esa zona hay amistades y compadrazgos felipistas que han tenido un rápido crecimiento político). En ese contexto de acelerada descomposición institucional, y con el agravante de que el lic. Calderón pretende ahora transferir a los estados y municipios algunas responsabilidades de combate a esa delincuencia mayor, el plurifacético gobierno de la familia Moreira (Humberto es el gobernador, Rubén preside el PRI y otro hermano es líder sindical de sección en sección) impulsó la iniciativa de pena de muerte que tanto escozor ha provocado a nivel nacional y no sólo por sus implicaciones éticas y por el evidente riesgo de que el aparato corrupto de justicia tome decisiones terminales a partir de pervertidas consideraciones y procesos, sino porque ese clan priísta norteño estaría arrebatando parte del capital político que el calderonismo pretende utilizar en los comicios venideros, posicionando al mismísimo panismo que desató la espiral de criminalidad como presunto oferente de soluciones de mano dura que ya estaba comenzando a utilizar el desacreditado partido “Verde Ecologista” y ahora tendrá una vertiente tricolor coahuilense que aun cuando no logrará que el congreso federal apruebe las consecuentes reformas constitucionales necesarias para aplicar la mencionada pena de muerte, sí tendrá material discursivo para tratar de alcanzar electoralmente a las masas ávidas de orden al costo que sea.
A tiempo electoralmente oportuno viene en camino la primera remesa de la intervencionista Iniciativa Mérida. Lo que se alcance a hacer con los billetes de Troya podrá lucirse a mitad de año, con las urnas a tiro de voto. No importa que para recibir esos puñados de dólares se deba soportar el injerencismo del embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, que ayer, al firmar con un subsecretario mexicano el acuerdo para el uso de 400 millones de dólares, colocó a las autoridades de ambos países por debajo de la eficacia de los cárteles: “a veces los narcotraficantes han coordinado e integrado sus operativos trasnacionales mejor que las autoridades de nuestros dos países”, dijo el bushista que se ha convertido en declarante frecuente sobre asuntos internos de México. Garza dijo que su gobierno compartirá “las mejores tecnologías de manejo de información y comunicaciones” y participará en la “capacitación en procuración de justicia”. Haya sido planeado o no, lo cierto es que el espectáculo de horror que durante dos años se ha desarrollado en México ha desembocado en la antipatriótica apertura de puertas a las fuerzas estadunidenses, en esta ocasión con el disfraz “benévolo” de la cooperación frente al problema común. Muertos de pena deberíamos estar los mexicanos todos al permitir sin mayor resistencia eficaz esta peligrosa cesión.
Y, mientras la congruencia pregunta si el que Encinas salude sonriente y de mano a Ortega (y programe sesiones de trabajo con él) no es lo mismo que si AMLO lo hiciera con Calderón, ¡hasta mañana, con la Cómer que acosada por acreedores es al mismo tiempo generosamente beneficiada por el gobierno capitalino!
■ Rebatiña electoral
■ Elogio gringo del narco
El impetuoso crecimiento de la delincuencia se ha convertido en un pastel político y electoral. El primero en buscar tajada del tema ha sido el ocupante de Los Pinos, quien ha fundado su actuar administrativo en una presunta guerra al narcotráfico que ha dejado miles de muertos en este año y ha formalizado la división del país en parcelas controladas por determinados bandos de criminalidad explícita (la implícita, o no confesa, es la “institucional”), que actúan por encima del poder de lo que queda de Estado. Rédito político y electoral se busca, por ejemplo, cuando a todas horas resuena en el país la cantaleta sombría, cavernosa, con que se propicia el miedo colectivo al anunciar en espots oficiales ciertas detenciones o “éxitos” en el “combate a la delincuencia organizada” (propaganda que violenta derechos constitucionales de quienes son señalados públicamente por el gobierno federal como inequívocos responsables de hechos que jurídicamente están sujetos a un proceso que sólo a su final permite a alguna autoridad establecer culpas formales).
El ejemplo federal de ordeña publicitaria de las fallidas tareas de prevención y castigo de la delincuencia es imitado en las entidades federativas por gobernadores que en una gran mayoría se han alineado con alguno de los bandos de máxima criminalidad, a veces con alegre disposición a ser llenados de plata, a veces con genuino temor al plomo. Los rumores populares citan en varios estados presuntas historias en las que los déspotas mandatarios locales habrían sido doblegados por algún cártel que sin problema habría hecho a un lado al amenazado o cooptado equipo de seguridad del gobernador o la gobernadora de que se tratara, para que narcotraficantes de gran peso establecieran reglas y cuotas a los disminuidos encargados de las jefaturas políticas locales que luego habrían sido liberados en condiciones penosas, aunque sin maltrato físico directo.
Uno de los más recientes buscadores de raja política con el tema de la delincuencia desbordada ha sido el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, que ha propuesto al congreso estatal, en el que tiene sobrada mayoría, y por tanto su iniciativa fue aprobada, la instauración de la pena de muerte contra secuestradores que asesinen a sus rehenes. Coahuila y Durango viven situaciones de constante riesgo social debido a que parte de sus regiones, sobre todo La Laguna, se ha convertido en campo de batalla de cárteles que además de pelear cruelmente entre ellos han fijado a los ciudadanos sistemas de recaudación obligatoria, sobre todo entre quienes tienen algún tipo de negocio y conforme al nivel del cual son establecidos los narcoimpuestos, bajo amenaza cumplida de ejecución ejemplar de los desidiosos u omisos (el mismo esquema rige en muchos estados, sobre todo los norteños).
En Coahuila, desde la autorizada voz del propio gobernador Moreira, se ha dicho que panistas destacados estarían metidos en el rejuego que busca controlar el gran negocio del tráfico de drogas (recuérdese que en esa zona hay amistades y compadrazgos felipistas que han tenido un rápido crecimiento político). En ese contexto de acelerada descomposición institucional, y con el agravante de que el lic. Calderón pretende ahora transferir a los estados y municipios algunas responsabilidades de combate a esa delincuencia mayor, el plurifacético gobierno de la familia Moreira (Humberto es el gobernador, Rubén preside el PRI y otro hermano es líder sindical de sección en sección) impulsó la iniciativa de pena de muerte que tanto escozor ha provocado a nivel nacional y no sólo por sus implicaciones éticas y por el evidente riesgo de que el aparato corrupto de justicia tome decisiones terminales a partir de pervertidas consideraciones y procesos, sino porque ese clan priísta norteño estaría arrebatando parte del capital político que el calderonismo pretende utilizar en los comicios venideros, posicionando al mismísimo panismo que desató la espiral de criminalidad como presunto oferente de soluciones de mano dura que ya estaba comenzando a utilizar el desacreditado partido “Verde Ecologista” y ahora tendrá una vertiente tricolor coahuilense que aun cuando no logrará que el congreso federal apruebe las consecuentes reformas constitucionales necesarias para aplicar la mencionada pena de muerte, sí tendrá material discursivo para tratar de alcanzar electoralmente a las masas ávidas de orden al costo que sea.
A tiempo electoralmente oportuno viene en camino la primera remesa de la intervencionista Iniciativa Mérida. Lo que se alcance a hacer con los billetes de Troya podrá lucirse a mitad de año, con las urnas a tiro de voto. No importa que para recibir esos puñados de dólares se deba soportar el injerencismo del embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, que ayer, al firmar con un subsecretario mexicano el acuerdo para el uso de 400 millones de dólares, colocó a las autoridades de ambos países por debajo de la eficacia de los cárteles: “a veces los narcotraficantes han coordinado e integrado sus operativos trasnacionales mejor que las autoridades de nuestros dos países”, dijo el bushista que se ha convertido en declarante frecuente sobre asuntos internos de México. Garza dijo que su gobierno compartirá “las mejores tecnologías de manejo de información y comunicaciones” y participará en la “capacitación en procuración de justicia”. Haya sido planeado o no, lo cierto es que el espectáculo de horror que durante dos años se ha desarrollado en México ha desembocado en la antipatriótica apertura de puertas a las fuerzas estadunidenses, en esta ocasión con el disfraz “benévolo” de la cooperación frente al problema común. Muertos de pena deberíamos estar los mexicanos todos al permitir sin mayor resistencia eficaz esta peligrosa cesión.
Y, mientras la congruencia pregunta si el que Encinas salude sonriente y de mano a Ortega (y programe sesiones de trabajo con él) no es lo mismo que si AMLO lo hiciera con Calderón, ¡hasta mañana, con la Cómer que acosada por acreedores es al mismo tiempo generosamente beneficiada por el gobierno capitalino!
posted by H2AGUA at
10:22 p.m.
